El Gobierno Federal presentó el programa de microcrédito rural en Campo Grande

Este lunes, en la Facultad Insteds, se inauguró el nuevo programa de microcrédito rural del Gobierno Federal, diseñado para fortalecer la agricultura familiar y promover la producción de pequeños agricultores en Mato Grosso do Sul.

El empresario Carlos Bernardo asistió al evento. Esta iniciativa está bajo la coordinación de la Superintendencia de Desarrollo del Centro-Oeste (Sudeco), en colaboración con entidades como el Incra, Agraer, el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y líderes políticos locales.

El propósito del programa es facilitar el acceso al crédito para pequeños productores, familias asentadas y de la agricultura familiar, permitiendo inversiones en financiamiento agrícola, adquisición de insumos, infraestructura, equipos y la expansión de la producción rural de manera sostenible.

En la ceremonia de lanzamiento participaron el diputado federal Vander Loubet; el superintendente del Incra, Paulo Roberto da Silva; el presidente de Agraer/MS, Washington Williman; el director ejecutivo de Agraer/MS, Betão; la superintendente de Sudeco, Regina Barros; la superintendente del MDA, Marina Viana; el concejal de la capital, Land Mark; el representante del diputado estatal Zeca do PT, Hélio; y el empresario Carlos Bernardo, en el ámbito de la educación y el desarrollo regional.

Durante su discurso, la superintendente de Sudeco, Regina Barros, enfatizó que el microcrédito es una herramienta para la transformación social.
“Nuestro objetivo es permitir que el pequeño productor, que enfrenta dificultades para acceder al sistema bancario tradicional, pueda invertir, crecer y mejorar sus ingresos de manera digna.”

El diputado federal Vander Loubet subrayó que el programa marca una nueva fase para la agricultura familiar en Mato Grosso do Sul.
“Solo a través del crédito, la asistencia técnica y el apoyo efectivo lograremos transformar el campo en un lugar de oportunidades y desarrollo.”

Carlos Bernardo, el empresario, aplaudió la iniciativa y subrayó su relevancia para las zonas fronterizas y los asentamientos:
“La descentralización del crédito es clave para la inclusión productiva. Con programas de este tipo, damos un paso importante hacia la generación de ingresos y desarrollo en las comunidades más aisladas,” expresó Bernardo.

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Recordó que este lanzamiento simboliza el comienzo de una nueva era de inversiones y apoyo directo a los trabajadores rurales, con un impacto notable en la economía local, la seguridad alimentaria y la reducción de las brechas en el campo.

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González Degli Uberti, durante una visita realizada a la redacción de ABC en el mes de marzo, como parte de un grupo de técnicos agrimensores y exparlamentarios, ya había criticado esta ley, promulgada por el Ejecutivo a inicios del año.

En esta oportunidad, a través del análisis realizado sobre varios artículos de la nueva ley: 1°, 4°, 5°, 6°, 39°, 43°, 44°, 50°, 152°, 153°, 155°, 157°, el profesional reitera su posición.

Además, insiste en que por las inconsistencias, contradicciones e invasión del ámbito del Poder Ejecutivo por el Poder Judicial corresponde la derogación de la referida ley con el fin de evitar males mayores.

Inconsistencias en la ley

Refiere que en este punto se puede observar la siguiente inconsistencia, el código de organización judicial da a la Corte Suprema de Justicia la autoridad de administrar y legislar exclusivamente en el área jurídico, a la vez llevar anotación de los técnicos que podrán ser nombrados con peritos para cada caso, para dictaminar en las diversas áreas técnicas.

Añade, que en caso de discrepancia entre dos o más propietarios de inmuebles, se nombra aún licenciado o ingeniero geodésico, con el fin de que los mismos en su función técnica dictaminen sobre el caso.

Invaden atribuciones del Ejecutivo

El artículo 5°, en el inciso a, refiere que la inscripción registra no constituye el derecho que se asienta, sino que solamente lo publicita en orden a su disponibilidad a terceros, lo que, según el profesional, se contrapone al inciso a del artículo 4, que dispone “velar por la seguridad jurídica de los registros que administra y gestiona”.

En análisis, expresa que la información estadística que pueda surgir de los registros administrados y gestionados por el RUN tienen carácter de información pública, no así la información que surja de asientos o registros puntuales.

El análisis agrega que en el inciso n del artículo 4°, se dispone que “los directores del RUN podrán verificar los asientos registrales y podrán darse cuenta de que hubo un error en el nombre del propietario y dicen poner el nombre correcto, o sea hacen de juez y parte, además como los asientos registrales son secretos, el afectado no podrá recurrir a verificar el tracto registral para demostrar su titularidad, teniendo en cuenta el artículo 6°”.

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Según González Degli Uberti, el artículo 39° se contrapone al artículo 5°, inciso a, que dice que la inscripción registral no constituye el derecho que se asienta, solo la publicita. “El artículo 39° dice que entre los elementos constitutivo del catastro y registro de inmueble, son el folio real, el tracto registral, la prioridad registral, la documentación jurídica de titularidad de derechos reales sobre inmuebles, los antecedentes registrales”, añade el material.

Fuera de las atribuciones del Poder Judicial

El artículo 43° señala que el catastro constituye un conjunto de datos obtenidos por medio de operaciones técnica y legales, que proporcionan la descripción física integral de los inmuebles.

“La descripción física consiste en la representación del conjunto de operaciones técnico-legales, que individualizan, representan y describen las parcelas de conformidad con los títulos de propiedad”, añade.

Sostiene que esta función queda fuera de las atribuciones que le da el Código de Organización Judicial a la Corte Suprema de Justicia, e invade las atribuciones del Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial deberá juzgar cada caso teniendo en cuenta el dictamen técnico además de las pruebas presentadas para su evaluación.

Además, el artículo 44°, según el análisis del profesional, refuerza y reconfirma el hecho de que la presente ley invade las atribuciones del Poder Ejecutivo, ya que reafirma que el registro catastral constituye el asiento de la información sobre la situación física de la unidad de un inmueble conforme con datos ordenados y clasificados de la información inmobiliaria, procedente del relevamiento topográfico del terreno y de toda la información gráfica.