/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/NJXM4NRYVRB6PFIIYNL5GPDYZM.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Peña separa a Claudia Centurión de contrato con empresa relacionada.")
Mediante el decreto N° 1464, el presidente de la República, Santiago Peña, apartó a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, de las gestiones de un contrato ejecutado por la empresa Jiménez Gaona y Lima, vinculada al grupo Cartes. Centurión trabajó en esta empresa antes de ocupar su cargo ministerial.
El contrato en cuestión fue firmado en abril de 2021, durante la gestión de Arnoldo Wiens como titular del MOPC. La ingeniera Claudia Centurión rubricó el contrato en nombre del grupo liderado por la firma Jiménez Gaona y Lima SA, en consorcio con Itasa SA, Proel Ingeniería y MM SA. Esta obra continúa en ejecución.
En respuesta, el presidente Peña designó al Ing. Hugo Agustín Arce Palma, Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, como Ministro Sustituto del MOPC. Arce Palma será responsable de todos los procesos administrativos y trámites relacionados con el Contrato S.G. N° 152/2021, en reemplazo de la Ministra Titular, según lo estipulado por la ley.
La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social, con sectores que respaldan la decisión presidencial y otros que la cuestionan. La vinculación de la ministra Centurión con la firma Jiménez Gaona y Lima ha despertado suspicacias sobre posibles conflictos de interés en la gestión de contratos públicos.
La transparencia en la administración de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción han sido temas recurrentes en el gobierno actual. La decisión de apartar a la ministra del MOPC de un contrato vinculado a su pasado laboral es vista como un paso en la dirección correcta para garantizar la integridad en la ejecución de obras públicas.
Se espera que el Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones asuma sus nuevas responsabilidades con eficiencia y transparencia. La sociedad civil y los sectores interesados estarán atentos al desarrollo de esta situación y a futuras acciones que promuevan la ética y la legalidad en la ejecución de obras de infraestructura en el país. La lucha contra la corrupción es un compromiso vigente en la agenda nacional.
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