Nacionales
Primer beneficiado con tobillera electrónica ya durmió en su casa

Tras las demoras para la implementación de la tobillera electrónica a las personas procesadas y beneficiadas con arresto domiciliario, finalmente se procedió a colocar el artefacto que promete reducir la presencia de reos en las cárceles, porque los procesados podrán estar en su casa mientras sigue el proceso. Una vez que sean condenados deberán ir a cumplir las condenas en la prisión.
La colocación se hizo tras la orden del Juzgado de feria de Luque que hizo lugar al pedido de revisión de medida cautelar en un caso investigado como violencia familiar y habiendo confirmado la factibilidad técnica sin inconvenientes para el uso. El encausado se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Emboscada Antigua, y a partir de ahora guardará arresto domiciliario en la ciudad de Asunción.
Como requisito para la solicitud, los interesados deberán manifestar al juzgado el lugar donde se dará cumplimiento a la medida alternativa y deberán peticionar la constitución del equipo operativo, para realizar la factibilidad técnica que acredite que en el lugar es posible su uso.
Posteriormente se presentará este resultado del estudio al Juzgado interviniente y quedará a criterio del Magistrado su aplicación.
Por otro lado, la ley permite también que el juez pueda analizar el otorgamiento del uso de dispositivos para condenados que se encuentren cumpliendo la última fase de sus condenas y cuenten con permisos de salida.
La oficina de monitoreo se encuentra en la dirección del 911, donde se alistan 50 efectivos policiales que estarán operativos para el monitoreo las 24 horas los 7 días de la semana. En los últimos días se encuentran culminando la capacitación pertinente.
Durmió en su casa
Gracias a la colocación de la primera tobillera a un procesado, la persona beneficiada ya durmió en su casa. “El procesado Alberto Segovia ya durmió en el domicilio fijado con su tobillera electrónica”, comentó la abogada Mirna Morínigo, directora de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, en conversación con la 1020 am.
Fuente: La Nación



El grupo de jóvenes conocidos como “Gen Z Paraguay” ha organizado una marcha pacífica frente al Congreso hoy a las 16:00. A pesar de la presión policial y la campaña de desinformación del cartismo, protestan contra el escándalo de las coimas en Mburuvicha Roga, conocido como “Sobres del Poder”, exigiendo transparencia y juicios políticos si queda impune. También se oponen a la corrupción, el abuso de poder y el abandono institucional, mientras abogan por mejorar la educación, la salud y una distribución más justa del crecimiento económico. Los organizadores enfatizan su independencia de partidos y ONGs, asegurando que no caerán en actos violentos y contarán con apoyo de grupos como la Asociación de Scouts del Paraguay y defensores de Derechos Humanos. Se busca una institución anticorrupción independiente y una reforma constitucional. Alexia Doldán, vocera del grupo, critica la desinformación por parte de figuras pro-gobierno. Por su lado, el senador cartista Natalicio Chase reconoce el derecho a protestar, advirtiendo sobre intereses políticos detrás de la marcha. La Policía asegura estar ahí para la seguridad, con más de 3.000 agentes movilizados.

Nacionales
Petropar afirma «confidencialidad bancaria» para no revelar morosidad de operadores, algunos políticos
El jueves pasado, el presidente de Petropar, Eddie Jara, presentó su presupuesto 2026 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto del Congreso. En la reunión se plantearon críticas sobre la transparencia de la estatal, especialmente por la gran deuda de los operadores de estaciones de servicio, muchos de ellos con conexiones políticas.
Según el balance de la empresa, la deuda de los operadores asciende a 33 millones de dólares hasta diciembre de 2024. Sin embargo, cuando los legisladores pidieron un informe detallado de los deudores, Petropar solo proporcionó información general.
El diputado Raúl Ramírez criticó esta falta de claridad, preguntando quiénes son los deudores, si todavía están operando normalmente y recibiendo combustible.
Jara respondió invocando un supuesto “secreto bancario” en los contratos, mencionando que divulgar información podría llevar a demandas a menos que sea por requerimiento judicial.
Jara también afirmó que las deudas están respaldadas por garantías reales, como hipotecas y avales. En caso de morosidad permanente, se activan estas garantías o se transfiere la estación a otro operador. Dijo que el 90% de las líneas de crédito están cubiertas por estas garantías.
Mencionó también el caso de Fusión Pilar SA, ligada al vicepresidente Pedro Alliana, que tenía un crédito mensual con un simple pagaré como garantía. No se sabe si la estación de Alliana fue exigida como garantía.
La diputada Rocío Vallejo criticó el modelo de negocio que permite a las estaciones financiarse con Petropar sin pagar puntualmente, además del fuerte gasto en publicidad de la empresa.
Jara afirmó que la morosidad es solo del 5% del total vendido y defendió la estrategia de marketing como necesaria para el posicionamiento de marca, comparándose con emblemas internacionales que invierten mucho más.
Vallejo insistió en la falta de transparencia, argumentando que la estatal debería ser más estricta con los deudores al tratarse de recursos públicos.
Jara aclaró que no todas las ventas son al contado ya que la alta competencia obliga a vender a crédito, y defendió las políticas de precios de Petropar que han incrementado su participación en el mercado.
El debate dejó claro que Petropar utiliza cláusulas contractuales para no revelar la lista de morosos, muchos de los cuales son políticos, lo que sugiere una falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.

