Movimientos feministas en Jalisco denuncian fraude legal de género.
Grupos feministas denuncian que hombres acusados de violencia están cambiando de género para evadir la ley en Jalisco. La Reforma de Violencia Vicaria ha sido utilizada para este fin, generando indignación y acusaciones de fraude. Esta artimaña ha impulsado casi 40 solicitudes de cambio de género en lo que va del año, dejando en entredicho la efectividad de la legislación actual.
Jalisco ha facilitado el proceso de modificación de nombre y género en el acta de nacimiento tras la aprobación de la Ley de Identidad Trans en 2020. Sin embargo, la aprobación de la Reforma de Violencia Vicaria ha provocado discrepancias y preocupación en el manejo de esta situación. Algunos grupos feministas consideran que esto afecta directamente a la lucha contra la violencia de género, generando descontento y frustración entre sus integrantes.
Las voces de indignación provienen de diferentes trincheras, con activistas como Renata Villareal de Marea Verde denunciando la falta de responsabilidad por parte de los agresores. La activista Diana Luz Vásquez llama la atención sobre el fraude procesal y la corrupción que rodea estos casos. La implementación de la Ley Sabina busca atacar el problema de la falta de cumplimiento de obligaciones como la manutención de los hijos, poniendo en riesgo la posibilidad de tramitar documentos importantes si no se cumplen con estas responsabilidades.
La presunción de inocencia y el respeto a los derechos de los padres acusados de violencia vicaria son temas que preocupan a aquellos afectados por esta situación. La falta de garantías y la proliferación de acusaciones sin fundamentos son aspectos que ponen en entredicho el sistema de justicia actual. La necesidad de ajustar la legislación para evitar este tipo de artimañas se vuelve urgente según las voces críticas que exigen un cambio en la Ley de Identidad Trans para evitar vacíos legales que permitan el fraude.
Andrés Treviño, redactor de la Ley de Identidad Trans en Jalisco, reconoce el error en la suposición de que la violencia vicaria se limita a una dinámica hombre-mujer. La introducción de la cuestión trans en la ecuación ha generado controversia y confusión, señalando la necesidad de revisar y modificar la legislación vigente. El Congreso se encuentra en la encrucijada de atender estas demandas y evitar que se sigan vulnerando los derechos de las víctimas de violencia de género.
En medio de este conflicto legal y ético, las estrategias jurídicas para evadir responsabilidades continúan generando debate y polémica. Los beneficios no demostrados de cambiar de género para eludir la justicia son objeto de críticas y cuestionamientos por parte de las organizaciones feministas. El llamado a la acción y a la reflexión sobre la efectividad de las leyes actuales es urgente para garantizar la protección de las víctimas y la erradicación de la impunidad frente a la violencia de género.
