Nacionales
Paraguay y su posición en los flujos financieros ilícitos en la región
El reporte «Estado de la Justicia Fiscal 2024» de Tax Justice Network ofrece un análisis del problema mundial de la evasión y elusión fiscal mediante paraísos fiscales y jurisdicciones con alto secreto financiero. En América Latina y el Caribe, las disparidades son notables: algunos países tienen un papel importante en la pérdida fiscal global, mientras que otros muestran una influencia menor pero con vulnerabilidades estructurales.
En este escenario, Paraguay contribuye con 0,01% en la pérdida fiscal global, una cifra modesta comparada con contribuyentes importantes como Panamá (2,16%), Brasil (1,79%) y Puerto Rico (1,57%). Esta baja participación no significa inmunidad, sino que revela un sistema tributario en desarrollo y menos impacto en los flujos financieros internacionales.
Panamá sigue siendo clave en la facilitación de la pérdida fiscal global, ocupando el puesto 28 en el Corporate Tax Haven Index (CTHI) 2024, con una puntuación de 72,2. Esto destaca su papel como centro financiero offshore con regímenes fiscales atractivos. Brasil, en el puesto 56 del CTHI con una puntuación de 38,5, es un actor significativo debido a su importancia económica y tamaño de mercado.
En Paraguay, el país está en la posición 117 en el Financial Secrecy Index (FSI) 2022, con una puntuación de 62,6 y una participación del 0,2%, similar a Bolivia y Perú. Esto sugiere que Paraguay puede mejorar en transparencia financiera, especialmente en intercambio de información tributaria y regulación de sociedades anónimas. Aunque no es un paraíso fiscal, su regulación carece de controles robustos contra flujos ilícitos.
El informe también destaca que Paraguay no aparece entre los principales en el Corporate Tax Haven Index, lo que refleja su bajo perfil como destino de inversión offshore. Sin embargo, su ubicación y fronteras con Brasil y Argentina podrían hacerlo vulnerable a capitales opacos.
La región caribeña y centroamericana tiene las mayores concentraciones de riesgo. Panamá, Puerto Rico y, en menor medida, Costa Rica (posición 31 en el CTHI) son centros de flujos financieros extraterritoriales. Costa Rica tiene una infraestructura legal que facilita el movimiento de capitales, pero con baja participación (0,7%).
Otros países como México y Chile muestran niveles intermedios, equilibrando transparencia y atractivo financiero. El reporte confirma que América Latina tiene una estructura desigual en justicia tributaria.
Paraguay, aunque con baja incidencia, enfrenta riesgos. Su regulación podría fortalecerse en supervisión financiera y cooperación internacional para evitar ser un punto débil en la lucha contra flujos ilícitos. El desafío es consolidar su reputación como una economía emergente transparente y confiable, atrayendo inversiones legítimas sin promover la opacidad.
Nacionales
PGN 2026: Propuestas de incremento desde el sistema judicial alcanzan US$ 94,8 millones
En la reciente sesión informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, celebrada el lunes pasado, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública solicitaron aumentos por más de G. 747.000 millones (US$ 94,8 millones).
Los principales referentes del Poder Judicial y sus organismos auxiliares defendieron sus proyectos de presupuesto para 2026 ante dicho comité. Esta comisión del Poder Legislativo se encarga de analizar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año fiscal.
El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento una propuesta de presupuesto de G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones) el 25 de agosto, lo que representa un aumento del 12% respecto al presupuesto de 2025. En este documento, se asignan a la Corte Suprema de Justicia poco más de G. 1,9 billones (US$ 243,1 millones), también un 12% más que el año anterior.
El Ministerio Público recibe G. 763.074 millones (US$ 96,8 millones), un 0,8% más, y el Ministerio de la Defensa Pública, G. 294.333 millones (US$ 37,3 millones), con un incremento del 1,5%. Sin embargo, las instituciones buscaron más recursos ante la bicameral.
La Corte Suprema solicitó un presupuesto de más de G. 2,3 billones (US$ 291,8 millones), un aumento de G. 421.347 millones sobre lo asignado por el Ejecutivo. El Ministerio Público pidió más de G. 1 billón (US$ 134 millones), un incremento de G. 293.531 millones frente a la propuesta inicial. El Ministerio de la Defensa Pública solicitó una adenda de G. 32.548 millones.
El total solicitado por las tres instituciones supera la propuesta del Ejecutivo en G. 747.428 millones (US$ 94,8 millones). También solicitan la creación de unos 1.505 cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, además de mejoras salariales y beneficios para los empleados.
La Comisión Bicameral se reunirá nuevamente el jueves 9 para recibir a 17 gobernadores que defenderán sus proyectos de presupuesto para 2026, quienes podrían también solicitar más fondos.
