Nacionales
Presidente del Cones presenta su renuncia

El Dr. Clarito Rojas Marín dio un paso al costado alegando estar en desacuerdo con un proyecto que impulsa el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y que, según él, excluye a las universidades en el proceso.
A través de una nota dirigida a la Dra. Zully Vera, rectora de la Universidad Nacional de Asunción y vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), presentó renuncia “indeclinable” al cargo.

Rojas señala que prefiere no involucrarse en el proceso del proyecto del MEC que busca modificar la Ley N° 4995/13 de Educación Superior donde plantea ajustes en la designación de autoridades del Cones.
“Motivado por la invitación de las autoridades del MEC en debatir, analizar y precautelar juntos los elevados intereses de la Educación Superior y en especial el valor de la autonomía, el proceso exigirá superar distancias físicas, desarrollar dinámicas participativas y el máximo celo por la salud personal y familiar”, parte de lo que expresa Clarito Rojas en su nota.
El proyecto pretende incluir al MEC en la presidencia del Cones y que sea de manera rotativa por parte de miembros del consejo, y no solo entre las universidades públicas y privadas.
Estos cambios sugeridos por la cartera educativa se dieron luego de las denuncias de irregularidades en la expedición de títulos universitarios.
Fuente: Diario Hoy



Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se presentó el avance del proyecto de ley sobre parques industriales en Paraguay. Esta ley busca planificar zonas específicas, asegurar previsibilidad y fomentar el crecimiento del sector industrial. Se aseguró que empresas y municipios participarán en su desarrollo.
El Viceministro de Industria, Marcos Riquelme, informó a ABC Color sobre una consultoría con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear una ley moderna de parques industriales en la región. Los técnicos del proyecto han analizado leyes de otros países y han visitado parques industriales para redactar una propuesta «supermoderna y pragmática».
Riquelme explicó la importancia de una zonificación adecuada para establecer parques industriales en áreas municipales designadas. Si las ciudades no cuentan con zonificación urbanística, es complejo determinar ubicaciones para estos parques.
El objetivo es dar certidumbre a las industrias en un contexto de crecimiento económico proyectado en 4,4% para este año, lo que podría traducirse en más empleo y expansión urbana.
Riquelme subrayó que la falta de zonificación afecta a los inversores que construyen industrias y luego se ven rodeados de viviendas, lo que representa un riesgo. Además, genera ineficiencias energéticas, complicando la planificación de consumo eléctrico.
El proyecto involucra a diversas entidades y busca ser finalizado este año. Una vez que una zona se declara industrial, no cambiará su uso, impidiendo nuevos desarrollos residenciales. Además, se incentivará a las industrias a trasladarse a zonas industriales con créditos blandos.
El BID y el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) colaboran en la creación del borrador de la ley, que se discutirá con los afectados para llegar a un consenso antes de presentarlo al Congreso.
Finalmente, Riquelme destacó que la falta de parques industriales limita el crecimiento de la industria paraguaya, ya que actualmente no existen debido a la falta de zonificación adecuada.

Durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio Público acusó al exintendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, de abuso de confianza y asociación ilícita por la compra del «detergente de oro». Como máxima autoridad, Rodríguez habría colocado personas de su confianza en puestos clave y permitido un daño de 1.808 millones de guaraníes al municipio. La fiscalía, representada por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, sostiene que los fondos del gasto 831 no se usaron adecuadamente para la emergencia.
En 2020, Nenecho, como líder municipal, debía manejar los recursos con responsabilidad. Él ubicó a Nidia López y Wilfrido Cáceres en cargos estratégicos. Según el artículo 28 de la Ordenanza N° 608/15, la administración del Fondo Municipal era función del intendente. La acusación alega que no se reguló el uso del fondo de emergencia a tiempo. Las compras supuestamente simuladas entre 2020 y 2021, como la del detergente francés, supusieron un gran perjuicio económico. Ahora, el juez Rodrigo Estigarribia debe fijar fecha para la audiencia preliminar.

Nacionales
Lo detuvieron por agresivo, advirtió que mataría a su esposa si salía y cumplió

Orden de captura para un exconvicto peligroso acusado de feminicidio en Santa Rosa del Aguaray
Desde esta madrugada, las autoridades buscan a un exconvicto que supuestamente apuñaló a su pareja en Santa Rosa del Aguaray. El individuo había sido detenido 12 días antes por agredirla y advirtió que la mataría al ser liberado.
El lamentable hecho ocurrió en una vivienda del barrio Villa del Maestro, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
La víctima, identificada como Antonia Salinas Espinoza, de 27 años, fue hallada sin vida por una de sus hermanas. El sospechoso, Derlis Adilson Dávalos, de 31 años, quien ahora está prófugo, llamó a la hermana de Antonia para que revisara la casa, insinuando que él había cometido el asesinato. Encontraron a Antonia muerta junto a su cama.
Antonia deja a una hija de nueve años, que fue testigo de la violencia que vivía su madre.
Intervención policial previa
El 24 de agosto, los mismos policías que están investigando ahora el feminicidio habían intervenido para proteger a Antonia cuando Derlis la agredió brutalmente. En esa ocasión, él le había puesto un revólver en la boca frente a su hija.
A pesar de ser detenido, Derlis amenazó con matarla al recuperar su libertad. Según la investigación, aparentemente planeó y ejecutó su venganza tras salir de la comisaría. El fiscal Juan Daniel Benítez está a cargo del caso.
Antecedentes de Derlis
La pareja tenía un historial de episodios violentos. Derlis tiene registros por infracciones como lesiones graves, violación de patria potestad, coacción, privación de libertad, coacción sexual y violación, violencia familiar y violación de la ley de armas.
Tiene prohibiciones de salir del país, portar armas, consumir alcohol y acercarse a la víctima. Sin embargo, había recibido beneficios legales como suspensión de la ejecución de la condena y extinción de la pena, según el sistema policial.
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