La planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche, Guairá, enfrenta su crisis más grave en más de 40 años, reportando pérdidas anuales de aproximadamente US$ 5 millones. La producción de un litro de alcohol en esta planta alcanza los G. 11.000, mientras que en el mercado se puede adquirir por G. 6.000, evidenciando un considerable desbalance económico.
Esta situación ha llevado a que el mantenimiento de la planta represente un costo significativo para Petropar. Durante una reunión en mayo con el presidente de la empresa estatal, William Wilka, congresistas denunciaron que la planta se utiliza principalmente para beneficiar a operadores políticos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la región.
Con el objetivo de mantener la producción en la actual zafra, Petropar ha acelerado la contratación de servicios electromecánicos tercerizados por G. 5.000 millones, adjudicados a Cabipal Metalmek S.A. Esta contratación incluye trabajos en áreas críticas como destilería y sistemas de bombeo, con un plazo de ejecución de entre 45 y 90 días.
Además, se han realizado otras contrataciones significativas, como el servicio de rebobinado de motores por G. 1.600 millones y la adquisición de repuestos por G. 1.200 millones, ambos aún en evaluación. A pesar de estas inversiones, Petropar no podrá procesar toda la caña de azúcar de la zona; entre 50.000 y 100.000 toneladas tendrán que ser enviadas a ingenios privados.
Wilka confirmó que ingenios como Azucarera Paraguaya S.A. y Neualco S.A. ya han procesado caña de azúcar en zafras anteriores y podrían hacerlo nuevamente este año si se presenta insuficiencia en la capacidad de Petropar.
Neualco S.A. está vinculada a Carlos Morínigo Gamell, socio del actual embajador en Estados Unidos, Gustavo Leite. Esta empresa fue previamente contratada por G. 31.200 millones para suministro de etanol, a un precio superior al del mercado, argumentando que se basa en la «Ley Leite», que prioriza la producción de alcohol de caña.
En consultas sobre los términos de los acuerdos con ingenios privados, Wilka evitó dar detalles, aclarando que los productores deben cumplir con regulaciones para enviar su caña. Sin embargo, no se aclaró quién pagará la caña procesada ni cómo se remunerará el servicio.
Mientras tanto, en el contexto de la crisis de la planta, se presenta la fallida promesa de una nueva planta. A comienzos de año, el ex-presidente de Petropar, Eddie Jara, intentó una licitación por más de US$ 20 millones para finalizar el tren de molienda. Sin embargo, una medida cautelar frenó el proceso, ya que la empresa Estructura Ingeniería S.A. impugnó la rescisión de su contrato.
Las obras del tren de molienda fueron adjudicadas en diciembre de 2021, pero la empresa no cumplió con el plazo de entrega. Ahora, el Tribunal de Cuentas mantiene el contrato en situación suspendida, impidiendo nuevas licitaciones. Wilka mencionó que Petropar continuará invirtiendo según las necesidades y buscando mejorar la operatividad de la planta, crucial para las familias locales.
