El presidente Santiago Peña defendió el interinazgo de Rubén Elidio Gaona Gaona en la Procuraduría General de la República (PGR), vigente desde agosto, tras la renuncia de Marco Aurelio González, actual miembro del Banco Central. Peña minimizó las críticas sobre la falta de una autoridad definitiva en la institución encargada de proteger los intereses del Estado.
“Hay un procurador interino, la función de las instituciones continúa, así que la figura del interino es algo totalmente válido”, declaró Peña durante un acto en Areguá, departamento Central. Resaltó que la evaluación de la situación se realizará en su momento, pero que mientras tanto, Gaona permanecerá en su puesto.
Marco Aurelio González, quien fue nombrado procurador el 3 de septiembre de 2025, renunció para asumir un rol en el Banco Central. Un día antes, mediante Resolución PGR Nº 194/2025, designó a Gaona como encargado de despacho, otorgándole las atribuciones de un ministro procurador general. La renuncia de González fue oficializada el 3 de septiembre de 2025.
La permanencia de Gaona ha sido cuestionada, y algunos consideran que el proceso legal detrás de la designación de González y su posterior renuncia ha dejado una vacante permanente en la PGR. Esta institución tiene como función principal defender los intereses patrimoniales del Estado y proporcionar asesoría jurídica a la Administración Pública.
La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) expresó su preocupación al calificar la situación de “sumamente grave”. Indicó que es fundamental contar con una autoridad definitiva en la PGR, sugiriendo que el Ejecutivo debería ofrecer explicaciones sobre este prolongado interinazgo.
Por su parte, el jurista Hugo Estigarribia criticó la situación, considerando que la designación de Gaona se encuentra “al filo de la legalidad”. Señaló que tal circunstancia podría convertir a un encargado interino en una figura permanente, lo que considera un uso indebido del poder.
Estigarribia también destacó que la figura del «encargado de despacho» no aparece en la Constitución, y advirtió sobre el riesgo de que la resolución que permite esta práctica sea inconstitucional. Esto podría debilitar la defensa legal del Estado, llevar a nulidades y provocar daños en los intereses paraguayos.
