Propuesta de diálogo entre Gobierno y Generalitat para conciliar ley ante el Tribunal Constitucional.
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La Consejería de Política Territorial y Memoria Democrática envía propuesta a la Generalitat Valenciana para iniciar negociación de la Ley de Concordia. La norma, rechazada por el Gobierno por invadir competencias del Estado, data de 1931 y busca reconocer a todas las víctimas de violencia. En Castilla y León, el presidente entierra la ley mientras que en Aragón ya fue suspendida por el Tribunal Constitucional. El Gobierno considera que el nuevo texto reduce los derechos de las víctimas y no respeta el consenso internacional. Los servicios jurídicos entienden que la ley está fuera de la Constitución al enfrentarse a aspectos importantes de los derechos humanos internacionales.
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