El gobernador de Guairá, César Sosa, representando al Consejo de Gobernadores, se reunió con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, para evaluar los presupuestos de las gobernaciones y los programas financiados por el gobierno. Según Sosa, se discutió la gestión del programa Hambre Cero, administrado por 15 Gobernaciones, y se busca optimizar su implementación.
Nacionales
Constructora vinculada al grupo Cartes obtiene contratos millonarios para hospitales mediante Itaipú
La empresa constructora Jiménez Gaona y Lima (JGL), relacionada con el Grupo Cartes, ha vuelto a destacarse en las licitaciones de importantes obras públicas. A través de Itaipú Binacional, el Gobierno, en consorcio con otras compañías, le otorgó la construcción de los hospitales de Curuguaty y Mariscal Estigarribia por un total de 44 millones de dólares. Se sospecha de un conflicto de intereses, ya que Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, fue gerente general de JGL, hoy forma parte del consejo de Itaipú y dirige el ministerio responsable de ejecutar estas obras.
La empresa JGL, relacionada con el Grupo Cartes, se afianza como una de las principales favorecidas con las adjudicaciones de los hospitales promovidos por el gobierno de Santiago Peña, a través de Itaipú Binacional bajo la administración de Justo Zacarías. El expresidente Horacio Cartes había transferido sus acciones en febrero de 2023 a sus hijos, tras ser declarado “significativamente corrupto” por EE.UU. en julio de 2022. Actualmente, JGL lidera las adjudicaciones en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en los procesos de licitación de Itaipú. Las obras serán ejecutadas por el MOPC, liderado por Centurión, mediante acuerdos con Itaipú y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
El MOPC confirmó que Itaipú adjudicó al Consorcio Norte Salud—integrado por JGL, Proel Ingeniería e ITASA—el diseño y construcción del Hospital General de Curuguaty. El monto del contrato es de más de 19 millones de dólares y se ejecutará en 24 meses. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó al Consorcio Salud Occidental S.A.E., integrado por JGL, Proel e ITASA, el diseño y construcción del Hospital General del Chaco en Mariscal Estigarribia por un total de 25 millones de dólares, con un plazo de 21 meses.
Claudia Centurión fue gerente general de JGL antes de asumir como ministra del MOPC, que ahora ejecutará las obras adjudicadas a través de Itaipú. Respecto a un posible conflicto de intereses, Centurión afirmó estar inhibida de los procesos y que ha cumplido con los procedimientos legales pertinentes. Sin embargo, omitió que desde septiembre de 2024 también forma parte del Consejo de Administración de Itaipú, lo que le confiere influencia en ambas instituciones involucradas. Ante la pregunta sobre la designación del equipo técnico encargado de supervisar los trabajos de su exempresa, Centurión prefirió no responder y se retiró de la entrevista.
La Policía Nacional del Perú (PNP) es sospechosa de estar protegiendo al delincuente peruano Erick Luis Moreno Hernández, conocido como «El Monstruo». La PNP ahora alega que fue el mismo criminal quien tramó su detención en Paraguay para apoderarse de la recompensa por su captura. La Policía de Paraguay sospecha que Perú no quiere recompensar al informante paraguayo que denunció al fugitivo.
Erick Luis Moreno Hernández, peruano de 34 años y el criminal más buscado de Perú, fue arrestado el 24 de septiembre en una casa alquilada en San Lorenzo, gracias a la información de un informante paraguayo. El comisario Luis López, jefe de Crimen Organizado de Paraguay, había compartido estos datos con su contraparte en Perú, coronel José Manuel Cruz Chamba.
El informante paraguayo debería recibir un millón de soles, aproximadamente 288,000 dólares o al menos 2,030,000 guaraníes, como recompensa del Gobierno de Perú. Sin embargo, según el coronel Cruz, Moreno habría planeado su captura para quedarse con la recompensa y compartir el dinero con su amante paraguaya, Dahiana Jazmín Martínez Valdez, quien supuestamente está embarazada.
El coronel Cruz afirmó que Martínez Valdez utilizaba el sistema financiero para obtener dinero de las extorsiones y asesinatos cometidos por la banda de Moreno, y se cree que ella recibirá la recompensa. El jefe de Crimen Organizado de Paraguay, Luis López, negó que Dahiana fuera la informante y acusó al coronel Cruz de conocer la verdad.
El coronel Cruz llamó a López un estafador y afirmó que la PNP no solo no ayudó en la detención, sino que también avisaba a Moreno sobre las operaciones en su contra.
Erick Luis Moreno Hernández está detenido en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza en Emboscada, pendiente de extradición a Perú. La Policía de Paraguay sigue examinando los celulares incautados de Moreno, que podrían contener evidencia de policías corruptos que lo ayudaban desde Perú.
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