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Peña se fotografía con persona sancionada por OFAC el día que recibe a autoridades de EE.UU.

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Peña se fotografía con persona sancionada por OFAC el día que recibe a autoridades de EE.UU.
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El presidente Santiago Peña se encontró en una situación políticamente contradictoria: mientras el gobierno recibía a importantes figuras de Estados Unidos, el mandatario fue fotografiado aceptando un regalo de Liz Paola Doldán González, una empresaria sancionada por la OFAC.

El jueves, altos cargos de Estados Unidos, como Roosevelt Ditlevson, Joseph Humire, y Michael Jensen, fueron recibidos en Paraguay para discutir cooperación en defensa y seguridad regional, así como la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el compromiso con EE.UU. quedó en entredicho por una imagen de Peña con Doldán, sancionada desde 2021 por involucrarse en esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero, superando los 600 millones de dólares.

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Liz Paola Doldán es señalada por el Departamento del Tesoro de utilizar su empresa para importaciones fraudulentas desde Miami, disfrazando teléfonos como productos más baratos. Este esquema, parte del cual fue desarticulado en 2019, habría generado 675 millones de dólares mediante sobornos a funcionarios aduaneros.

Doldán figura junto a otros paraguayos en la lista Magnitsky, como los exlíderes Horacio Cartes y Hugo Velázquez. La foto con Doldán desafía el mensaje de transparencia que Peña intenta proyectar, especialmente hacia las autoridades de EE.UU.

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Habitantes demandan una respuesta de la Essap sobre el vertido de aguas residuales en el arroyo Pindoty.

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Habitantes demandan una respuesta de la Essap sobre el vertido de aguas residuales en el arroyo Pindoty.
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CORONEL OVIEDO

Residentes de la comunidad de Pindoty, perteneciente a los distritos de Coronel Oviedo y Nueva Londres, se congregaron frente a las oficinas de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) en Coronel Oviedo al mediodía. Demandaron una solución permanente al problema de vertido de aguas residuales mal gestionadas en el arroyo Pindoty, que atraviesa sus comunidades. Acusan a la empresa estatal de inacción.

Los manifestantes piden que la compañía estatal construya un nuevo estanque de tratamiento, ya que en la actualidad los desechos líquidos de Coronel Oviedo, y próximamente del Hospital General, son arrojados al arroyo Pindoty tras un tratamiento que consideran ineficaz y altamente contaminante.

También solicitan plantar eucaliptos mentolados alrededor para purificar el aire y reducir los olores desagradables que emiten los estanques actuales.

Los residentes afirman que las aguas supuestamente tratadas tienen un color verdoso, perjudicando la flora y fauna local.

Rubén Villalba, uno de los manifestantes, alertó que Essap pretende usar el mismo sistema para seguir vertiendo aguas residuales en estanques antiguos ya colapsados. Argumentó que la propuesta de un filtro no resolverá el problema y que la comunidad no aceptará soluciones parciales.

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Por su lado, Essap propuso instalar un filtro en la salida de los estanques para aclarar el agua vertida al arroyo. La inversión estimada es de G. 2.500 millones, y la licitación ya está en proceso.

La planta de tratamiento de aguas residuales de la Essap ubicada en Pindoty, Coronel Oviedo.

Juan Celso López, gerente comercial de Regiones del Interior de Essap, indicó que informes técnicos apoyan la instalación de filtros, lo cual eliminaría el color verdoso del agua descargada. Afirmó que se cumplen los estándares de tratamiento, por lo que un nuevo estanque no mejoraría notablemente la situación.

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Sin embargo, los habitantes rechazan la propuesta y aseguran que impedirán la entrada de maquinaria hasta que se satisfagan sus demandas.

El pasado 20 de julio, se hallaron decenas de peces muertos en los estanques de Essap, aparentemente debido a contaminación o manejo inadecuado de residuos. Esto provocó indignación en la comunidad, pero aún no hay una solución definitiva al problema.


