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El juicio oral y público contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, sigue desarrollándose hoy, enfocado en la acusación de prevaricato. Sorprendentemente, el juez continúa en funciones mientras enfrenta este proceso por presunta corrupción.

El caso lo lleva el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres. La audiencia prosigue hoy, 9 de octubre, con declaraciones testimoniales.

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La fiscalía, representada por Natalia Cacavelos y Leonardi Guerrero, acusa a Goiburú de prevaricato por haber permitido una acción civil sin condiciones adecuadas. El incidente se vincula a la causa «Julio Cesar Martínez Isasi c/ Reinaldo Benitez Gómez» de noviembre de 2021, donde Goiburú inició un juicio ejecutivo a pesar de irregularidades.

La acusación incluye que el juez, basado en un recibo de dinero de agosto de 2021, decretó el embargo de bienes y un mandamiento de pago sin justificar la acción. Además, el fiscal Guerrero señaló que los documentos presentados no eran suficientes para una acción legal y que la firma en el contrato no correspondía al vendedor.

También se acusa a Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Rubén Benítez Gómez de apropiación y como cómplices del juez. Estos casos fueron procesados por separado, pero se unieron para el juicio. Según la Fiscalía, las acciones del juez violan varios artículos del Código Procesal Civil y Penal, acusándolo de prevaricato.

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El ministro de Industria y Comercio expresó que, tras llegar a un acuerdo con los cañicultores que protestaban en Mauricio J. Troche por la finalización de un nuevo tren de molienda en la planta de alcohol de Petropar, se debe evaluar cómo mejorar la eficiencia de la planta a mediano y largo plazo. Habló de ofrecer asistencia tecnológica a productores de caña y considerar una mayor participación del sector privado.

Durante una entrevista con ABC Cardinal, Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio, celebró el acuerdo con los cañicultores, quienes estaban bloqueando la Ruta PY02 mientras exigían completar la construcción del tren de molienda en la planta de Petropar en Mauricio José Troche. Después de 17 días de huelga, se acordó que Petropar convocará una nueva licitación para la construcción, luego de que la empresa anterior abandonara el proyecto.

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Gracias a este acuerdo, los cañicultores detuvieron la huelga y despejaron la Ruta PY02. Giménez destacó la importancia del acuerdo para restaurar el orden público.

El acuerdo establece que el tren de molienda debe estar operativo para septiembre de 2026. Petropar también se comprometió a comprar la caña de azúcar al precio actual. El ministro destacó la necesidad de apoyar a los productores con tecnología y herramientas para mejorar la producción.

El proyecto inicial fue adjudicado en 2021 a Estructura Ingeniería S.A. por más de 198,000 millones de guaraníes. Sin embargo, el contrato fue suspendido por incumplimientos, lo que redujo la capacidad de procesamiento y provocó pérdidas significativas de materia prima. Giménez informó que el contrato está en proceso de cancelación y que se presentó una denuncia penal.

A pesar de que la nueva licitación ofrece una solución a corto plazo, el ministro considera que se deben encontrar soluciones a más largo plazo para garantizar la eficiencia de la planta, sugiriendo que podría ser beneficioso permitir más participación del sector privado en las empresas estatales. Apuntó que el capital privado podría mejorar la eficiencia en comparación con la burocracia estatal.

Plantea invitar al sector privado mediante concesiones o asociaciones público-privadas para mejorar la gestión estatal y reducir costos, mirando a largo plazo de una manera más estratégica.

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El Tribunal de Apelación ratificó una condena de tres años y ocho meses de prisión para Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado por el partido ANR-HC, debido al uso de dinero público para el pago de la cuota de su vehículo personal.

Los jueces Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi confirmaron la sentencia por lesión de confianza y administración en beneficio propio. Adorno usó fondos de los contribuyentes para abonar la primera cuota de una camioneta nueva a su nombre.

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En junio, Adorno fue condenado, pero sus abogados, Cristóbal Cáceres y Víctor Dante Gulino, apelaron la sentencia, llevándola al Tribunal de Apelación para delitos económicos.

A pesar de que la fiscala Teresilde Fernández, cercana al clan Adorno, calificó la condena de tres años y ocho meses como un «agravio», argumentando que debía ser solo de dos años, los magistrados sostuvieron que el fallo del Tribunal de Sentencia era legal. Fernández había tomado el caso en marzo y había pedido solo dos años de cárcel para que Adorno evitara prisión.

Adorno logró una reducción de la restricción de acercarse a la sede municipal de 500 a 100 metros. No obstante, aún tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema de Justicia solicitando un recurso de casación para evitar la cárcel.

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