El mercado inmobiliario, un sector crucial para el desarrollo económico y social de cualquier nación, debe operar bajo estrictos principios de transparencia, equidad y respeto a los derechos del consumidor. Sin embargo, prácticas desleales y abusivas por parte de algunas empresas pueden socavar la confianza en este sector y perjudicar gravemente a los compradores, especialmente a aquellos con recursos limitados. El caso de la inmobiliaria Raíces S.A. de Pedro Juan Caballero, recientemente sancionada por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), ilustra de manera preocupante estas dinámicas y pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia y protección de los derechos de los consumidores.
La denuncia presentada por el abogado Héctor Barreto revela un esquema sistemático por parte de Raíces S.A. para inducir a sus clientes a la mora y, posteriormente, iniciar juicios ejecutivos con el objetivo de despojarlos de sus propiedades. Esta estrategia, que según el denunciante opera a nivel nacional, consiste en bloquear el sistema de pagos cuando un cliente adeuda cuatro cuotas, impidiendo que éste pueda saldar su deuda, incluso si dispone de los fondos necesarios. Acto seguido, la inmobiliaria exige sumas exorbitantes, que oscilan entre 30 y 40 millones de guaraníes, montos prácticamente inalcanzables para la mayoría de los compradores, quienes adquirieron sus terrenos mediante planes de cuotas accesibles.
Esta práctica, que se configura como una clara violación de los derechos del consumidor, no solo genera una situación de vulnerabilidad para los compradores, sino que también socava la confianza en el sistema judicial. El hecho de que la inmobiliaria, a pesar de haber recibido una propuesta de solución y de haber participado en reuniones con representantes de los afectados, haya persistido en su conducta abusiva, demuestra una falta de voluntad para resolver el problema de manera justa y equitativa. La negativa de Raíces S.A. a responder a los requerimientos de la SEDECO y a aceptar la propuesta presentada por los clientes, evidencian una actitud de desprecio hacia las autoridades y hacia los derechos de los consumidores.
La sanción impuesta por la SEDECO, consistente en una multa de 400 jornales mínimos (aproximadamente 45 millones de guaraníes) y la exigencia de que la empresa cobre correctamente las deudas de los clientes afectados, representa un primer paso importante en la defensa de los derechos de los consumidores. Sin embargo, la advertencia del abogado Barreto de que la inmobiliaria podría ser cerrada administrativamente en caso de continuar incumpliendo las órdenes del Juzgado de Faltas, subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una acción decidida por parte de las autoridades competentes.
La situación judicial de los clientes afectados también reviste gran preocupación. La denuncia de que los juicios se estén llevando a cabo en Asunción, en lugar de Pedro Juan Caballero, donde legalmente corresponde, plantea interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso judicial. Además, la afirmación del abogado Barreto de que la inmobiliaria revende los mismos terrenos durante décadas, sugiere la existencia de un negocio fraudulento que afecta a numerosas familias y que requiere una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.
En conclusión, el caso de Raíces S.A. pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección al consumidor en el sector inmobiliario. Es fundamental que las autoridades competentes, como la SEDECO y el Poder Judicial, actúen con celeridad y rigor para garantizar que las empresas inmobiliarias cumplan con sus obligaciones legales y respeten los derechos de los consumidores. La sanción impuesta a Raíces S.A. debe servir como un precedente para disuadir a otras empresas de incurrir en prácticas abusivas y para reafirmar el compromiso del Estado con la defensa de los derechos de los consumidores. Asimismo, es crucial que los compradores estén informados sobre sus derechos y que cuenten con el apoyo legal necesario para hacerlos valer frente a cualquier abuso por parte de las empresas inmobiliarias. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre las autoridades, los consumidores y los profesionales del derecho, se podrá garantizar un mercado inmobiliario justo, transparente y equitativo para todos.