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Médicos piden al cardenal intervenir por corrupción en Salud

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Médicos piden al cardenal intervenir por corrupción en Salud
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El Círculo Paraguayo de Médicos publicó un comunicado en el que pide la mediación del cardenal Adalberto Martínez ante la corrupción en el Ministerio de Salud.

Desde el 8 de septiembre, están promoviendo una campaña nacional contra la corrupción en el ámbito de la salud.

Dirigen sus palabras al cardenal Adalberto Martínez Flores, destacándolo como la principal autoridad moral del país, para denunciar corrupción que afecta el derecho a la vida dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Se menciona al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), creado por ley para ayudar a pacientes con patologías complejas, con un presupuesto anual de aproximadamente 20 millones de dólares.

“Sin embargo, actualmente opera bajo el control de una sola persona, sin rendición de cuentas ni información clara sobre el uso de los fondos,” destaca el comunicado.

Esta situación ha provocado que muchos pacientes, a pesar de cumplir todos los requisitos, no reciban la cobertura necesaria. Algunos incluso fallecieron esperando respuesta, mientras que otros nunca recibieron los beneficios asignados. También se usaron fondos para situaciones no prioritarias, desviando el propósito del Fondo.

Una denuncia fue presentada al Ministerio de Salud, pero solo recibieron silencio como respuesta. Ante esto, acudieron a la Contraloría, que confirmó las denuncias y recomendó un plan de mejora en 30 días, plazo que no se cumplió, indicando una falta de interés por la legalidad.

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Han solicitado también que se remuevan y se investigue a todos los miembros del Comité Ejecutivo del Fonaress, y que la Contraloría remita el caso a la Justicia para una intervención inmediata del Fondo.

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“Hasta ahora, ninguna de estas acciones ha tenido seguimiento, y la corrupción sigue impune”, afirma el comunicado.

El Círculo Paraguayo de Médicos se dirige al cardenal para pedir respetuosamente dos acciones:

  1. Mediación ante el Poder Ejecutivo y la Contraloría para intervenir el Fonaress, investigar a sus responsables y llevar el caso a la Justicia.

  2. Apoyo a la campaña contra la corrupción en salud, buscando respaldo y alcance en la sociedad en un país mayoritariamente creyente.


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Solicitan arresto y supervisión electrónica para joven investigado por abusos

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Solicitan arresto y supervisión electrónica para joven investigado por abusos
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El Ministerio Público ha solicitado que Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo, de 19 años, sea puesto bajo arresto domiciliario y se le coloque una tobillera electrónica. Esta medida se pide en el contexto de un segundo caso de supuesto abuso sexual, con una audiencia para establecer reglas especiales programada para el jueves en un Juzgado Penal de la Adolescencia en la capital.

El 16 de septiembre, el fiscal Hernán Mendoza imputó a Gorostiaga por presuntos delitos contra la autonomía sexual, solicitando arresto domiciliario y una tobillera electrónica para vigilancia. La audiencia para imponer medidas especiales, según el artículo 427 del Código Procesal Penal, se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre a las 8:30 ante el juez Matías Garcete. Dicha audiencia es especial ya que el imputado era menor al momento del delito.

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Gorostiaga también enfrenta otra causa por coacción sexual, donde ya se le ha impuesto arresto domiciliario desde agosto, bajo la supervisión de la fiscala María Angélica Insaurralde.

El fiscal Mendoza pide medidas como el arresto y la tobillera para monitoreo debido a las dos causas abiertas.

La denuncia actual se basa en un hecho de abril 2023 en Asunción, cuando tanto la víctima como el imputado eran menores. La víctima relató que en una fiesta se sintió mareada y, al ser llevada a una habitación para descansar, Gorostiaga supuestamente abusó de ella.

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Gorostiaga ya tiene arresto domiciliario por una acusación de coacción sexual de otra compañera, decisión tomada por el juez Raúl Florentín en agosto. Esta acusación se relaciona con un evento en mayo en el barrio Manorá, donde la víctima reportó ser abusada mientras dormía tras una fiesta.

Gorostiaga enfrenta cargos por hechos reportados incluso cuando las víctimas estaban vulnerables y no podían defenderse.

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