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La elección para el cargo de intendente de Ciudad del Este está programada para el 9 de noviembre, luego de que Miguel Prieto fuera destituido por la Cámara de Diputados tras una intervención en su administración.

Cuatro candidatos competirán por la intendencia: Roberto González de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la lista 1; Daniel Romero del Partido Ecologista (PE) en la lista 43; Daniel Mujica del Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña CDE 25 (MPICDE25) en la lista 123, vinculado al equipo de Prieto; y Celso “Kelembu” Miranda del Partido Patria Soñada (PS) en la lista 300.

Hay aproximadamente 273,000 votantes habilitados, y se espera una participación entre el 50% y 60%. Se usará papeletas de votación, según Carlos María Ljubetich, director de procesos electorales del TSJE.

Ljubetich indicó que el control con papeletas depende de los partidos, ya que la justicia electoral no participa directamente en las mesas, delegando el control a los partidos políticos involucrados.

El derecho a participar en las mesas se decide según las elecciones anteriores. Actualmente, correspondería integrar un representante colorado, uno liberal y uno del movimiento de Prieto. Sin embargo, si Cruzada Nacional no participa, habrá un sorteo entre los demás partidos.

A lo largo de tres elecciones pasadas, el partido con mayoría en las mesas frecuentemente perdió. La votación comenzará a las 7:00 y las mesas cerrarán a las 16:00. La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se proyecta para unas dos horas después.

En cuanto al traslado de electores, no se han registrado muchos casos, y se critica la ley vigente por no ser eficaz para tachas y reclamos.

Ljubetich mencionó que antes, al ser director del Registro Electoral, implementó reformas para asegurar la veracidad de los domicilios declarados por los electores. Sin embargo, la propuesta de verificación de domicilios sigue sin concretarse.

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Para las elecciones del 9 de noviembre, se aplicarán restricciones similares a las generales, como la prohibición de ingresar al cuarto de votación con un celular.

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El abogado Guillermo Duarte Cacavelos criticó el papel del Ministerio Público en el caso del músico Pablo Benegas, condenado por abuso sexual infantil. Afirma que la Fiscalía mostró «negligencia investigativa» y basó su acusación en pruebas mal gestionadas y testimonios no verificados.

En el juicio, Duarte Cacavelos describió la actuación fiscal como una «mala praxis» en el caso de Pablo Benegas, hallado culpable de abusar de una niña de 11 años en noviembre de 2023. Aunque el Tribunal también lo responsabilizó por producción de pornografía infantil, fue absuelto por duda en los delitos de proxenetismo y coacción sexual.

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Duarte Cacavelos criticó que la Fiscalía llegara al juicio sin verificar testimonios recogidos en cámara Gesell ni las evidencias digitales que sustentaban la acusación. Denunció que se trató de una investigación con graves deficiencias: «No se revisó la autenticidad de los videos, y a pesar de ello, se afirmó sin pruebas que las menores estaban drogadas o dormidas».

El abogado señaló una falla institucional, mencionando que tanto la Fiscalía como el Ministerio y la Defensoría de la Niñez fracasaron en su función. Según Duarte Cacavelos, el tribunal ignoró dos delitos y concentró la condena en una evidencia de cuestionable validez, habiendo manipulado el material digital del celular que estaba bajo control de la Fiscalía.

Además, explicó que el video clave provino de un mensaje de WhatsApp en el teléfono de Pablo Benegas, el cual fue revisado por asistentes fiscales sin la presencia de defensa. Duarte Cacavelos planea apelar, satisfecho de que los cargos más graves fueron descartados, pero cuestiona la validez de la prueba mantenida.

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El diputado Hugo Meza, aliado cartista, mencionó que la noche del martes pasado un grupo de diputados, leales al presidente Santiago Peña, se reunió con él para reafirmar su apoyo y sugerirle que aclare las dudas sobre los «Sobres del Poder». Peña les indicó que hablaría sobre el tema más adelante. Meza, junto con casi 30 diputados de las bancadas de Honor Colorado y otra, expresó su solidaridad y compromiso, solicitándole al presidente que se pronuncie, dada la importancia de no permanecer en silencio.

Peña ha comunicado su posición mediante un tuit y a través de su abogado, Ricardo Preda, pero Meza confía en que finalmente hará una declaración pública. Se le preguntó a Meza sobre el momento en que esto sucedería, ya que ha pasado casi un mes desde que el escándalo comenzó y Peña aún no ha negado la existencia de los «Sobres del Poder». Meza respondió que el presidente está tomando su tiempo y precauciones por tratarse de un tema muy personal. Subrayó que el presidente hablará en su debido momento.

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Ayer, Peña habló en Areguá, presentándose como una víctima, pero evitó referirse directamente a los «Sobres del Poder».

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