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Los documentos del nuevo llamado del Tribunal Superior de Justicia Electoral para el alquiler de máquinas de votación, de cara a las elecciones municipales de 2026, muestran que se eliminó un requisito clave que previamente descalificó a Comitia Paraguay-MSA en un intento de compra de máquinas. La rapidez en los plazos y los vínculos de la empresa con antiguos socios de Santiago Peña alimentan sospechas de favorecimiento hacia la compañía argentina.

El TSJE lanzó el viernes pasado un llamado para arrendar 18.000 máquinas de votación, con un presupuesto de 34.101.788 dólares, tras cancelar la licitación para comprar 28.000 máquinas el mes anterior. El cambio a la modalidad de excepción se justifica por la necesidad urgente de disponer del equipo para las elecciones de 2026. Esta urgencia beneficiaría al consorcio Magic Solution Argentina y su filial Comitia Paraguay, siendo el único fabricante con experiencia en alquiler de máquinas en el país.

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El análisis de los pliegos de la licitación cancelada y el nuevo pliego de arrendamiento revela ajustes técnicos que fueron cruciales para la descalificación de MSA antes. En la oferta cancelada, Comitia-MSA fue rechazada por no cumplir con las especificaciones de la pantalla táctil, que debía ser LCD capacitiva policromática de 21 pulgadas, como mínimo. Ahora, el requisito se cambió eliminando la necesidad de que sea «capacitiva».

Un documento de MSA en el llamado anterior mencionó que su equipo usa tecnología infrarroja multitáctil, no capacitiva, destacando que la tecnología IR es más resistente y menos sensible a las condiciones de limpieza, aunque «menos precisa».

MSA es representada por el Estudio Gross Brown a través de Franco Boccia y Pablo Debuchy, ambos con vínculos en ueno Bank. Hasta marzo, el presidente Santiago Peña fue accionista en ueno Holding y socio del Grupo Vázquez.

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Para el diputado opositor Adrián «Billy» Vaesken del PLRA, la declaración jurada actualizada del presidente de la República, Santiago Peña, busca un «blanqueamiento con apoyo institucional». Según Vaesken, esto confirma que «ellos ya están mejor», mientras que la población no tiene dinero.

Afirmó que al presentar la declaración ante la Contraloría, Peña busca que esta institución, controlada por el Partido Colorado, certifique que sus bienes están en orden, lo que él describe como un «blanqueamiento con aval institucional».

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Por otro lado, el parlamentario señaló que la oposición tenía razón al advertir que, a diferencia de la ciudadanía, «ellos ya están mejor», ya que Peña declaró tener 1.500 millones de guaraníes adicionales en solo dos años de gobierno.

Vaesken criticó que, bajo el gobierno de Santiago Peña y del cartismo, la desigualdad ha aumentado en Paraguay, beneficiando solo a unos pocos, mientras que el pueblo sigue sumido en la pobreza debido a la falta de ingresos.

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El precandidato presidencial por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, criticó fuertemente al gobierno de Santiago Peña debido a las acciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), incluyendo la intervención en una finca en Boquerón. Wiens acusó al gobierno de perseguir a pequeños agricultores y de confundir el trabajo honesto con actividades ilegales.

En su discurso, Wiens expresó que el Estado «no debería confundir la producción nacional con un delito», describiendo la intervención como «un atropello a los paraguayos que trabajan arduamente en el Chaco». También destacó que este tipo de medidas desalienta la agricultura, mencionando las múltiples dificultades que ya enfrentan los productores.

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Durante el evento de lanzamiento de la candidatura de Alberto Candia a la Intendencia de Carapeguá, Wiens aprovechó para defender el trabajo del sector productivo y reiterar sus críticas hacia las políticas gubernamentales actuales.

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