El presidente de la República, Santiago Peña, enfrentará la controvertida ley de «protección de datos personales», la cual podría ser el golpe final a las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Esto también pondrá a prueba su coherencia, ya que en un foro internacional se comprometió a luchar por la transparencia hasta el último día de su mandato.
Con la aprobación del Congreso de esta ley, Peña tiene la opción de promulgarla o vetarla total o parcialmente, mostrando así congruencia con sus declaraciones en el Foro Global sobre Transparencia de hace un año.
Durante dicho foro, Peña afirmó su convicción de que la transparencia y el acceso a la información pública son clave para consolidar la democracia. Ahora, la ley de protección de datos personales será una prueba crucial para él.
La ley, que tiene 60 artículos, enfrenta objeciones especialmente en el artículo 24, que podría debilitar las leyes de transparencia al requerir permiso para acceder a ciertos datos de funcionarios públicos, datos que actualmente son accesibles por ley.
Si se convierte en ley, permitiría a un funcionario negarse a que se divulguen ciertos datos, como la asistencia o formación académica, entre otros. Un órgano estatal decidiría sobre el acceso a dicha información.
El ejecutivo aún no ha recibido oficialmente la ley aprobada por el Congreso. Una vez recibida, tendrá 20 días hábiles para tomar una decisión. Si no actúa en este tiempo, la ley será promulgada automáticamente. Si opta por vetarla total o parcialmente, el proyecto regresará al Congreso para un último análisis.