Nacionales
Nuevo incremento en la Hidrovía Paraná-Paraguay
El gobierno argentino ha incrementado el peaje para navegar la Hidrovía Paraná-Paraguay, elevándolo de US$ 1,20 en agosto a US$ 1,47 por tonelada de registro neto, desde septiembre en el tramo Santa Fe – Confluencia. Gremios exportadores están preocupados por el alza «unilateral» y su impacto en el costo de las mercancías.
Este cambio, impuesto por la Resolución 77/2025 de Argentina, afecta al 80% del comercio exterior de Paraguay, que ahora enfrentará costos adicionales. Hugo Pastore, representante de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), manifestó su inquietud debido a que las negociaciones previas no se concretaron.
Pastore indicó que la medida es vista como arbitraria y está preocupando por cómo afectaría los costos y la competitividad. Según estimaciones, el impacto financiero podría ser de US$ 40 a US$ 50 millones anuales.
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay también expresó su preocupación, argumentando que esta medida carece de justificación técnica y contradice acuerdos internacionales, afectando la competitividad y aumentando los costos logísticos.
Ante esta situación, la CNCSP ha solicitado a diversas entidades paraguayas iniciar gestiones para un arbitraje internacional para proteger los intereses del país, ya que el aumento del peaje afectará el transporte fluvial y los costos asociados, poniendo en riesgo la competitividad en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
La representación estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales ha hecho público un comunicado donde critica una invitación de la Secretaría Nacional de la Juventud para asistir a la charla del presidente argentino, Javier Milei, en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP). En el comunicado, señalan que su modelo de gobierno amenaza derechos sociales y aumenta la desigualdad.
La visita de Milei ya genera polémica. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (Facso-UNA) expresaron su oposición a la convocatoria impulsada por la Secretaría Nacional de la Juventud. Según los estudiantes, la universidad debe ser un espacio para el pensamiento crítico, la igualdad y la solidaridad, y es inaceptable organizar actividades con un líder que, según ellos, ha bloqueado leyes fundamentales para el financiamiento universitario y la protección de los derechos sociales en su país.
La ministra, Salma Agüero, extendió una invitación formal a los centros de estudiantes para asistir a la conferencia de Milei sobre «Tecnología y Crecimiento». El evento, organizado junto con la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven), forma parte del FEIP 2025 y se celebrará en el SND Arena. Agüero destacó que el objetivo es crear espacios para diálogo, innovación y oportunidades para los jóvenes, reservando 50 lugares VIP para los representantes estudiantiles.
Los estudiantes universitarios recordaron las huelgas y protestas en Argentina contra los recortes en educación y la precarización, mostrando su apoyo a los estudiantes y docentes argentinos que resisten políticas de ajuste. Afirman que la defensa de la universidad como un bien común también es su lucha y se oponen a discursos de ajuste económico disfrazados de innovación o crecimiento, reafirmando su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos.
La imagen refleja la oposición de la representación estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales a la visita de Javier Milei.
El diputado liberal Pastor Vera Bejarano resaltó que la exclusión de las mujeres en la política se debe a factores culturales y sociales, aunque la Constitución ya asegura igualdad. Indicó que el reto es aplicarla efectivamente y fomentar una mayor participación femenina.
Tras las demandas de mujeres liberales para que la Convención no altere el sistema de paridad aprobado en 2022, el diputado mencionó que el senador Éver Villalba propuso cambiar el Código Electoral para lograr un 50% de participación de mujeres con candidaturas alternadas.
Vera Bejarano subrayó la necesidad de discutir la paridad y recordó la histórica exclusión de mujeres en política. La Constitución reconoce la igualdad pero no se cumple debido a factores culturales. Comentó que es esencial garantizar igualdad real en política y facilitar condiciones para la inclusión de mujeres, enfrentando problemas como la carga de tareas del hogar.
Aunque algunas mujeres logran destacar sin cambios legales, esto no es común por razones históricas y culturales. Solo el 16% de las bancas en el Congreso son ocupadas por mujeres, lo cual, según Vera, requiere que el Estado y los partidos promuevan su participación política.
El titular del Ministerio de Industria y Comercio, Javier Giménez, confirmó su asistencia el próximo lunes 15 a las 9:00 a una audiencia pública en Diputados. La reunión tratará sobre la polémica creación de un «superministerio» que estaría a su cargo, absorbiendo al Viceministerio de Minas y Energía y a la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). Se espera un intenso debate con sindicatos.
Giménez se enfrentará principalmente al Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), que se opone al proyecto de ley que propone unificar industria, comercio, turismo, minas y energía, ya que temen que el objetivo real sea la privatización de la ANDE.
A este sindicato también se unió la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (Anaips). Además, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, desde el gobierno, también mostró su desacuerdo con que el MIC gestione la política energética del país.
Anaips expresó su respaldo a Sitrande en la audiencia, declarando que el acceso a la energía es un derecho humano que no debería ser transformado en un negocio. Tanto la ANDE como su sindicato principal solicitan que el MIC no maneje el sistema energético, argumentando que carece de la capacidad técnica necesaria. Mientras que la ANDE sugiere que un ente independiente y especializado debería ser responsable de esta gestión.
Por otro lado, los sindicalistas creen que el Gobierno busca fomentar la privatización de la ANDE mediante incentivos a la inversión privada, mientras que deliberadamente reducen la inversión y el desarrollo de la infraestructura de la empresa estatal.
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