Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara, finalmente otorgó la novena extensión de contrato a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esta vez, el plazo se extendió por cuatro meses, permitiendo que la empresa entregue el combustible hasta el 28 de febrero de 2026.
Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), confirmó a ABC Color esta nueva extensión, a pesar de que la empresa no entregó ninguna de las 100,000 toneladas métricas de gasoil, valoradas en más de US$ 61 millones, tras el vencimiento del octavo plazo, el pasado 31 de octubre.
Así, se evidencia que Jara no fue sincero con el Congreso Nacional y la ciudadanía, ya que en septiembre había asegurado que no se otorgarían más prórrogas a la empresa catarí. No obstante, esta nueva extensión manifiesta lo contrario respecto a su paciencia en este asunto.
También extendieron el plazo de la garantía
Encina indicó que se están revisando los documentos para su publicación en el portal oficial. “La DNCP recibió los documentos. La adenda Nº 9 firmada entre Petropar y el proveedor establece la extensión del contrato hasta el 28 de febrero de 2026”, comentó.
Además, ambas partes acordaron extender la validez de la garantía de cumplimiento del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.
“Petropar justifica esta extensión por tratarse de un contrato abierto, lo que impide determinar con precisión la fecha de entrega. Como no se ha realizado aún, es necesario extender la vigencia contractual para garantizar su ejecución”, explicó. Esta justificación ha sido repetida por la petrolera durante un año.
Se mencionó que Petropar insiste en que el precio sigue siendo “favorable” comparado con el mercado actual, aunque recientemente la empresa admitió que el precio ofrecido era difícil de cumplir.
Eddie Jara y sus directivos permanecen sin dar la cara
Los directivos de la estatal siguen sin dar explicaciones sobre la decisión tomada en este caso. Desde la semana pasada, se ha intentado comunicar con la directora de Comunicaciones de Petropar, Norma Caballero, para conseguir una entrevista con los responsables, pero no ha habido respuesta. Ayer, Caballero no respondió al equipo periodístico del diario.
El presidente Eddie Jara, el gerente general William Wilka, el gerente de Comercio Exterior Ramón Benítez, el director jurídico Carlos Arce y el director comercial Adalberto Acuña mantienen un silencio sospechoso. Evitan explicar por qué dieron más plazo a una empresa que incumple.
Parece que los lazos de la compañía en las altas esferas buscan impedir la ejecución de la garantía de cumplimiento, equivalente al 5% del valor total del contrato (US$ 3,050,000). Esa garantía nunca fue exigida, a pesar de las ocho extensiones y el total incumplimiento.
Dudosa garantía y posibles violaciones legales
Doha Holding presentó una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani como garantía de cumplimiento, acompañada de un supuesto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). Sin embargo, no hay garantía bancaria ni póliza real.
No se sabe si el jeque árabe visitó el país para firmar esta novena adenda. La sede local de la empresa catarí está en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, quien autorizó la firma de algunas adendas en nombre de la compañía. Actualmente, se desconoce quién aprobó la novena adenda.
En el portal de Contrataciones Públicas, aparecen como representantes de la empresa Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali. Al-Thani fue incorporado como representante tras la firma del contrato con Petropar.
Doha Holding no ha entregado el gasoil prometido, aunque Petropar ha seguido extendiendo el contrato. La empresa había ganado la licitación con un precio de US$ 610 por tonelada, un valor que ni Brasil consigue, y posteriormente la estatal admitió que era insostenible.
Además, Petropar no verificó la capacidad financiera de la empresa y gestionó la adjudicación mediante un procedimiento especial de contratación con publicación posterior de documentos, un mecanismo para eludir controles. Incluso se publicó el pliego de bases y condiciones meses después de la adjudicación, violando la Ley 7021 de Contrataciones Públicas.
Las repetidas extensiones también podrían contravenir dicha ley, que solo permite modificaciones de hasta un 20% del plazo o monto, y únicamente por causas imprevistas que no beneficien al proveedor. La empresa debía entregar el carburante hace un año, entre octubre y noviembre del año pasado, pero sigue sin cumplir. Petropar sigue extendiendo el contrato sin fijar plazos de entrega.
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