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Paraguay recibirá menos de US$ 1.250 millones de Itaipú, según senador.

El senador Rafael Filizzola cuestionó de dónde el gobierno de Santiago Peña saca los números para asegurar que Paraguay recibirá US$ 1.250 millones anuales con la nueva tarifa de Itaipú, cuando el monto sería apenas de US$ 116 millones, según afirmó.

El senador Filizzola expresó su preocupación por la justificación de los US$ 1.250 millones anuales que el Gobierno de Santiago Peña asegura que Paraguay recibirá con la nueva tarifa de Itaipú. Esta cifra contrasta con los US$ 1.000 millones que el país ya percibía por la cesión de energía.

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Filizzola considera que es fundamental incluir los fondos obtenidos de Itaipú con la nueva tarifa en el Presupuesto General de la Nación (PGN) por una cuestión de transparencia y principio democrático. Asegura que el debate del presupuesto debe ser público y abierto para que la ciudadanía pueda participar y manifestar sus opiniones.

En caso de que el Poder Ejecutivo se resista a incluir estos fondos en el PGN, Filizzola advierte que podría utilizarse el dinero para fines de clientelismo y cuestiones electorales, en lugar de destinarse al beneficio público. Destaca la importancia de aprovechar adecuadamente los recursos de Itaipú para evitar futuras crisis energéticas y garantizar un suministro suficiente para el país.

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El senador Filizzola critica la falta de eficiencia en la gestión de los recursos de Itaipú en el pasado, señalando que Paraguay ha recibido grandes cantidades de dinero que no han sido aprovechadas de manera adecuada. Advierte que, de no corregir esta situación, el país podría enfrentar una escasez energética en un futuro cercano, poniendo en riesgo su desarrollo y estabilidad.

Ante este panorama, Filizzola insta a las autoridades a actuar con responsabilidad y transparencia en la administración de los recursos de Itaipú, garantizando su uso eficiente en beneficio de toda la población. Asimismo, llama a la ciudadanía a mantenerse informada y participar activamente en el debate sobre el presupuesto nacional, para exigir una gestión transparente y responsable de los fondos públicos.

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