Nacionales
«Orden de asesinato salió del Paraguay», asegura madre de Marcelo Pecci
Maricel Albertini, madre de Marcelo Pecci, aseguró que maneja la información sobre los posibles instigadores detrás del trágico asesinato del exfiscal paraguayo en Colombia.
Albertini se mantiene firme en la postura de que la orden para el asesinato del exfiscal provino del Paraguay y que fue ejecutada por personas que ocupan posiciones de poder. “No se necesitan tanques de guerra ni armas de gran calibre para encontrar a los responsables morales. Están entre nosotros. Son personas poderosas”, afirmó durante una entrevista con la 1020 AM.
Además, señaló que la mayoría de los responsables residen en Asunción, aunque también habría complicidades en el extranjero, incluyendo Brasil, Colombia o incluso la mismísima mafia italiana.
En cuanto al testimonio de Margareth Lizeth Chacón durante el juicio en el que fue condenada por el crimen, Albertini expresó su decepción por no revelar quién ordenó el asesinato, a pesar de contar con la información clave al respecto. “Es lamentable que Margareth se negara a hablar, ella sabe quién dio la orden porque recibió el dinero, pero guardó silencio”, comentó.
Cabe recordar que, Chacón fue condenada a 39 años de prisión por homicidio agravado y posesión ilegal de armas, siendo identificada como la organizadora y financista del asesinato. También es la esposa de uno de los condenados, Andrés Pérez Hoyos, y según la Fiscalía de Colombia, junto con Francisco Luis Correa Galeano, planificaron el homicidio.
Albertini compartió su dolor al recordar que ella misma había organizado la luna de miel de su hijo al tan cuestionado destino y que, incluso, le pidieron que elija otro país, sin imaginar que sería asesinado en la playa de Barú.
“Yo organicé el viaje de Marcelo. Nunca imaginé que le pasaría algo así. Él había estado muchas veces en Colombia en el pasado. Nunca pensó que esto podría sucederle. A pesar de nuestras advertencias sobre cambiar de lugar o apartamento, él siempre nos decía que no nos preocupáramos”, lamentó la mujer.
Por último, manifestó su confianza en la labor del Ministerio Público y sobre todo, de los excompañeros de su hijo, dijo que espera en que se haga justicia a través de las investigaciones en curso. “No tomaré justicia por mano propia, confío en sus colegas que están llevando a cabo la investigación”, sentenció.
Fuente: El Nacional
Este sábado en la Costanera de Asunción, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ofrece evaluación nutricional gratuita y actividades físicas al aire libre para conmemorar el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad.
Durante la jornada, se detectarán factores de riesgo relacionados con la obesidad y las enfermedades reumáticas. Bethania Machuca, nutricionista, destacó que la obesidad se debe principalmente a una mala alimentación y al consumo excesivo de alimentos ultraprocesados.
Principales causas de la obesidad:
- Alimentación inadecuada.
- Consumo alto de productos ultraprocesados.
- Falta de actividad física y sedentarismo.
- Consumo de alcohol y tabaco.
Para diagnosticar obesidad, se realizan mediciones antropométricas como talla, peso y circunferencia de cintura. En Paraguay, siete de cada diez adultos y uno de cada tres niños tienen sobrepeso. La prevalencia es mayor entre las mujeres, pero no hay gran diferencia con los hombres, ni entre zonas rurales y urbanas.
La obesidad es una enfermedad multicausal relacionada con factores de riesgo. Además, hoy en día, se observan en jóvenes enfermedades como hipertensión y diabetes tipo 2, que antes eran comunes en adultos mayores.
Factores que se pueden modificar:
- Alimentación saludable.
- Realización de actividad física.
- Consumo moderado de alcohol.
Se aconseja no seguir dietas disponibles en internet sin consultar a un nutricionista o médico, ya que pueden carecer de nutrientes esenciales.
Nacionales
Aproximadamente 1,000 presos podrían beneficiarse del uso de tobilleras electrónicas
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró hoy que cuentan con los recursos para utilizar alrededor de 1.000 tobilleras electrónicas y ya han identificado a las personas privadas de libertad que podrían beneficiarse de esta medida. Esta iniciativa es esencial debido al alto hacinamiento en las cárceles.
