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Ministra de Salud aborda acusaciones sobre gestión irregular del Fonaress.
La ministra de Salud, María Teresa Barán, indicó que la ley del Fondo Nacional de Recursos Solidarios de la Salud es precisa al especificar cómo, cuándo y dónde deben emplearse los recursos. Afirmó que han cumplido completamente con las solicitudes y aclaró que la ley no permite contratar al personal que actualmente demanda el Círculo Paraguayo de Médicos.
El Círculo Paraguayo de Médicos solicitó al presidente Santiago Peña intervenir en el Fondo Nacional de Recursos Solidarios de la Salud (Fonaress) mediante una carta al Poder Ejecutivo. Los médicos alegan que Fonaress se administró de manera tal que se desviaron recursos destinados a salvar vidas y piden la renuncia de la ministra Barán.
Ante esta situación, Barán comentó que la ley de Fonaress es explícita: los fondos son para enfermedades catastróficas y su utilización está claramente establecida. La ministra expresó que respondieron al cien por ciento de las solicitudes.
Barán explicó que quizás no usaron el cien por ciento de los recursos, porque los pedidos se ajustan a lo necesario. Además, destacó que el objeto de gasto estipulado en la ley no permite contratar el equipo que requiere el Círculo Paraguayo de Médicos. Aclaró que los recursos se utilizan correctamente, pero la ley no facilita la contratación de recursos humanos para formar la comisión solicitada.
Concluyó enfatizando que todo lo adquirido a través de Fonaress fue autorizado por la Comisión Nacional, de la que forma parte el Círculo de Médicos Paraguayos.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió el 7 de noviembre la resolución N° 1803, en la que extiende la resolución N° 29.664, del 5 de octubre de 2017, que prohíbe la difusión y uso de materiales impresos y digitales relacionados con la teoría o ideología de género en las instituciones educativas bajo su jurisdicción.
La resolución N° 29.664, emitida en octubre de 2017, fue promulgada por el ahora ministro del Interior, Enrique Riera, quien estaba al frente del MEC en ese momento. Fue en respuesta a la presión de grupos provida y profamilia, incluyendo aquellos liderados por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, representante de Capitol Ministries en Paraguay.
Durante esa época, el actual ministro de seguridad incluso ofreció quemar libros sobre “ideología de género” en una plaza pública para mostrar su postura.
Con la nueva resolución, firmada por el ministro de Educación, Luis Ramírez, y Gustavo Rodas, secretario general del MEC, no solo se prohíben libros sobre “ideología de género”, sino que también se elimina la palabra «género» de todos los materiales educativos, independientemente del formato.
La normativa aclara que se reemplazan términos como “igualdad, igualdad de género, equidad, enfoque de género y perspectiva de género”, por “igualdad entre hombres y mujeres”.
La terminología incluye también las palabras sexo e inclusión. En cuanto al término «sexo», se mantiene lo establecido en la Constitución Nacional, que reconoce la familia como el fundamento de la sociedad e incluye la unión estable entre un hombre y una mujer. El currículo del MEC respalda esto.
Sobre inclusión, el documento señala que se refiere a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se menciona el artículo 12 de la convención de Derechos Humanos, que defiende el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y moral acorde a sus convicciones. También cita otros artículos de la Constitución Nacional sobre el derecho a la educación.
Por último, se declara en desuso los materiales educativos anteriores a la resolución N° 29664, del 5 de octubre de 2017.
El 9 de noviembre de 2025, el abogado Silvio Delvalle solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revise urgentemente un recurso contra la decisión que anuló su matrícula profesional. Según Delvalle, la sanción fue arbitraria e injusta, ya que solamente denunció irregularidades de magistrados en Paraguarí, bajo la protección del entonces ministro Antonio Fretes.
El recurso que presenta Delvalle desafía la resolución N° 673 del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 12 de octubre de 2022, que anuló su matrícula. Argumenta que esta medida es injusta y arbitraria, y la semana pasada presentó un urgimiento debido a que lleva tres años sin poder ejercer.
El caso, relacionado con un permiso para viajar al extranjero en 2017 en Paraguarí, incluyó recusaciones y denuncias contra varios jueces. El juez instructor Rodolfo Heyn consideró que Delvalle actuó de forma irrespetuosa y dilatoria, recomendando la suspensión de su ejercicio profesional por un año.
Finalmente, el Consejo de Superintendencia, compuesto por Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, decidió la anulación de la matrícula de Delvalle.
En su defensa, Delvalle rememora persecuciones durante la dictadura stronista por defender la libertad. Alega que ahora enfrenta otra persecución por denunciar el actuar corrupto de magistrados, quienes protegen a criminales organizados. Según Delvalle, su accionar no amenaza al Estado, sino quienes son encubiertos por esta corporación judicial.
En Ciudad del Este, el 9 de noviembre de 2025 a las 09:56, el senador Javier Zacarías Irún (ANR–cartista) fue abucheado por un grupo de personas al llegar al Colegio Primer Intendente Municipal en el barrio Pablo Rojas para votar en las elecciones municipales. La llegada del legislador, una de las figuras más criticadas en la región, provocó una inmediata reacción de los presentes, quienes lo abuchearon y usaron expresiones como “fuera, corrupto” y “chupa medias de Cartes”.
Zacarías Irún fue acompañado por simpatizantes que impidieron que la situación se complicara más. El senador votó rápidamente y se retiró mientras los abucheos continuaban. Aldo Romero, quien afirmó ser uno de los organizadores del escrache, comentó que la reacción fue espontánea y que la mayoría en Ciudad del Este ya no lo apoya, considerándolo una persona no grata por los daños causados a la ciudad.
Romero añadió que el incidente fue el único altercado en el lugar electoral y que todo había estado tranquilo hasta su llegada. En un video se observa cómo seguidores lo aplauden a pesar de las tensiones. También se ve a una persona con chaleco del TSJE con la inscripción “Voto inclusivo” cuya identidad no fue revelada.
La figura de Javier Zacarías Irún y su familia sigue siendo altamente criticada en Alto Paraná. Conocido como el “Clan Zacarías”, administraron la ciudad por 17 años, primero con el senador como intendente y luego su esposa, Sandra McLeod, quien fue destituida en 2019 por corrupción e irregularidades. Su hermano, Justo Zacarías, fue gobernador del Alto Paraná y ahora es director paraguayo de Itaipú.
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