Nacionales
Prieto insiste en que es víctima de una “persecución política” tras el allanamiento realizado por la Fiscalía este viernes
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), grabó un video desde el Hospital Regional, acompañado de diputados de su movimiento y del asesor de la Municipalidad, para insistir en que su administración es blanco de persecución política por parte del oficialismo. “El pabellón está aquí, dejen de pasar vergüenza”, manifestó Prieto en respuesta al allanamiento de la Fiscalía.
La obra que es objeto de investigación había sido concretada a través del Consejo Local de Salud (CLS), con recursos provenientes de la recuperación de las dársenas de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este desde 2019.
“Hoy amaneció la Fiscalía en Ciudad del Este buscando documentos sobre el pabellón de contingencia. Y aquí está el pabellón. Hubiesen dado dos pasos más y habrían encontrado el pabellón construido y funcionando. No es un pabellón fantasma, porque dentro de seis meses estoy seguro de que aparecerá algún fiscal diciendo que el pabellón no existe. Y aquí está el pabellón. Dejen de pasar vergüenza”, expresó Prieto.
Por su parte, el diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo) aseguró que, durante el momento más crítico de la pandemia, cuando no había respuesta del Ministerio de Salud, la Municipalidad construyó en 20 días un pabellón que permitió salvar muchas vidas.
A su vez, el diputado Walter García (YoCreo), quien durante la pandemia fue presidente del Consejo Local de Salud, aseguró que, mediante la recuperación de la Terminal de Ómnibus de la empresa Itá Paraná, que anteriormente se quedaba con el 80% de la recaudación, se logró financiar la obra.
“No vamos a permitir que un Gobierno que utiliza a la Fiscalía como instrumento, como garrote, venga aquí a querer intimidarnos, amedrentarnos o humillarnos. Nos vamos a poner de pie y vamos a demostrar con los documentos que ya tiene la Fiscalía”, añadió el diputado García.
Fiscal allanó el hospital
El fiscal Manuel Rojas Rodríguez allanó esta mañana el Hospital Regional de Ciudad del Este en el marco de la investigación de una supuesta sobrefacturación de la Municipalidad en la construcción del pabellón de contingencia, denunciada por el entonces concejal Celso “Kelembu”. El representante del Ministerio Público se retiró sin encontrar los documentos, pues el Consejo Local de Salud funciona en la Municipalidad.
El contrato por G. 1.200 millones fue adjudicado a favor de las empresas KC Constructora (representada por Carlitos Alfonso Kleinschschmitt), Rotesma SA (de Cristhian Chang) y Servmaq (representada por Fredy Guzmán Martínez Báez).
Fuente: ABC Color
Nacionales
Sinadi muestra inquietud por el retraso en pagos a proveedores del programa “Hambre Cero”
El 14 de noviembre de 2025, ante las quejas de proveedores y funcionarios sobre los pagos atrasados del Programa «Hambre Cero», el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) anunció que enviará una carta al Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, demandando la regularización de los pagos antes de fin de año.
El 4 de noviembre, la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEP) ya había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que se cumplieran los compromisos con las empresas, indicando que la sostenibilidad del programa estaba en peligro. Miguel Cardona, de Comepar S.A., presentó una lista de las deudas pendientes del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hasta el 27 de octubre, aunque registros oficiales muestran pagos a Comepar el 28 y 30 de octubre por más de G. 16.030 millones.
Además, hay inquietud entre los trabajadores de las cocinas escolares en el interior, quienes han expresado su preocupación, según Miguel Marecos de Sinadi. A pesar de las deudas, los encargados del programa aseguran que se harán los pagos antes de fin de año.
Existen dos modalidades de distribución de alimentos del programa: una centralizada a través del MDS y otra manejada por las gobernaciones que reciben fondos del MEF. Marecos comentó que si los pagos no se regularizan, el sindicato se reunirá para considerar otras acciones. La deuda actual es de G. 475 mil millones, y esto afecta especialmente a pequeñas empresas del interior que no cuentan con un fuerte respaldo financiero.
