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El 7 de noviembre de 2025, a las 07:30, el Instituto de Previsión Social (IPS) comunicó que, como parte de un proceso de reingeniería de recursos humanos, los médicos con al menos cinco años de servicio en clínicas periféricas serán los primeros en beneficiarse con una reducción de la jornada laboral a 12 horas por vínculo. El gerente de Salud, Derlis León, señaló que esta medida se implementará en 15 días.

León mencionó que los esfuerzos para disminuir la carga horaria de los médicos ya están mostrando resultados favorables. Próximamente, algunos profesionales de diversas clínicas periféricas disfrutarán de un horario laboral reducido de 12 horas. Este anuncio ocurre en medio de protestas del gremio médico que exige el cumplimiento de la Ley N° 7137/2023.

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El doctor León explicó que el IPS está trabajando en un análisis técnico para equilibrar la ley y la sostenibilidad financiera del seguro social. Reducir inmediatamente las horas semanales de 24 a 12 para 4,800 médicos costaría 45 millones de dólares. Por ello, se optará por una implementación gradual sin incluir anestesiólogos, quienes tendrán la reducción de horario a partir de marzo de 2026.

La institución ha reducido la antigüedad mínima de 10 a 5 años para acceder a este beneficio e incluirá a médicos contratados. Algunas clínicas podrán implementar las 12 horas laborales sin afectar servicios ni contratar personal adicional. Este cambio afectará principalmente a clínicas del área Central y algunas del interior que cumplen con los requisitos.

León afirmó que el proceso técnico busca cubrir los huecos de la nueva jornada reducida cuando se extienda a todos. Detalló que la Ley de la Carrera Civil requerirá concursos de oposición para contratar nuevos recursos humanos necesarios en el interior, cuyos resultados estarán listos la próxima semana.

El acuerdo se produjo poco después de que 50 médicos anestesiólogos del Hospital Ingavi presentaran sus renuncias. Con ellos, el IPS acordó aplicar la jornada de 12 horas a partir de marzo de 2026.

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Tras confirmarse que Petróleos Paraguayos (Petropar), liderada por Eddie Jara, ha otorgado una novena extensión a Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, aún no se ha publicado la documentación oficial en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Esta prórroga, de cuatro meses, permite a la empresa entregar combustible hasta el 28 de febrero de 2026. Agustín Encina, director de la DNCP, afirmó que están revisando la documentación y que planeaban publicarla el viernes.

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Ayer, Encina explicó que podría haber una observación documental, pero normalmente los documentos se publican dentro de tres días hábiles.

Petropar ha dado esta nueva extensión a pesar de que la empresa catarí no ha entregado las 100,000 toneladas métricas de gasoil valuadas en más de US$ 61 millones, cuya octava extensión venció el 31 de octubre. Eddie Jara había asegurado al Parlamento que no se concederían más prórrogas, pero este nuevo plazo demuestra que aún no se ha agotado la paciencia. Petropar ha esperado más de un año por esta empresa contratada de urgencia.

La documentación señala que el contrato se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 y que la garantía de fiel cumplimiento se amplía hasta el 31 de mayo de 2026.

Los directivos de la estatal, como Eddie Jara y William Wilka, siguen sin dar explicaciones sobre por qué se ha concedido más tiempo a la empresa incumplidora. La empresa, conectada con altas esferas del gobierno, podría estar evitando la ejecución de una garantía de cumplimiento del 5% del valor del contrato, que nunca se reclamó.

Doha Holding presentó como garantía una declaración jurada del jeque Khalifa Hamad Al-Thani, sin una garantía bancaria real en el país. La sede local está en el estudio jurídico de Julio Jiménez, quien ha autorizado firmas de adendas previas. En paralelo, Petropar ha iniciado un nuevo procedimiento para adquirir 61,000 metros cúbicos de diésel de forma urgente, aunque tampoco se han revelado los resultados.

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La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó ayer la sexta revisión del programa de Coordinación de Políticas (ICP) y la cuarta del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).

El equipo, liderado por Fabián Valencia, evaluó el progreso de estos programas, establecidos con el país en noviembre de 2022 y octubre de 2023.

Según un comunicado desde Washington, la economía paraguaya se mantiene sólida y las autoridades avanzan en las reformas del ICP y SRS, consolidando las finanzas y controlando la inflación según el banco central. También destacan que las reservas internacionales están en niveles adecuados y sugieren continuar con políticas macroeconómicas prudentes, incluyendo el plan de convergencia fiscal y las reformas estructurales para fortalecer la estabilidad económica y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) tiene más de 1,250,000 contribuyentes registrados.

Las reformas en curso buscan reforzar la estabilidad macroeconómica y promover un crecimiento inclusivo. Específicamente, la DNIT está estableciendo un comité de gestión de riesgos y planes de mejora para reducir fraudes y subvaloración en importaciones. El gobierno también está mejorando el monitoreo de la inversión pública con proyectos piloto.

En cuanto al SRS, las reformas buscan fortalecer la resiliencia ante desastres naturales y reducir riesgos de balanza de pagos a mediano y largo plazo, destacándose el impulso a la matriz de energía renovable de Paraguay. La ANDE, crucial en este ámbito, fue evaluada por consultores independientes para definir tarifas eléctricas transparentes y sostenibles, y se apoya en estrategias de reducción de pérdidas de electricidad.

Las reformas del SRS también buscan reducir importaciones de combustibles fósiles a mediano plazo.

Respecto a las tarifas de la ANDE, son parte de los compromisos del gobierno de Santiago Peña con el FMI para obtener un préstamo de US$ 400 millones. La propuesta filtrada prevé aumentos en tarifas de media, alta, y muy alta tensión, generando un ingreso adicional de US$ 95.3 millones anualmente.

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Los llamados «tarifazos» afectarán significativamente a varios sectores y el ámbito residencial trifásico con un incremento del 50%. Otros sectores como el gubernamental, comercial e industrial en media tensión también verán aumentos del 20%, 15% y 5% respectivamente, mientras que la media tensión residencial monofásica aumentará un 10%, y un 12% para clientes de alto consumo en alta tensión.