La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha decidido aprobar con cambios el proyecto de ley conocido como «anti Hernán Rivas». Esta iniciativa busca impedir que las cámaras del Congreso sigan seleccionando representantes para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sin la debida formación jurídica o académica, y también propone modificar la duración del mandato.
El proyecto modifica el artículo 3 de la Ley 6814/2021, que regula el proceso de enjuiciamiento y remoción de magistrados, fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, y deroga la Ley 3759/2009. Establece requisitos para los candidatos al JEM, como haber ejercido la profesión o la docencia jurídica, o desempeñado funciones judiciales o en el Ministerio Público, durante al menos diez años.
Esta propuesta surge tras casos como los del senador cartista Hernán Rivas y el exdiputado Orlando Arévalo, cuyos títulos de abogados fueron puestos en duda e investigados por la Fiscalía.
El incidente del título falso de Hernán Rivas no genera tanta controversia como la propuesta de acortar el mandato. Inicialmente, los diputados Rocío Vallejo, Roberto González, Édgar Olmedo y Jorge Ávalos Mariño propusieron reducir el mandato de tres a un año. Sin embargo, se acordó acortarlo a dos años y medio, sin reelección.
Esto se debe a que algunos legisladores han utilizado el cargo como herramienta de presión, como el exsenador cartista Óscar González Daher y Arévalo.