Comepar S.A., liderada por Cardona, es uno de los principales contratistas y ha solicitado la liquidación de una deuda de G. 298.441 millones hasta el 27 de octubre, aunque había recibido pagos los días 28 y 30 de octubre. A diferencia de otras empresas, Comepar ha recibido pagos de manera continua desde octubre de 2024, mientras que para otros proveedores los pagos han sido inconsistentes.
El 14 de noviembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comentó sobre el incremento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados el 11 de noviembre. La Cámara Baja dio su aprobación inicial al proyecto del PGN 2026, incluyendo las sugerencias de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y otras modificaciones propuestas durante la plenaria.
El proyecto original del Ejecutivo, presentado el 25 de agosto por el MEF, ascendía a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un 12% más que el presupuesto 2025. Sin embargo, la Comisión Bicameral elevó la cifra a G. 149,3 billones (US$ 18.952 millones), lo que representa un aumento adicional de G. 186.431 millones (US$ 23,6 millones) respecto a la propuesta original.
Estas modificaciones fueron aprobadas en una sesión extraordinaria el 11 de noviembre, y se debatieron otras reasignaciones propuestas por varios legisladores, lo que podría ampliar la diferencia respecto al plan original del Ejecutivo.
El MEF presentó su informe de “Situación Financiera” para octubre, a cargo de Nathalia Rodríguez y Rolando Sapriza. Durante una conferencia, se les preguntó sobre el aumento de gastos aprobado, a lo que Nathalia Rodríguez respondió que los montos aún son manejables y se encuentran dentro del escenario previsto para el próximo año.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Senadores, que tiene 15 días para decidir sobre las modificaciones introducidas por Diputados. Si se aprueban, se enviará al Ejecutivo para su promulgación; de lo contrario, volverá a la Cámara Baja para un nuevo estudio.
Un representante de la empresa “Epro SA”, Óscar Daniel Ruíz Fernández, enfrentará un juicio oral y público, según confirmó el Tribunal de Apelaciones en lo Penal mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 408. Ruíz, subarrendatario del complejo deportivo “Arrayanes”, es imputado por la muerte de Rodolfo de Jesús Núñez Scolari, conocido como «Rolo», el 16 de septiembre de 2023.
En marzo, el juez penal de garantías, Mirko Valinotti, aceptó la acusación del Ministerio Público y envió el caso a juicio. La fiscal Silvia González y la abogada de la querella, Teresa Servín, ratificaron la solicitud de juicio. El abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos apeló ciertos puntos de la resolución, argumentando que el juez de garantías violó normas formales al rechazar incidentes sobre testimonios y la nulidad de la acusación.
La defensa de Ruíz también señaló que la acusación fiscal carece de fundamentos, lo cual comunicaron al magistrado en la audiencia preliminar. Duarte solicitó la nulidad de la resolución alegando irregularidades.
La camarista Bibiana Benítez Faria afirmó que no todos los errores conllevan nulidad, ya que deben estar expresamente previstos por ley. En relación a la defensa de Ruíz, la magistrada indicó que no se violaron garantías procesales ni derechos constitucionales. Las actuaciones del Ministerio Público no pueden ser objeto de nulidad, agregó.
El camarista Arnaldo Fleitas mencionó que no hay bases para anular la acusación, los medios probatorios, ni proceder al sobreseimiento definitivo. Respecto al testimonio de Carlos Miguel Gómez Olazar, inicialmente imputado, se señaló que puede declarar como testigo con la obligación de decir verdad.
La magistrada Adriana Giagni indicó que no hay prohibición legal para que alguien inicialmente investigado declare en juicio. La camarista Benítez Faria afirmó que la acusación está bien fundamentada desde la imputación del Ministerio Público, y que la defensa tuvo suficientes oportunidades para ejercer su derecho.
Finalmente, se constató que el Ministerio Público había convocado al acusado Ruíz para declarar en varias ocasiones, pero la defensa solicitó suspensiones, por lo que no se realizaron las indagatorias.
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