Nacionales
Polígrafo en la Policía: ausencia de reglamentación no frena su aplicación, afirma Riera
El ministro del Interior, Enrique Riera, justificó el uso del polígrafo para ascender en la Policía, afirmando que no es opcional, sino un requisito de la nueva ley. Aseguró que la falta de reglamentación completa no impide su implementación.
Por ABC Color
28 de octubre de 2025 – 10:01
Enrique Riera, ante críticas por el uso del polígrafo para ascender en la Policía Nacional, defendió esta práctica, destacando que no es opcional sino un requisito de la ley.
“Entre los requisitos de ascenso, uno es aprobar el test de confiabilidad. Escrito está. No es opcional. Se realiza con poligrafistas capacitados en Colombia y EE.UU., y certificado por la asociación latinoamericana. Todas las entrevistas son grabadas y producen resultados objetivos”, explicó.
Detalló que el proceso del polígrafo es exhaustivo, con entrevistas en un ambiente controlado, asegurando que el evaluado comprenda todo antes de empezar.
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Evaluación minuciosa
La evaluación puede durar de una hora y media a tres, con resultados que, según dijo, son precisos y objetivos. “El polígrafo evalúa conducta, no es magia”, subrayó. Si el dispositivo detecta reacciones en alguna de las tres preguntas, “eso se convierte automáticamente en un descalificador”.
Norma pendiente, pero vigente
Riera aclaró que aunque aún no se ha reglamentado completamente la nueva ley, su cumplimiento es obligatorio. “La falta de reglamentación no impide la aplicación de la ley. La Constitución dice que la falta de ley reglamentaria no excusa el incumplimiento de sus normas”, comentó.
Insistió que el argumento de que no se puede aplicar sin reglamentación es "una falsedad jurídica". Afirmó que hay un protocolo que guía el proceso.
No es un obstáculo, asegura Riera
El ministro enfatizó que la aplicación del polígrafo no pretende ser una trampa para los oficiales. “Se busca una verdad objetiva. No podemos basarnos en la subjetividad. Los méritos y la conducta son lo único que cuentan”, señaló.
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Colaboración con Amambay y Brasil contra el sicariato
Añadió que se está colaborando con la Gobernación de Amambay, liderada por Juan “Juancho” Acosta, en un plan para reducir el sicariato en Pedro Juan Caballero, considerando la posible formación de un equipo conjunto con Brasil.
El Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia de Luque decidió desestimar el amparo solicitado por la abogada de una estudiante trans. Esta estudiante denunció que en una institución educativa de Fernando de la Mora se le impidió presentar su proyecto de lectura vistiendo jumper en lugar de pantalón. Según el fallo judicial, la libre expresión de la personalidad de la estudiante no fue afectada, ya que su identidad fue reconocida desde su entrada a la institución.
El juzgado, en su resolución, rechazó la medida cautelar presentada en nombre de la estudiante trans, quien había acusado al colegio del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de discriminación. La solicitud buscaba permitirle usar el uniforme femenino en actividades académicas sin enfrentar discriminación.
La abogada de la estudiante invocó el artículo 25 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la libre expresión de la personalidad y la formación de la identidad propia. Sin embargo, el Poder Judicial concluyó que este derecho no fue violado, ya que la institución reconoció su identidad desde el comienzo.
Noticia en desarrollo.
Nacionales
Mafia de los pagarés: ¿cuál es la perspectiva del cartismo sobre un posible juicio político a los ministros de la Corte Suprema?
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, del movimiento colorado cartista, mencionó que el oficialismo aún no ha discutido el pedido de juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia, como propusieron las víctimas del grupo de estafas conocido como "Mafia de los pagarés". No obstante, Latorre opinó que el juicio político debe ser el último recurso.
En una charla con la prensa, el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, se refirió a la intención de las víctimas del esquema "Mafia de los pagarés", quienes solicitaron un juicio político para varios ministros de la Corte Suprema, acusándolos de complicidad. Este caso involucra un presunto esquema en el que empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia habrían conspirado para realizar juicios y embargos fraudulentos, utilizando pagarés de dudosa procedencia y sin notificación a los afectados.
Las víctimas protestaron frente al Palacio de Justicia en Asunción, exigiendo que la Cámara de Diputados inicie un juicio político contra los ministros que, según ellos, no han actuado adecuadamente.
Juicio político, última opción
Latorre explicó que el tema aún no se ha abordado entre los miembros del movimiento oficialista Honor Colorado en la Cámara Baja ni con el liderazgo encabezado por el expresidente Horacio Cartes. Añadió que el movimiento siempre consideró que el juicio político es un último recurso.
Expresó su solidaridad con las víctimas y destacó la necesidad de justicia, afirmando que no puede haber verdadera paz sin ella. No obstante, insistió en que el juicio político debe ser una medida final para fortalecer la institucionalidad.
Negó que Honor Colorado use la amenaza de juicio político como presión contra los ministros de la Corte y subrayó que no es su estilo recurrir a la extorsión.
La disputa interna de cara a las municipales
Latorre también habló sobre la competencia interna en la ANR por la candidatura a la Intendencia de Asunción en las elecciones municipales de 2026. Actualmente, los precandidatos son Luis Bello, el actual intendente cartista, y el diputado Daniel Centurión, representando la disidencia colorada. Latorre espera un consenso colorado para definir un candidato antes de las elecciones internas, aunque apoya a Bello.
Un funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue arrestado ayer en San Lorenzo por la policía tras supuestamente amenazar a un comerciante con un arma. En su poder se encontraron varios cuchillos, una escopeta y una pistola. El individuo se presentó como precandidato a intendente de Valenzuela para intimidar.
Víctor Centurión Dávalos (48), empleado de la Justicia Electoral, fue arrestado cerca de la sede en San Lorenzo. Según el informe de la Comisaría 54, agentes intervinieron tras la denuncia de un comerciante y su secretario, quienes afirmaron que fueron amenazados de muerte con un arma de fuego.
La policía encontró a Centurión dentro de su vehículo. Al ser identificado, se comportó de manera agresiva, por lo que se llamó a más patrullas para trasladarlo a la comisaría, explicó el subcomisario Miguel Ayala.
En la inspección de su auto, se encontró un arsenal que incluía un arma de grueso calibre, una pistola, cuatro cuchillos grandes, dos machetes, esposas, dos walkie talkies y un martillo. También se incautaron dos teléfonos móviles y otros objetos para ser peritados.
Centurión declaró que venía del Chaco y que suele llevar esos objetos. Aunque tenía el carnet para la pistola, carecía de la autorización para la escopeta. Según sus palabras, portaba siete armas blancas de diversas medidas.
El subcomisario Ayala señaló que el hombre se identificó constantemente como precandidato a intendente de Valenzuela y amenazó con «contactos políticos». Fue puesto a disposición del Ministerio Público por posesión de armas sin registrar y por amenazas con armas de fuego. Se presume que la disputa con el comerciante tiene una base de «problemas personales».
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