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La fiscal de Ejecución, Celia Beckelman, a cargo del caso de Fernando González Karjallo, hijo del usurero Ramón González Daher y condenado a 5 años de prisión por lavado de dinero, ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el Auto Interlocutorio N° 351 del 14 de octubre de 2025. Este fallo fue emitido por el Tribunal de Apelación Penal compuesto por los jueces Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Adriana Giagni Rojas.

El tribunal de apelaciones aceptó la solicitud de la defensa de Karjallo y anuló la decisión de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, quien había denegado el traslado al período de prueba del condenado por lavado.

En este sentido, Beckelman argumenta que se han aplicado erróneamente las normas legislativas y judiciales relativas a la ejecución de la pena y la rehabilitación del condenado, indicando que el tribunal parece desconocer cómo el Estado ha regulado este proceso.

“Si seguimos esta línea de pensamiento, la ejecución de la pena se reduciría a un simple aislamiento de quien ha quebrantado el orden social”, destaca en su escrito.

La acción también señala que la sentencia del tribunal va en contra del procedimiento de ejecución de pena establecido y actúa de manera “incongruente y arbitraria”.

La fiscal subraya que, sin completar el tratamiento, no se puede evaluar adecuadamente el grado de confianza necesario para mitigar las restricciones del condenado. Ella concluye que Fernando González Karjallo debe completar su proceso de tratamiento para garantizar su reinserción y evitar futuros delitos.

Beckelman solicita a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional la resolución del tribunal de apelación y suspenda sus efectos, ya que podría causar perjuicios irreparables a la fiscalía.

Las víctimas de usura del clan González Daher temen que esta decisión sea un avance hacia la impunidad, ya que Karjallo, condenado junto con su esposa y madre por supuesto lavado de dinero, podría recibir una libertad no merecida.

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Recuerdan que el Código de Ejecución Penal exige, entre otras cosas, buena conducta y cumplimiento de la mitad de la pena para optar a beneficios como salidas transitorias, condiciones que Karjallo no cumple, ya que en una reciente revisión se encontraron teléfonos y alcohol en su celda.

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El número de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS) ha aumentado un 28% este año y podría superar las 6.900 antes de que termine el 2025. Este crecimiento se debe al sistema en línea y la colaboración con bancos, lo que facilita la formalización de emprendedores en todo Paraguay, según un informe del MIC.

El Ministerio de Industria y Comercio presentó un informe del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace), el cual muestra el crecimiento en la creación de EAS hasta septiembre.

Leticia Giménez, secretaria de Suace, informó a ABC que en 2025 se han abierto 5.456 nuevas empresas, con inversiones superando los 318 millones de dólares, consolidando las EAS como una herramienta clave para la formalización y crecimiento del emprendimiento en Paraguay.

Giménez explicó que las EAS están creciendo más que las Sociedades Anónimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada, gracias a su sistema completamente en línea, que facilita tanto la apertura como la formalización de la empresa.

Además, el sistema se ha integrado con tres bancos, lo que permite abrir una cuenta bancaria durante el mismo proceso, haciendo que muchos emprendedores opten por esta figura debido a la simplicidad de los trámites.

En 2024, se registraron 5.900 empresas bajo este modelo, y hasta septiembre de 2025, casi se ha alcanzado esa cifra, con un crecimiento del 28%.

Las inversiones en EAS han alcanzado 318 millones de dólares, con un 77% de capital nacional y un 23% de inversión extranjera, reflejando confianza en el entorno económico del país.

Giménez estima que podrían llegar a 6.900 o 7.000 empresas en 2025, con un promedio de 700 aperturas mensuales. Los sectores más inscritos son el comercial y de servicios, seguidos por el industrial y agropecuario.

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Desde 2021, el sistema EAS ha avanzado significativamente, ofreciendo una alternativa simplificada y accesible. Inicialmente pensado para emprendedores, la ley permite a todos los sectores aprovechar las ventajas del sistema en línea.

El sistema comenzó en 2021 con 1.000 empresas, y en 2022 creció un 160% con 2.734 nuevas EAS. En 2023, casi se duplicó con un incremento del 64% y la creación de 4.487 nuevas empresas.

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El 31 de octubre de 2025 a las 09:41, el Ministerio de Salud justificó un acuerdo costoso con un instituto cardiológico de Corrientes debido a la falta de equipos y profesionales certificados en Paraguay. No obstante, desde el Hospital San Jorge, se niega esta versión. El director confirma que cuentan con médicos capacitados, pero carecen de insumos y equipo caro. Mencionó que hay una licitación en curso que incluiría el préstamo del necesario navegador para realizar intervenciones médicas de forma pública.

La Sociedad Paraguaya de Cardiología criticó el convenio con el instituto argentino para realizar ablaciones por radiofrecuencia, argumentando que en Paraguay no cuentan con la maquinaria ni los profesionales certificados. Sin embargo, el director del Hospital San Jorge, César Delmás, afirmó que el procedimiento llegó a realizarse en el país antes, pero se necesita insumos costosos y un navegador en préstamo debido a su elevado costo.

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Delmás explicó que asumió el cargo a mitad de año y encontró una falta de insumos, lo que lo llevó a abrir una licitación que, aunque detenida por una protesta de oferentes, busca también incluir el préstamo del navegador. Destacó que esperan resolver pronto esa protesta y han iniciado un proceso de compra de medicamentos por excepción.

Además, Delmás señaló que la infraestructura del Instituto de Cardiología es obsoleta, y que realizan entre 270 y 300 cirugías cardiacas al año. En cuanto a implantes como marcapasos, alcanzan unos 300 anuales. Reconoció que el hospital enfrenta escasez de insumos y medicinas, pero está gestionando para resolver esto.

Finalmente, el director comentó que no conocía los detalles del acuerdo con el instituto argentino y que su institución no formó parte del proceso. Aseguró que el Ministerio de Salud debe cubrir el procedimiento por medio de amparo judicial en hospitales privados debido a la falta de equipamiento y que puede haber confusión sobre el alcance del convenio, al cual aún no ha tenido acceso.

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