Nacionales
Paraguay expulsa a brasileño condenado por estupro en su país que estaba escondido en Alto Paraná
Un brasileño, condenado a 14 años por estupro en su país, estaba escondido en la ciudad de San Alberto, Departamento de Alto Paraná, donde fue detenido por la Policía Nacional. Una vez capturado, fue expulsado del país por violación de la Ley de Migraciones.
El brasileño fue identificado como Simey Pierro da Silva, con orden de captura pendiente en Brasil por el delito de estupro de vulnerables.
Su detención se produjo sobre la avenida Mariscal López del centro urbano de San Alberto, en Alto Paraná, a unos 80 kilómetros al norte de Ciudad del Este.
Los agentes del Departamento de Convenio y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional procedieron a verificar sus antecedentes a través del Comando Tripartito con el Núcleo de Inteligencia de la Policía Federal y confirmaron su identidad con la orden de captura.
Da Silva fue condenado por un tribunal de justicia del estado de San Pablo a 14 años de prisión, pero estaba prófugo.
El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, pero como la situación migratoria del brasileño era irregular, fue expulsado del país por resolución N.° 223 de la Dirección Nacional de Migraciones, por vía administrativa.
Los agentes policiales, funcionarios de Migraciones del Puente de la Amistad y militares del Área Naval del Este procedieron a dar cumplimiento a la expulsión, entregando al detenido a la Policía Federal para ser puesto a disposición de la Justicia de su país, en el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional.
Fuente: Última Hora
En la ciudad de Coronel Oviedo, se llevó a cabo la presentación oficial de las tobilleras electrónicas para ciertos procesados judiciales, en el Palacio de Justicia.
El servicio costará G. 2.006.600, pero si se comprueba que la persona es insolvente, el Estado cubrirá esos gastos.
Se realizará un estudio técnico sobre la conectividad en Caaguazú y otros factores necesarios antes de implementar el sistema. Tras este análisis, se comenzará a utilizar las tobilleras electrónicas.
El jefe del sistema de vigilancia del 911 en Caaguazú, Crio. Vicente Chaparro, informó que el sistema 911 monitoreará Caaguazú y San Pedro. Si se detectan irregularidades en los usuarios de tobilleras, se coordinarán acciones rápidas con las comisarías cercanas.
El centro de monitoreo estará en Asunción, pero habrá coordinación para actuar eficientemente ante cualquier problema.
El fiscal delegado de Coronel Oviedo, Fermín Segovia, explicó que se realizará una verificación técnica del lugar donde estará el beneficiario para asegurar que cumple con los requisitos para usar la tobillera. La decisión de otorgar una tobillera dependerá de cada juez, y ésta está disponible para todos los delitos del Código Penal.
La presidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, jueza Sandra Porto, mencionó que el uso de las tobilleras busca aliviar la saturación en las cárceles llenas de procesados sin condena. El dispositivo brinda seguridad judicial y se implementará a solicitud del individuo afectado.
Las tobilleras cuentan con un sistema de alarma que se activará desde el centro de monitoreo si se detectan irregularidades en el comportamiento del procesado.
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, detalló el tema central que se abordará en la convención extraordinaria de su partido este fin de semana en Caacupé. Habló sobre el «dinamismo diferente» que el PLRA y la oposición están adoptando para las elecciones municipales de 2026.
En una entrevista con ABC Cardinal, Fleitas explicó que el objetivo de la convención es autorizar al directorio del PLRA para ratificar acuerdos de alianza o concertación que se logren en varios distritos del país de cara a los comicios municipales, lo cual requiere su aprobación.
Se espera una «concurrencia importante» de alrededor de 600 miembros del partido.
Sobre el tema del «dinamismo diferente», Fleitas mencionó que después de la derrota del PLRA por el Partido Colorado (ANR) en 2023, el partido se está preparando de manera más dinámica para las elecciones municipales del próximo año. Se observa una mayor «madurez» dentro de la dirigencia y en la oposición, con acuerdos ya establecidos en muchas áreas donde antes hubo candidaturas múltiples en 2021.
Asimismo, Fleitas destacó la elección municipal extraordinaria en Ciudad del Este para elegir al reemplazo del destituido intendente Miguel Prieto. El PLRA ha decidido apoyar unánimemente a Daniel Mujica, candidato del movimiento Yo Creo de Prieto. Según Fleitas, esta elección «marcará el rumbo» hacia las municipales de 2026 siendo la primera batalla electoral significativa entre el cartismo y la oposición desde 2023.
Nacionales
Uso excesivo de prisión preventiva provoca saturación en cárceles, alerta el Mecanismo de Prevención de la Tortura
Un representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura comentó que la prisión preventiva como recurso inicial en los procesos judiciales contribuye a la sobrepoblación en las cárceles. Esta situación empeora debido a que las personas privadas de su libertad son trasladadas a prisiones lejos de su hogar, lo que ralentiza los procesos legales.
En un informe reciente, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura destacó que la sobrepoblación en las cárceles paraguayas persiste en gran parte por el uso excesivo de la prisión preventiva para quienes aún no tienen condena firme. Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo, expresó preocupación por este uso predominante de la prisión preventiva por parte del Poder Judicial hacia las personas.
El informe revela que, hasta agosto de este año, el 61.6% de los hombres en prisión en Paraguay (unas 11,319 personas) estaban procesados sin condena, mientras que el 38.4% (7,067 personas) ya habían sido condenados. Castillo explicó que este uso liberal de la prisión preventiva genera hacinamiento, con algunas cárceles mostrando una sobrepoblación de hasta el 1,000%.
También destacó el problema del «desarraigo» debido al traslado de procesados a prisiones lejanas, alejándolos de sus familias y abogados, lo que retarda los procesos judiciales. Esto significa que personas que deberían estar en prisión por meses terminan encerradas durante años, facilitando además su reclutamiento por organizaciones criminales.
Castillo señaló que el Ministerio de Justicia no cuenta con un sistema adecuado para supervisar a quienes obtienen medidas alternativas a la prisión, como el arresto domiciliario. Sugirió que, además de la Policía, debería haber un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y abogados para asegurar el cumplimiento y facilitar la reinserción social.
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