Los legisladores de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso se reunirán mañana para definir el dictamen sobre el proyecto de ley de presupuesto 2026, que a fin de mes será enviado a la Cámara de Diputados y al Senado.
Aunque el dictamen no es vinculante, sirve como base para el análisis en ambas cámaras. El Senado es donde se resuelve el proyecto, que luego pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El presidente de la comisión, el senador Silvio “Beto” Ovelar, indicó que el lunes decidirán los lineamientos finales del dictamen. Hay solicitudes adicionales por unos US$ 200 millones, pero Ovelar recomendó que los ajustes sigan dentro del límite de déficit fiscal del 1,5% del PIB.
Los parlamentarios quieren aumentar fondos para el Ministerio de Salud Pública, considerando que el Programa Ampliado de Inmunizaciones sufrió recortes. Se solicitó un informe a la ministra María Teresa Barán.
También hay otras solicitudes de aumento presupuestario, como la del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) por G. 5.000 millones para la preservación de su nueva sede.
La Corte Suprema de Justicia solicitó G. 421.347 millones adicionales para incrementos salariales y nuevos cargos. El Ministerio Público planteó un aumento de G. 293.531 millones para crear cargos y aumentos salariales. El Ministerio de la Defensa Pública pide una adenda de G. 32.548 millones para igualar beneficios de defensores con los fiscales. El Tribunal Superior de Justicia Electoral apoya un posible aumento para partidos políticos.
La Universidad Nacional de Asunción (UNA) solicitó G. 356.289 millones para nivelar salarios y cubrir gastos. Universidades del interior también pidieron más recursos para salarios y crecimiento.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 del Ejecutivo es de G. 149,2 billones, un incremento del 12% en comparación con 2025. A la administración central se le asigna G. 74,7 billones y a entidades descentralizadas G. 74,5 billones. El plan contempla un déficit fiscal de 1,5% del PIB, estima una recaudación fiscal de G. 45,3 billones y autoriza la emisión de bonos por hasta US$ 1.303 millones. El proyecto prevé 345.646 cargos permanentes, un aumento de 11.105 respecto a 2025.
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