El 31 de agosto expiró la séptima extensión que Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara, otorgó a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Debido a que nuevamente no se entregaron las 100,000 toneladas métricas de gasoil valoradas en más de 61 millones de dólares, la estatal firmó una octava adenda el 29 de agosto, extendiendo el contrato hasta el 31 de octubre, a pesar de que inicialmente había señalado que la prórroga vencía el 30 de septiembre.
Reapareció Saad Doukali, representante de la firma catarí, quien dio su consentimiento mediante un correo el 28 de agosto, comprometiéndose a revisar, firmar el documento y enviarlo a Ramón Benítez, gerente de comercio exterior, quien había solicitado la autorización.
Todo sugiere que Doukali aprobará la prórroga en representación de Doha Holding, protegiendo así a Julio Jiménez, vicepresidente del club Olimpia, quien anteriormente había actuado como representante legal para aprobar extensiones previas.
La oficina local de la empresa catarí se registró en el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, representante legal de la compañía. Documentos revisados por este medio muestran que Jiménez aprobó varias prórrogas en nombre de Doha Holding. Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Además, Alejandro Domínguez Pérez, Khalifa Hamad Al-Thani y Saad Doukali aparecen como representantes de Doha Holding.
A pesar de haberse cumplido un año desde la firma del contrato con Doha Holding, todavía no ha llegado un litro de combustible, a pesar de las ocho adendas otorgadas. Petropar sigue confiando en la empresa incumplidora mediante reuniones virtuales.
Doha Holding fue contratada por Petropar mediante un procedimiento que permite publicar documentos después, argumentando que se conseguiría gasoil más barato. Sin embargo, el producto nunca llegó. Petropar incumplió la normativa al no publicar el pliego antes de adjudicar el contrato y la convocatoria se publicó meses después. Tampoco se evaluó la capacidad financiera de la compañía.
Este proceso no permite evadir la ley, pero parece que lo ha hecho. Las sucesivas prórrogas podrían violar la Ley 7021 de Contrataciones Públicas, la cual permite modificar contratos sólo hasta un 20% del monto o plazo y por causas imprevistas que no beneficien al proveedor.
El contrato “urgente” estipulaba la entrega entre octubre y noviembre de 2024, pero Petropar extendió ese plazo once veces. A lo largo de casi un año, ha repetido sus argumentos para justificar las extensiones y evitar anular el contrato.
Es sospechoso que las autoridades no terminen el contrato con una empresa incumplidora ni ejecuten la garantía de cumplimiento, que equivale al 5% del monto (unos 3,05 millones de dólares). Además, la garantía se presentó solo como declaración jurada, sin póliza de seguro ni garantía bancaria, modalidad exclusiva para este tipo de procedimientos.