
05 de febrero de 2026 – 09:08
El camarista Jorge Barboza advirtió sobre la posible crisis en el sistema judicial ante la reforma de la caja fiscal
En una convocatoria extraordinaria, la Cámara de Diputados se reunirá para analizar el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público. El debate está marcado por la controversia generada en torno a las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo, que busca incrementar los aportes y ajustar las edades mínimas para la jubilación en sectores sensibles, como los docentes y las fuerzas de seguridad. Esta iniciativa se inscribe en un contexto de déficit fiscal, estimado en alrededor de 400 millones de dólares.
Las críticas han surgido desde diversas agrupaciones, incluyendo el gremio de docentes y las asociaciones de seguridad, pero la alerta más contundente proviene de los operadores judiciales. La reforma podría provocar la jubilación abrupta de aproximadamente un 40 por ciento de los magistrados del país, lo que tendría consecuencias significativas en el funcionamiento del sistema judicial.
Colapso del sistema judicial en riesgo
El camarista Jorge Barboza destacó que una aprobación de la reforma llevaría a un cambio inmediato en las condiciones de jubilación, resultando en la cesión de 200 magistrados que ya tienen su resolución de jubilación y en la posible salida de otros 400 que están en proceso de retiro. Este fenómeno puede causar una presión insostenible sobre los magistrados que permanezcan activos, advirtiendo que esto podría llevar al sistema judicial a una crisis inminente que afectaría a la ciudadanía.
Ante esta situación, asociaciones de operadores judiciales han convocado a una manifestación en Asunción, donde se dará inicio a la sesión extraordinaria del Congreso. La protesta busca visibilizar la gravedad del contexto y demandar un espacio de diálogo más adecuado sobre el tema.
El camarista Barboza se pronunció en favor de encontrar un consenso entre las partes involucradas, manifestando que el tiempo asignado para discutir una reforma de tal magnitud es insuficiente. “No buscamos obstruir el proceso legislativo, sino que realmente queremos ser escuchados y colaborar para abordar este problema de manera conjunta”, enfatizó.
La situación es preocupante y refleja la complejidad de la reforma que se propone, así como la imperiosa necesidad de encontrar soluciones que no comprometan la institucionalidad del país y garanticen la continuidad de un sistema judicial eficiente y accesible para todos.
