Nacionales
Ministra de Salud aborda acusaciones sobre gestión irregular del Fonaress.
La ministra de Salud, María Teresa Barán, indicó que la ley del Fondo Nacional de Recursos Solidarios de la Salud es precisa al especificar cómo, cuándo y dónde deben emplearse los recursos. Afirmó que han cumplido completamente con las solicitudes y aclaró que la ley no permite contratar al personal que actualmente demanda el Círculo Paraguayo de Médicos.
El Círculo Paraguayo de Médicos solicitó al presidente Santiago Peña intervenir en el Fondo Nacional de Recursos Solidarios de la Salud (Fonaress) mediante una carta al Poder Ejecutivo. Los médicos alegan que Fonaress se administró de manera tal que se desviaron recursos destinados a salvar vidas y piden la renuncia de la ministra Barán.
Ante esta situación, Barán comentó que la ley de Fonaress es explícita: los fondos son para enfermedades catastróficas y su utilización está claramente establecida. La ministra expresó que respondieron al cien por ciento de las solicitudes.
Barán explicó que quizás no usaron el cien por ciento de los recursos, porque los pedidos se ajustan a lo necesario. Además, destacó que el objeto de gasto estipulado en la ley no permite contratar el equipo que requiere el Círculo Paraguayo de Médicos. Aclaró que los recursos se utilizan correctamente, pero la ley no facilita la contratación de recursos humanos para formar la comisión solicitada.
Concluyó enfatizando que todo lo adquirido a través de Fonaress fue autorizado por la Comisión Nacional, de la que forma parte el Círculo de Médicos Paraguayos.
Nacionales
Estudiantes universitarios protestan en Canindeyú y son dispersados por la policía
Esta mañana, jóvenes que se manifestaban fueron reprimidos por la Policía después de que la Junta Municipal detuviera la compra de un bus universitario. Los estudiantes, que viajan diariamente a Curuguaty, habían conseguido inicialmente la aprobación de su petición, pero este jueves la licitación fue cancelada, lo que provocó insatisfacción. Algunos fueron heridos con balines de goma.
El incidente ocurrió en Villa Ygatimí, en el departamento de Canindeyú. Varios de los manifestantes necesitaron atención médica debido a las heridas causadas por balines de goma.
La manifestación se originó debido al rechazo de la adquisición de un nuevo bus que facilitaría el acceso a la universidad para los estudiantes de la zona, quienes actualmente usan un vehículo muy antiguo. A pesar de que la Intendencia había llamado a licitación, la Junta la anuló, lo que desencadenó el reclamo de los jóvenes en las calles.
Según los manifestantes, el concejal colorado Hugo Espínola, también docente, lideró la oposición contra la propuesta. Su decisión de abandonar la sesión sin escuchar a los jóvenes causó gran indignación.
Nacionales
Conductor y supuesto ladrón enfrentan juicio por la muerte de pasajera al caer de un autobús
Un conductor de transporte público y un supuesto asaltante enfrentarán un juicio oral, según dispuso la jueza penal de San Lorenzo, María Elena Cañete. La Fiscalía considera que ambos son responsables de la muerte de Cinthia Verónica Riquelme Rodas, funcionaria de Catastro, el 20 de enero de 2025, al caer de un autobús.
La jueza, mediante el Auto Interlocutorio N° 951, llevó a juicio a Jorge David Ortiz Medina por homicidio culposo y a Arnaldo Ariel Giménez Salcedo por robo con muerte o lesión grave, vinculados al fallecimiento de Riquelme, quien era pasajera en el autobús conducido por Ortiz.
Durante la audiencia preliminar, la jueza aceptó la acusación presentada por la fiscala Dora Nohl contra Ortiz y Giménez. También aprobó la querella adhesiva de la abogada María Graciela Irigoitia, representante del esposo y los hijos de la víctima.
Se desestimó el sobreseimiento del conductor del autobús y se mantuvieron las medidas personales para los acusados. El incidente ocurrió a mediodía sobre la ruta PY02 en San Lorenzo, donde murió Cinthia Riquelme, funcionaria de la Dirección de Catastro.
Según la acusación del Ministerio Público, el 20 de enero de 2025, Jorge David Ortiz conducía un autobús para la empresa Caraguatay SA en la Línea 118. Cinthia Riquelme, pasajera, estaba usando su celular cuando el vehículo se detuvo en un semáforo. Arnaldo Giménez, disfrazado de vendedor ambulante, robó el celular y huyó del autobús. Riquelme intentó seguirlo, pero cayó al pavimento, lesionándose gravemente. A las 21:25 de ese día, falleció en el hospital de IPS Ingavi.
La acusación contra Giménez se basa en pruebas obtenidas por la Policía del Departamento de Investigación de Homicidios, que incluyen testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad.
Funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) y agentes del SIU de la Policía Nacional interceptaron en el puerto de Villeta aproximadamente 20 toneladas de cocaína ocultas en un envío de poroto, arroz y maíz, cuyo destino era Países Bajos.
El jueves, personal de la Dnit identificó irregularidades en un contenedor en Villeta. Tras inspeccionarlo, descubrieron alrededor de 24 toneladas de cocaína escondidas entre los granos.
Todavía no se ha determinado el propietario de la carga, y se informó que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) no participó en el operativo.
El hallazgo lo hicieron agentes de la Dirección General de Vigilancia Aduanera, parte de la DNIT, utilizando un análisis de riesgos junto con control no intrusivo y perros entrenados.
La carga, compuesta por sacos de poroto, arroz y maíz, iba destinada a Países Bajos. Dentro de los sacos, se encontraron paquetes de cocaína.
El procedimiento también incluyó a efectivos de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU) de la Policía Nacional.
Óscar Orué, jefe de la DNIT, señaló que aún no conocen el volumen exacto de la cocaína, aunque el peso total de la carga es de 24 toneladas. Destacó que detectar el envío antes de la importación demuestra que el sistema está funcionando.
El responsable de la carga está registrado como exportador, confirmó Orué, sin revelar su nombre, aunque indicó que es paraguayo. La carga pasó por un escáner aduanero que detectó posibles signos de contaminación.
El lugar ha sido asegurado, y efectivos de la Policía y del Ministerio Público están trabajando allí. La fiscal encargada del caso es Ingrid Cubilla.
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