Presunto conflicto de interés en ética del presidente de Planalto.
Ferreira Filho presta servicios al bufete de abogados Pogust Goodhead (PG), que representa a un grupo de 730.000 personas físicas, jurídicas, instituciones religiosas y municipios que buscaron ante la justicia inglesa demandar a Samarco Mineração, formada por Vale y la británica BHP, de ahí la acción fuera de Brasil.
Existe una disputa sobre si el caso será tratado por la justicia brasileña, donde ya están en marcha negociaciones con las empresas para pagar las indemnizaciones.
Las partes buscan la solución definitiva de las obligaciones establecidas en el Término de Compromiso (TTAC), en las acciones legales del Ministerio Público Federal y en otras acciones legales de entidades gubernamentales relacionadas con la ruptura de la presa.
El valor financiero de la propuesta, considerando obligaciones pasadas y futuras, totaliza R$ 140 mil millones.
A Ferreira Filho le interesaría mantener la acción pendiente en Londres, ya que este valor podría duplicarse, al igual que los honorarios legales.
Según Ferreira Filho, no es competencia de la Comisión autorizar o impedir que sus miembros sigan ejerciendo regularmente sus actividades profesionales. “Por estas razones, yo, al igual que los demás miembros del CEP, no necesito consultarla previamente para seguir ejerciendo mi profesión con normalidad, siempre que no genere una situación que caracterice un conflicto de intereses”, añade.
Desastre
En noviembre de 2015, la presa de Fundão, ubicada en el municipio de Mariana (MG), se derrumbó, liberando alrededor de 40 millones de metros cúbicos de residuos, que acabaron matando a 19 personas y causando daños a regiones adyacentes al municipio, a través de los residuos arrastrados por el río Doce hasta el océano Atlántico.
