Nacionales
Petropar: representante de empresa catarí vuelve para proteger al vicepresidente de un club
El 31 de agosto expiró la séptima extensión que Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara, otorgó a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Debido a que nuevamente no se entregaron las 100,000 toneladas métricas de gasoil valoradas en más de 61 millones de dólares, la estatal firmó una octava adenda el 29 de agosto, extendiendo el contrato hasta el 31 de octubre, a pesar de que inicialmente había señalado que la prórroga vencía el 30 de septiembre.
Reapareció Saad Doukali, representante de la firma catarí, quien dio su consentimiento mediante un correo el 28 de agosto, comprometiéndose a revisar, firmar el documento y enviarlo a Ramón Benítez, gerente de comercio exterior, quien había solicitado la autorización.
Todo sugiere que Doukali aprobará la prórroga en representación de Doha Holding, protegiendo así a Julio Jiménez, vicepresidente del club Olimpia, quien anteriormente había actuado como representante legal para aprobar extensiones previas.
La oficina local de la empresa catarí se registró en el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, representante legal de la compañía. Documentos revisados por este medio muestran que Jiménez aprobó varias prórrogas en nombre de Doha Holding. Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Además, Alejandro Domínguez Pérez, Khalifa Hamad Al-Thani y Saad Doukali aparecen como representantes de Doha Holding.
A pesar de haberse cumplido un año desde la firma del contrato con Doha Holding, todavía no ha llegado un litro de combustible, a pesar de las ocho adendas otorgadas. Petropar sigue confiando en la empresa incumplidora mediante reuniones virtuales.
Doha Holding fue contratada por Petropar mediante un procedimiento que permite publicar documentos después, argumentando que se conseguiría gasoil más barato. Sin embargo, el producto nunca llegó. Petropar incumplió la normativa al no publicar el pliego antes de adjudicar el contrato y la convocatoria se publicó meses después. Tampoco se evaluó la capacidad financiera de la compañía.
Este proceso no permite evadir la ley, pero parece que lo ha hecho. Las sucesivas prórrogas podrían violar la Ley 7021 de Contrataciones Públicas, la cual permite modificar contratos sólo hasta un 20% del monto o plazo y por causas imprevistas que no beneficien al proveedor.
El contrato “urgente” estipulaba la entrega entre octubre y noviembre de 2024, pero Petropar extendió ese plazo once veces. A lo largo de casi un año, ha repetido sus argumentos para justificar las extensiones y evitar anular el contrato.
Es sospechoso que las autoridades no terminen el contrato con una empresa incumplidora ni ejecuten la garantía de cumplimiento, que equivale al 5% del monto (unos 3,05 millones de dólares). Además, la garantía se presentó solo como declaración jurada, sin póliza de seguro ni garantía bancaria, modalidad exclusiva para este tipo de procedimientos.
Nacionales
Aproximadamente 1,000 presos podrían beneficiarse del uso de tobilleras electrónicas
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró hoy que cuentan con los recursos para utilizar alrededor de 1.000 tobilleras electrónicas y ya han identificado a las personas privadas de libertad que podrían beneficiarse de esta medida. Esta iniciativa es esencial debido al alto hacinamiento en las cárceles.
Durante una entrevista en ABC Cardinal y ABC TV, Nicora explicó que más de 1.000 reclusos cumplen los requisitos para usar dispositivos electrónicos de vigilancia. Este número se determinó tras una investigación detallada de la Unidad de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia, que expandió su equipo legal de uno a diez abogados.
Actualmente, el sistema penitenciario de Paraguay alberga 19.670 personas, superando con creces su capacidad de 12.000, lo que provoca un hacinamiento de más de 7.000 individuos.
El Ministerio de Justicia se centra en abordar las causas fundamentales del hacinamiento, más allá de construir nuevas cárceles, afirmó Nicora. Esto implica revisar casos judiciales y colaborar con el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público.
Aproximadamente el 64% de los internos (13.400 personas) tienen procesos judiciales abiertos sin una condena firme, lo que subraya el principio de presunción de inocencia de la Constitución Nacional, explicó Nicora.
