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El proyecto de ley sobre el "Programa Nacional de Reproducción Asistida" generó un intenso debate en Diputados. Se destacó la dificultad para hablar de "inseminación artificial" cuando hay una "infertilidad estructural" y serias deficiencias en Salud Pública. Además, se discutieron aspectos éticos y jurídicos.

Durante una concurrida audiencia, se deliberó sobre el "Programa Nacional de Reproducción Asistida (Probara)" propuesto por diputados como Mauricio Espínola, Hugo Meza, Miguel del Puerto y Carlos María López. El programa busca que el Estado financie tratamientos para parejas con problemas médicos para concebir. El debate se centró en dos puntos: el conflicto jurídico entre el derecho a la vida y el derecho a la familia; y si es apropiado que el Estado invierta recursos en estos tratamientos dados otros problemas en Salud Pública.

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Leonor Navarro, de la Universidad Nacional de Asunción, argumentó que la infertilidad no es una prioridad de salud pública en comparación con otros problemas urgentes como enfermedades crónicas o la falta de insumos básicos.

El diputado Espínola defendió la financiación estatal para personas sin recursos, resaltando el derecho constitucional de formar una familia, y abogó por aprobar el proyecto y discutir el presupuesto en la bicameral. También se abordó el tema de la concepción para evitar caer en delitos como el aborto al desechar cigotos. Se planteó diferenciar claramente entre fecundación y gestación respecto a la concepción de la vida, y se pidió prohibir prácticas eugenésicas y experimentación.

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La cotización del dólar bajó nuevamente en el mercado local al comenzar el mes. Según expertos, esta disminución se debe más a factores internos que al contexto internacional.

Al inicio de esta semana y mes, el precio minorista del dólar cayó a G. 7.280 desde los G. 7.320 del viernes anterior. También se redujo el cambio interbancario, situándose en G. 7.288 al comenzar las operaciones del lunes. En dos meses, la divisa ha perdido cerca del 10% frente al guaraní, unos G. 800 menos por dólar.

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Consultoras locales e internacionales prevén que el dólar se estabilizará en los próximos meses. La demanda por importaciones podría contrarrestar la presión de la oferta de dólares observada recientemente.

Itaú Macro anticipa que el tipo de cambio se normalizará, cerrando en torno a G. 7.750. Los agentes consultados en la Encuesta de Variables Económicas proyectan un dólar de aproximadamente G. 7.000 a fin de año, superior al nivel actual. Esperan que esto contribuya a la convergencia inflacionaria.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se compone en un 30% de productos importados, por lo que se espera que esta baja del dólar impacte en los precios. Resaltan que esto se debe principalmente a flujos internos, como mayores ingresos por exportaciones.

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Un Tribunal de Apelación favoreció al intendente condenado Hilario Adorno (ANR-HC) al reducir a 100 metros la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Puerto Casado. Antes tenía una restricción de 500 metros que violaba frecuentemente, pero en vez de enviarlo a prisión, los jueces le ajustaron la medida.

Hilario Adorno, elegido como intendente de Puerto Casado, fue condenado a 3 años y 8 meses por mala gestión y se le impuso una restricción de 500 metros para evitar que se acercara al edificio municipal, la cual violaba constantemente. Por ese motivo, el intendente interino Domingo Vera (ANR) lo había denunciado.

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El Tribunal de Sentencia había advertido a Adorno que podría enfrentar prisión si seguía violando la medida. Sin embargo, el Tribunal de Apelación reconsideró la restricción y la redujo a 100 metros, justificando la presencia de Adorno en áreas previamente restringidas.

Adorno, hermano del diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR-HC), argumentó que era imposible cumplir con la restricción de 500 metros debido a la ubicación de Puerto Casado y solicitó al Tribunal de Sentencia su reducción. Aunque inicialmente fue rechazado, presentó un Recurso de Apelación General.

Finalmente, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por los jueces Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, decidió unánimemente revocar parcialmente el fallo anterior, manteniendo las medidas cautelares pero reduciendo la restricción a 100 metros.

En redes sociales, Adorno celebró lo que consideró un «gran triunfo», afirmando que fue elegido por el pueblo y criticando al intendente interino Domingo Vera, a quien acusó de usurpar el cargo tras su prohibición.

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