Durante una entrevista en ABC Cardinal y ABC TV, Nicora explicó que más de 1.000 reclusos cumplen los requisitos para usar dispositivos electrónicos de vigilancia. Este número se determinó tras una investigación detallada de la Unidad de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia, que expandió su equipo legal de uno a diez abogados.
Actualmente, el sistema penitenciario de Paraguay alberga 19.670 personas, superando con creces su capacidad de 12.000, lo que provoca un hacinamiento de más de 7.000 individuos.
El Ministerio de Justicia se centra en abordar las causas fundamentales del hacinamiento, más allá de construir nuevas cárceles, afirmó Nicora. Esto implica revisar casos judiciales y colaborar con el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público.
Aproximadamente el 64% de los internos (13.400 personas) tienen procesos judiciales abiertos sin una condena firme, lo que subraya el principio de presunción de inocencia de la Constitución Nacional, explicó Nicora.
Las 1.000 personas identificadas en este proceso, que están procesadas aunque no condenadas, podrían litigar en libertad o cumplir prisión domiciliaria mediante dispositivos electrónicos. La selección se centra en casos menos graves que no representan un riesgo serio para las víctimas.
Si se implementan estos dispositivos, la población carcelaria podría reducirse un 7,5%, y la cantidad de procesados disminuiría en un 10%, indicó Nicora. Estos 1.000 individuos equivalen a la capacidad de casi un centro penal completo.
Aunque el Ministerio de Justicia ha identificado a los potenciales beneficiarios, la decisión final de usar estos dispositivos recae en el juez penal. Dependiendo de la situación económica del usuario, los costos pueden ser cubiertos por el Estado.
La Corte Suprema de Justicia ha mostrado disposición para colaborar en este tema. Además, ya están disponibles los recursos para adquirir estos dispositivos, ya que el Ministro del Interior, Enrique Riera, gestionó los fondos necesarios en el Ministerio de Economía.
Actualmente, solo hay 20 dispositivos en uso, pero recientemente se aplicó uno a un interno en San Pedro. Nicora también mencionó que están explorando tecnologías complementarias, como el uso de smartphones para la georreferenciación y verificación de personas en prisión domiciliaria.
Además, están trabajando en mejorar las condiciones de vida en las prisiones, como en Minga Guazú y el nuevo Comple, y en combatir la corrupción y promover programas de reinserción social.
Si la Municipalidad no realiza el desembolso prometido a los jubilados de la Caja Municipal de Asunción para el lunes 20 de agosto, estos planean una gran protesta frente a la institución. Argumentan que cinco meses sin recibir pagos es injusto, ya que han contribuido durante toda su vida para asegurar una jubilación digna. Muchos ya no pueden comprar alimentos.
El intendente de Asunción, Luis Bello, pagó G. 2.580 millones a principios de octubre, cubriendo parte de la deuda desde abril. Sin embargo, la deuda que dejó el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez supera los G. 16.600 millones hasta agosto.
Floria Galeano, vocera de los jubilados, comentó que el retraso en los pagos también se debe a que la Municipalidad de Asunción está atrasada en los desembolsos a la caja, acumulando un retraso de siete meses. Pese a que el interventor Carlos Pereira hizo un esfuerzo por pagar, no lograron estar al día.
Los jubilados acordaron un pago inicial de 2.518 millones de guaraníes a principios de octubre, pero esperan otro desembolso significativo a mediados de este mes. Sin noticias del cumplimiento, organizan una manifestación para el martes 21. En Asunción, hay 1.708 jubilados afectados, y un poco más de 2.000 en todo el país.
Curiosamente, los jubilados del interior están al día con sus pagos, mientras que Asunción, siendo el mayor contribuyente, no ha cumplido. Floria Galeano expresa que esta situación, que afecta incluso a su acceso a alimentos básicos, es muy injusta después de décadas de contribuir por una vejez digna.
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