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Un grupo de legisladores ha presentado una denuncia penal contra el presidente Santiago Peña para que aclare el financiamiento de su lujosa mansión en San Bernardino. Aunque su abogado asegura que fue construida con un crédito bancario respaldado por acciones, no se tienen documentos que lo corroboren.

Unus diputados y senadores de la oposición han denunciado formalmente a Peña ante el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y uso indebido del cargo. Destacan un notable aumento en su patrimonio, que creció 1.603% de 2017 a 2023, al pasar de G. 1.351 millones a G. 23.024 millones, con al menos G. 9.200 millones sin justificar.

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Peña declaró en 2023 tener un inmueble de 5.012 m² en San Bernardino y una casa en Asunción. Los legisladores se preguntan cómo financió su mansión, valorada en US$ 2 millones, ya que su patrimonio declarado alcanza solo US$ 1 millón si se suman todos sus activos.

El abogado Ricardo Preda afirma que se utilizó un crédito bancario, respaldado por acciones de ueno Holding, para la construcción. Sin embargo, las acciones se vendieron después de finalizada la mansión, y no existe documentación que respalde estas declaraciones.

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Ladrones robaron una motocicleta en la madrugada del miércoles en el barrio Sajonia de Asunción. Ernesto Rodrigo Chávez Giménez, un estudiante de 24 años, informó que los responsables entraron a su casa y se llevaron la moto del jardín. El robo fue captado por cámaras de seguridad.

El incidente ocurrió cuando la motocicleta, una Kenton Dakar 150 negra del 2021 con matrícula 401AAHP y chasis 9PAACBBB8MA000439, fue sustraída del patio, donde estaba sin candado. Chávez Giménez notó su falta alrededor de las 02:13 de la madrugada.

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Las imágenes de seguridad muestran a dos hombres involucrados en el robo: uno ingresó a la propiedad y tomó la moto, mientras el otro vigilaba desde afuera. La denuncia fue presentada en la Comisaría Segunda de Asunción, y el caso fue reportado al Centro de Operaciones Policiales y al Ministerio Público, quienes ya iniciaron la búsqueda del vehículo y la investigación pertinente.

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El Senado aprobó este miércoles y envió al Poder Ejecutivo una ley que regula y limita los embargos salariales para empleados públicos con deudas. Esta medida forma parte de los esfuerzos contra la mafia de los pagarés, pero excluye al Banco Nacional de Fomento (BNF).

El pleno finalmente sancionó la versión que Diputados modificó a sugerencia de comisiones lideradas por los cartistas, en un esfuerzo por combatir la mafia de los pagarés.

Javier Zacarías Irún (ANR, HC), a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó los cambios y destacó que se busca proteger la solvencia de los empleados ante descuentos abusivos por este tipo de estructuras ilícitas, que involucran desde jueces hasta casas comerciales y agencias de cobranza.

Sin embargo, el senador Rafael Filizzola (PDP), líder de la comisión que investiga la mafia de los pagarés, advirtió que el texto no contempla al BNF, aunque es señalado en este escándalo por su conexión con Walton Pagos.

La empresa, que actúa como intermediaria entre las cobradoras y el BNF, pertenece a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC).

La ley aprobada estipula que los descuentos compulsivos por créditos o embargos no deben superar el 50% de los ingresos mensuales del funcionario público, siempre que cuenten con la debida autorización del trabajador y sean gestionados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales reconocidos.

Los autores del proyecto argumentan que el Estado debe garantizar que los salarios cumplan con lo establecido en los artículos 92 y 102 de la Constitución Nacional, asegurando una remuneración que permita el desarrollo libre y digno de los trabajadores, en este caso, los empleados públicos.

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