Nacionales
Pistolas hidrogel: “Vamos a llenar calabozos con esta gente inadaptada”, adelanta comisario
El jefe de Prevención y Seguridad de Alto Paraná, el comisario principal José Martínez, advirtió que las personas que usen las pistolas hidrogel contra terceros serán aprehendidas y puestas a disposición de la Fiscalía. “Si hay que llenar calabozos, vamos a llenar calabozos con este tipo de gente inadaptada”, afirmó.
Ante reiteradas denuncias en diferentes ciudades y enfrentamientos entre jóvenes, el jefe de Prevención y Seguridad de Alto Paraná, el comisario principal José Martínez, sostuvo que las pistolas hidrogel no pueden ser usadas en la vía pública contra personas inocentes.
A su vez, adelantó que van a buscar erradicar la mala práctica y que “si hay que llenar calabozos, vamos a llenar calabozos con este tipo de gente inadaptada”.
En ese sentido, adelantó a C9N que se procederá a la aprehensión y las personas serán puestas a disposición del Ministerio Público, que deberá analizar las leyes y sus posibles violaciones.
Según la jefa de División de Importaciones de la Dimabel, Sandra González, el impacto de estos proyectiles no es muy doloroso, ya que son 98% agua y 2% plástico, según refirió a medios locales.
No obstante, aseguró que uso con fines de entretenimiento debe realizarse en un ambiente controlado, ya que si los menores de edad lo ingieren, puede ocasionar daños en su salud.
El ingreso de estas armas de juguete no está controlada por la Dirección de Material Bélico (Dimabel), pero no se descarta el análisis de su control “si algún organismo de defensa y seguridad lo requiere”.
Los casos de conflictos entre jóvenes con las pistolas derivaron ya en varias denuncias, además de una serie de recomendaciones ante el peligro que puede ocasionar a la salud disparos con las pelotitas de hidrogel en los ojos.
En la ciudad de San Antonio, el intendente anunció la prohibición de este tipo de juguetes en espacios públicos y la aplicación de sanciones.
En la ciudad de Pedro Juan Caballero hubo un grupo de jóvenes que terminaron enfrentados, mientras que en Caaguazú, agentes del Grupo Lince ya procedieron a retirar los juegues a dos persona que se encontraban realizando disparos en la vía pública.
La pistola hidrogel, que se muestra como un juguete, adquirió popularidad entre los jóvenes, quienes acuerdan lugares para enfrentarse con estas armas, no letales, pero que pueden derivar en situaciones de riesgo, como accidentes de tránsito y lesiones en partes sensibles del cuerpo, según autoridades y profesionales médicos.
Fuente: Última Hora
Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.
Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.
Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.
El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.
El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.
Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.
Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.
Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.
Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.
Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.
Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.
Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.
Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.
Nacionales
Pablo Benegas solicita anular su condena a 12 años de prisión y celebrar un nuevo juicio
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00 am, el músico Pablo Benegas apeló su condena a 12 años de prisión por abuso sexual infantil y pornografía, solicitando un nuevo juicio con un tribunal diferente. Argumenta que el tribunal original interpretó incorrectamente las pruebas y no justificó adecuadamente el rechazo de los argumentos de la defensa.
La apelación, respaldada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, desafía la Sentencia Definitiva N° 536 del 17 de octubre de 2025, emitida por el tribunal encabezado por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Juan Ortiz, que condenó unánimemente a Benegas. La defensa sostiene que la acusación de la fiscala Claudia Aguilera no se sostenía, pues las evidencias digitales no respaldaban la condena.
La defensa también señala que un video clave para la condena tiene dos fuentes diferentes en la pericia: «fuente de WhatsApp» y «fuente galería», lo que sugiere manipulación de evidencia.
Benegas considera la pena «desproporcional» debido a su adicción a las drogas, argumentando que la condena no facilita su reintegración social. La defensa afirma que Benegas no divulgó lo sucedido ni tuvo relaciones con las menores, culpando a la fiscalía de un manejo erróneo del caso.
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