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El abogado Óscar Tuma informó que fue contactado por Hugo Romero, esposo de Luz Candado, quien trabajó en Mburuvicha Róga, para buscar una indemnización tras su despido. La Presidencia negó la solicitud, explicando que Candado ocupaba un cargo de confianza, lo cual no genera derecho a indemnización, según la Ley N° 7445 de la Función Pública. Tuma comentó que intentó mediar antes de recurrir a la justicia y discutió posibles resarcimientos con César Ibarrola, director de Finanzas de la Presidencia.

A pesar de las sospechas de un presunto hurto de dinero en la residencia presidencial, Ibarrola dijo que no se presentaría ninguna acción penal contra Candado. Tuma mencionó que el presidente y su familia, habiendo perdido la confianza en Candado, decidieron terminar la relación laboral sin presentar denuncias.

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Un equipo interinstitucional llevó a cabo dos allanamientos en Ciudad del Este, como parte de una investigación sobre presunta trata de personas y explotación infantil de menores indígenas. Uno de estos operativos se realizó con un retraso de tres meses, impidiendo localizar a las personas mencionadas en la denuncia original, según Graciela Sánchez, directora de Codeni.

El primer allanamiento, liderado por los fiscales Vivian Coronel y Luis Escobar, se realizó en una propiedad en la calle Heriberta Matiauda del barrio Boquerón II. Allí se encontró a un niño de siete años en condiciones de vulnerabilidad, sin un adulto responsable y en un entorno precario. Durante la intervención, detuvieron a un brasileño, Lucas Daniel Antúnes da Silva, buscado por presunto hurto agravado.

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Según los investigadores, Antúnes da Silva es hijo del dueño del inquilinato y estaba cobrando 10.000 guaraníes por noche a familias indígenas que se alojaban allí.

La comitiva luego se dirigió a un lugar llamado Tesãi’i Róga, en el barrio Santa Ana, donde no se encontraron menores en riesgo ni pruebas de delitos. El fiscal Vivian Coronel explicó que la investigación sugiere que menores de edad eran llevados desde estos lugares para su explotación, tanto sexual como laboral, en Ciudad del Este.

A pesar de las investigaciones realizadas, ha sido un reto determinar cuándo se trasladan los niños. «Tenemos personal capacitado, pero siempre es insuficiente para cubrir todos los reportes en la región», señaló.

Graciela Sánchez comentó que las denuncias sobre niños en situación de vulnerabilidad fueron presentadas con anticipación, pero la intervención sufrió una demora de dos a tres meses, lo que permitió que las personas denunciadas se fueran del lugar.

“Los niños eran explotados laboral o sexualmente, pero las personas identificadas ya no están presentes. No se puede culpar a la fiscal del retraso, ya que tiene una carga de trabajo muy pesada”, añadió.

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El juicio contra el agente policial Ramón Agustín Domínguez Méndez, apodado «Richi,» acusado de violencia familiar hacia su pareja, ha avanzado a su etapa final. Este proceso está bajo la supervisión del Tribunal de Sentencias, presidido por Olga Ruíz, con Mario García y Víctor Alfieri como miembros.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscala Fátima Villasboa de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, presentó sus alegatos finales, solicitando una condena de 7 años de prisión para Domínguez. Además, se solicitó al tribunal que se remitan los antecedentes de dos testigos, Liliana Carolina Agüero y Luz Aurora Saldivar, por posible falso testimonio.

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El miércoles, a partir de las 13:00, continuará el debate con la intervención de Antonella Saint Paul, defensora pública, quien presentará sus alegatos, seguidos por los de la defensa.

La fiscala Villasboa relató que el 1 de octubre, Domínguez, bajo los efectos del alcohol, agredió a su pareja física y psicológicamente tras negarse ella a mantener relaciones sexuales. La situación se agravó cuando Domínguez golpeó a la víctima y la manoseó. La mujer, tras el incidente, se refugió en el baño y luego acudió a un hospital debido a problemas de salud provocados por la situación.

El 11 de octubre, tras la denuncia, el Juzgado de Paz de Zeballos Cué ordenó medidas de seguridad para la víctima, lo que provocó amenazas de Domínguez hacia la familia de su pareja. Posteriormente, el padre de la víctima también presentó una denuncia debido a estas amenazas.

El 17 de octubre, la situación se complicó cuando Domínguez utilizó a terceros para desalojar el límite entre su propiedad y la de los padres de la víctima. Además, el subcomisario Adolfo Javier Insfrán acudió injustificadamente al domicilio de la víctima en un vehículo oficial.

Finalmente, la fiscala Villasboa argumentó que los testigos Liliana Carolina Agüero y Luz Aurora Saldívar no fueron veraces en sus declaraciones, ya que estaban al tanto de la violencia sufrida por la víctima y asesoraron sobre su relación con el acusado.

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