Las 1.000 personas identificadas en este proceso, que están procesadas aunque no condenadas, podrían litigar en libertad o cumplir prisión domiciliaria mediante dispositivos electrónicos. La selección se centra en casos menos graves que no representan un riesgo serio para las víctimas.
Si se implementan estos dispositivos, la población carcelaria podría reducirse un 7,5%, y la cantidad de procesados disminuiría en un 10%, indicó Nicora. Estos 1.000 individuos equivalen a la capacidad de casi un centro penal completo.
Aunque el Ministerio de Justicia ha identificado a los potenciales beneficiarios, la decisión final de usar estos dispositivos recae en el juez penal. Dependiendo de la situación económica del usuario, los costos pueden ser cubiertos por el Estado.
La Corte Suprema de Justicia ha mostrado disposición para colaborar en este tema. Además, ya están disponibles los recursos para adquirir estos dispositivos, ya que el Ministro del Interior, Enrique Riera, gestionó los fondos necesarios en el Ministerio de Economía.
Actualmente, solo hay 20 dispositivos en uso, pero recientemente se aplicó uno a un interno en San Pedro. Nicora también mencionó que están explorando tecnologías complementarias, como el uso de smartphones para la georreferenciación y verificación de personas en prisión domiciliaria.
Además, están trabajando en mejorar las condiciones de vida en las prisiones, como en Minga Guazú y el nuevo Comple, y en combatir la corrupción y promover programas de reinserción social.
Si la Municipalidad no realiza el desembolso prometido a los jubilados de la Caja Municipal de Asunción para el lunes 20 de agosto, estos planean una gran protesta frente a la institución. Argumentan que cinco meses sin recibir pagos es injusto, ya que han contribuido durante toda su vida para asegurar una jubilación digna. Muchos ya no pueden comprar alimentos.
El intendente de Asunción, Luis Bello, pagó G. 2.580 millones a principios de octubre, cubriendo parte de la deuda desde abril. Sin embargo, la deuda que dejó el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez supera los G. 16.600 millones hasta agosto.
Floria Galeano, vocera de los jubilados, comentó que el retraso en los pagos también se debe a que la Municipalidad de Asunción está atrasada en los desembolsos a la caja, acumulando un retraso de siete meses. Pese a que el interventor Carlos Pereira hizo un esfuerzo por pagar, no lograron estar al día.
Los jubilados acordaron un pago inicial de 2.518 millones de guaraníes a principios de octubre, pero esperan otro desembolso significativo a mediados de este mes. Sin noticias del cumplimiento, organizan una manifestación para el martes 21. En Asunción, hay 1.708 jubilados afectados, y un poco más de 2.000 en todo el país.
Curiosamente, los jubilados del interior están al día con sus pagos, mientras que Asunción, siendo el mayor contribuyente, no ha cumplido. Floria Galeano expresa que esta situación, que afecta incluso a su acceso a alimentos básicos, es muy injusta después de décadas de contribuir por una vejez digna.
Nacionales
Operación Jejoko Mbarete: Gobierno envía 500 militares para combatir el contrabando
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dio a conocer este sábado los primeros avances del Operativo Jejoko Mbarete, que involucra a unos 500 militares y se extenderá por varios meses.
El objetivo de este operativo es que las Fuerzas Militares, el Ejército y las Fuerzas Armadas colaboren en áreas claves donde la Armada Nacional combate el contrabando, señaló González. Este apoyo es algo inusual, ya que la Armada nunca había contado con la ayuda del Ejército ni de la Fuerza Aérea en estas operaciones, debido a que depende de la Prefectura General Naval.
Los primeros logros se registraron en el Chaco, donde se incautaron 8.800 kilos de cebolla en Infante Rivarola, cerca de la frontera con Bolivia, a unos 750 km de Asunción. La operación incluyó al Tercer Cuerpo de Ejército y la Sexta División de Infantería.
Con esta incautación, el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército informó que se han confiscado 90.000 kilos de cebolla en el Chaco paraguayo.
Además, en el norte del país, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) tiene autoridad por decreto para actuar en esa área. Participan 500 militares apoyados por helicópteros y aviones Supertucanos.
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