El Juzgado de Garantías de la causa admitió la imputación y procesó por supuesta reducción y producción de documentos no auténticos a Ramón Alberto Guillén Ortiz, padre de la auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén; y al escribano Julio Cáceres Carrillo. La audiencia de imposición de medidas será el viernes 21 de abril.
La presente causa está relacionada con la auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén González, quien el pasado 12 de marzo, cayó con una camioneta lujosa que fue robada en Brasil y cuya chapa fue verificada como falsa por la Policía.
Auxiliar fiscal cayó con camioneta robada en Brasil
La imputación presentada por el fiscal Óscar López señala que la camioneta Toyota tipo Hilux año 2021,que estaba al mano de la auxiliar fiscal Claudia Guillén, fue retenida en un control rutinario de la Policía sobre la avenida Madame Lynch.
La conductora intentó huir, pero fue perseguida por los agentes policiales intervenientes hasta la avenida José Asunción Flores, en la zona de la Costanera Norte, donde fue interceptada.
Al verificar el número de chasis del rodado, los intervinientes descubrieron que el vehículo fue denunciado como robado en el estado de Santa Catarina, Brasil, el 26 de noviembre de 2022. Además, la chapa de la camioneta pertenece a otro vehículo similar, por lo que se sospecha de un presunto caso de clonación.
Claudia Guillén, con arresto gracias a millonaria fianza
La auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén González fue la primera imputada en esta causa, por los supuestos hechos punibles de reducción y resistencia. Al presentar la imputación contra la funcionaria del Ministerio Público el fiscal Óscar López Laterza ordenó su detención.
Claudia Guillén se presentó, el martes 14 de marzo, en la Comisaría 10ª Metropolitana, acompañada de su abogado defensor, y quedó detenida en la sede de la Policía Urbana y Turística. Posteriormente, el juez de Garantías ordenó su prisión preventiva en la dependencia policial.
El viernes 17 de marzo, el juez Raúl Florentín revocó la prisión preventiva y otorgó el arresto domiciliario a la auxiliar fiscal de 29 años, bajo una fianza real de G. 1.000 millones, correspondiente en un inmueble. El magistrado consideró que con esta medida se desvirtúa el peligro de fuga de la procesada.
