El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua desterró este jueves de manera sorpresiva a un grupo de 222 presos políticos enviándolos a Estados Unidos con la condición de perder su ciudadanía nicaragüense.
La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, leída por el presidente de la Sala Uno, el magistrado Octavio Rothschuh, detalla que la decisión se tomó por considerarlos “traidores a la patria” y ordenó inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer la función pública y cargos de elección popular, además de despojarlos de su nacionalidad de por vida.
Entre los expulsados están Cristiana Chamorro, la aspirante a candidata a la presidencia de Nicaragua que tenía mayor probabilidad de derrotar a Ortega en los comicios de noviembre de 2021 y que fue capturada en junio de ese año, así como otros prominentes dirigentes opositores: los precandidatos Arturo Cruz y Félix Maradiaga, el exministro Pedro Joaquín Chamorro, la ex primera dama María Fernanda Flores, el excanciller Francisco Aguirre, el exvicanciller Víctor Tinoco y el líder campesino Medardo Mairena.
En la lista, que fue dada a conocer por el tribunal, también aparecen los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jérez; cinco sacerdotes que recientemente habían sido condenados a 10 años de prisión; la excomandante sandinista Dora María Téllez, antigua compañera de lucha de Ortega, y la esposa, la hija y el yerno de Javier Álvarez, un economista retirado que fue militante sandinista hasta mediados de la década de 1990.
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Familiares y activistas esperaban la llegada a Estados Unidos de los presos políticos liberados.
Para Valeria Vásquez, analista de Control Risks para Centroamérica, esta decisión de Ortega “es el movimiento más significativo del régimen en muchos años”. Según explica, es la concesión que la comunidad internacional le ha venido pidiendo a Nicaragua por mucho tiempo.
Sin embargo, aclara Vásquez, “no representa una mejora democrática o que el Gobierno va a permitir la celebración de elecciones libres y justas, al menos en el mediano o el corto plazo”.
No representa una mejora democrática o que el Gobierno va a permitir la celebración de elecciones libres
La analista apunta que esta es “una decisión tomada estratégicamente porque el régimen necesita que la presión y las sanciones internacionales paren, y esta es la vía que encontró”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando más de 200 opositores fueron enviados a prisión en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron ese año contra el régimen y que dejaron cientos de muertos y desaparecidos.
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Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua y uno de los principales aliados de Nicólas Maduro.
Esa crisis se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. Eso derivó en múltiples sanciones contra su gobierno por parte de Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea, que responsabilizan al régimen de violar los derechos humanos.
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Al respecto, la analista de Control Risks considera que, con la liberación de los presos políticos, “se abre la puerta a canales de comunicación con Estados Unidos, que posiblemente esté más dispuesto a la negociación, aunque queda por ver qué tan abierta está Nicaragua de seguir dando este tipo de concesiones”.
Vásquez, de hecho, considera que no es un tema menor el perfil de muchos de las personas liberadas este jueves. Muchas de ellas son figuras claves de la oposición, lo que puede entenderse, explica, como “un mensaje para Estados Unidos”.
Precisamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó lo ocurrido como “un paso constructivo para enfrentar los abusos de derechos humanos en Nicaragua y abre la puerta al diálogo”. Afirmó, además, que la excarcelación de los presos políticos, a quienes su país les proporcionará apoyo médico y legal, es “producto de la diplomacia estadounidense” y que Washington continuará respaldando al pueblo nicaragüense.
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Sin embargo, organizaciones como la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), de la cual hacen parte Lesther Alemán y Max Jérez, señalan que los presos fueron “desterrados” y que lucharán para que recuperen sus derechos políticos y civiles.
Valeria Vásquez, de Control Risks, señala que ciertamente el destierro se configuró como “una jugada política” de Nicaragua para blindarse y que los liberados no puedan, ahora desde el exterior, “generar ruidos de cambio dentro del país”.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
REDACCIÓN INTERNACIONAL
EL TIEMPO