Sure, here’s a rephrased version:
– ¿Qué opinas de las sesiones plenarias presenciales de la Corte Interamericana en Paraguay, siendo la tercera en dos décadas?
- Gracias por la entrevista. La experiencia fue muy positiva. La sesión fue intensa y productiva, con una agenda cargada. Realizamos tres audiencias públicas y una privada, además de visitas protocolares con diversas autoridades. La Presidenta, doctora Nancy Hernández, firmó convenios de cooperación y visitó varias instituciones. Los jueces tuvieron diálogos con autoridades locales y se estableció un valioso espacio de diálogo con la sociedad civil. También organizamos un seminario académico en la Universidad Nacional de Asunción para divulgar el trabajo de la Corte IDH. Visitamos el Museo de la Memoria con el Dr. José Agustín Fernández y su equipo, lo que fue significativo. Aunque no participé, se realizaron audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias contra el Estado paraguayo, fundamentales para medir los avances necesarios para el pleno cumplimiento de las sentencias. Agradezco a todos en este maravilloso país por hacer sentir bien a nuestros invitados internacionales.
– ¿Puede explicar por qué la Corte IDH no actúa como una cuarta instancia?
- Claro, es una pregunta crucial. A menudo se malinterpreta el rol del sistema internacional de derechos humanos. La Corte Interamericana no es un tribunal de apelación para decisiones de tribunales nacionales. Su función es determinar si un Estado ha violado artículos de la Convención Americana u otros tratados del Sistema. Generalmente, las violaciones se relacionan con los artículos 8 y 25, sobre las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte IDH puede señalar si hubo fallos en respetar el debido proceso o el acceso a un recurso efectivo, pero el sistema es subsidiario, complementario y coadyuvante. Esto significa que se deben agotar primero las instancias internas. Si un caso pasa a la Corte IDH, evalúa la responsabilidad del Estado y puede ordenar reparaciones para las víctimas de violaciones. La Corte no se encarga de resolver desacuerdos sobre la valoración de prueba o aplicación del derecho interno, a menos que afecten obligaciones internacionales en derechos humanos.
– ¿Cuándo se puede acudir a la Corte IDH?
- Como mencioné, primero se deben agotar las instancias internas. Si estos mecanismos fallan, se puede recurrir a la Comisión Interamericana. Si no se encuentra solución allí, la Comisión puede remitir el caso a la Corte IDH. Es un proceso que lleva tiempo y ha recibido críticas. Debemos abordarlo colectivamente, involucrando órganos políticos de la OEA, y todas las partes interesadas como Estados, academia, sociedad civil, víctimas, etc. Lo ideal sería seguir mejorando el Sistema en lugar de solo criticarlo.
– ¿Qué piensa sobre la situación de la democracia en Latinoamérica?
- Me preocupa el retroceso democrático global y regional. En varios países es evidente. Los índices internacionales muestran claramente esta tendencia. La democracia representativa tradicional está en crisis. Proyectos autoritarios intentan reemplazar este modelo, lo que es inaceptable para mí. Hay un paralelismo con la deslegitimación de democracias en Europa a principios del siglo XX. La lucha ocurre en la política y en el ámbito de las ideas, y podría llevar a una catástrofe como la pasada. La Corte IDH tiene un gran desafío, dependiendo de la cooperación de los Estados y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En contextos autoritarios, la Corte podría enfrentar tensiones con democracias y estados que desacaten sus decisiones. A pesar de esto, debe actuar como barrera para evitar retrocesos. Un tribunal internacional puede apoyar los valores de una democracia abierta y respetuosa de derechos, pero necesita el apoyo de una ciudadanía comprometida.
– ¿Cómo ve la situación actual de los derechos humanos en la región?
- El Sistema Interamericano siempre ha enfrentado problemas. Antes fueron las dictaduras militares; hoy es la violencia y discriminación contra mujeres y otros grupos, desigualdad social, pobreza, corrupción y su impacto en derechos. También enfrentamos desafíos como la emergencia climática, el auge del neotoditarianismo y cómo las nuevas tecnologías afectan los derechos. La Corte IDH debe proteger la dignidad humana frente a estos desafíos.
– ¿Cuál es el papel de la prensa en las sociedades latinoamericanas?
- La prensa es fundamental en una democracia. La Corte IDH la llama "piedra angular" de una sociedad democrática. Sin prensa libre no hay democracia. La Corte defiende la libertad de expresión y prensa, contribuyendo al control y transparencia estatal, y permite una participación ciudadana más activa. La libertad de prensa se debe proteger porque es esencial para las libertades públicas. Modelos neoautoritarianos tienden a atacar la libertad de prensa y judicial, pilares de nuestras democracias.
– ¿Qué opina sobre las amenazas a periodistas?
- Es preocupante y nos lo tomamos en serio en la Corte IDH. Hemos desarrollado jurisprudencia para proteger a los periodistas, vinculada a la libertad de expresión en el artículo 13 de la Convención. Intentamos garantizar seguridad para que desempeñen su rol informativo y proteger sus derechos de vida e integridad. Los Estados deben ofrecer especial protección a periodistas en riesgo. Las reglas del juego democrático implican que los políticos acepten el escrutinio público, indispensable para sociedades más justas que respeten la dignidad humana.
Perfil del Dr. Diego Moreno
Diego Moreno Rodríguez Alcalá es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Master en Derecho por la Universidad Columbia de Nueva York. Es abogado, graduado con honores de la Universidad Católica de Asunción. Cuenta con más de 20 años de experiencia en academia, función pública internacional y práctica profesional.
Ha sido profesor en diversas universidades e institutos y ha publicado extensamente en materia de justicia constitucional y derechos humanos. Con experiencia en el Sistema Interamericano, trabajó más de seis años en el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Fue electo Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2024 para el período 2025-2030. También fue Oficial Jurídico en la OEA, asesorando en temas de derecho internacional y derechos humanos, participando en procesos de elaboración de convenciones contra el racismo y otras formas de discriminación e intolerancia.
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