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El ministro de Defensa Nacional anunció hoy que el gobierno de Paraguay ha recibido nuevamente los dos radares móviles que fueron enviados a Israel para su reparación. Estos ya están siendo desplegados para apoyar a la Fuerza Aérea en el control del espacio aéreo y la intercepción de vuelos ilegales.

Óscar González, el ministro de Defensa de Paraguay, informó a ABC Cardinal que los radares móviles, enviados a Israel para su modernización a un costo de más de un millón de dólares, han sido devueltos y están en proceso de despliegue. Esto busca facilitar la intercepción de vuelos clandestinos relacionados potencialmente con el narcotráfico, apoyando así a la Fuerza Aérea.

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Aunque los radares tienen un alcance limitado, su eficacia se maximizará gracias a un buen sistema de inteligencia. Además, en enero de este año, Paraguay firmó un contrato para adquirir un radar «primario» de mayor alcance, que se espera recibir antes del plazo de 30 meses establecido.

Representantes de la empresa proveedora visitaron recientemente Paraguay para inspeccionar el lugar donde se instalará el nuevo radar.

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En casi total consenso, el Senado rechazó y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que proponía un marco regulatorio para eximir del pago de peajes a los residentes locales. La iniciativa fue presentada por el diputado Hugo Meza (ANR, B cartista).

Actualmente, las pocas exenciones de peaje existentes en Ypacaraí y Pastoreo (para los habitantes de Caaguazú, ambos ubicados en la ruta PY02) son dictadas por leyes específicas.

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Durante la discusión, Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) solicitó el rechazo, pero se enorgulleció de haber logrado anteriormente la exoneración en Ypacaraí para unos 600 ciudadanos mediante un trabajo y estudios serios, datos que, según él, este proyecto no posee. Recordó que cuando promovió esa exoneración, Mario Abdo Benítez prometió apoyo, pero finalmente la vetó.

Por su parte, Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista y portavoz de la Comisión de Obras, mencionó que el MOPC pidió el rechazo por falta de sostenibilidad fiscal y de infraestructura.

Javier Zacarías Irún (ANR, HC), de la Comisión de Asuntos Constitucionales, indicó que el Poder Ejecutivo objetó el proyecto por no estar canalizado a través de los ministerios pertinentes y carecer de estudios de impacto y alcance.

Ever Villalba (PLRA) propuso que los peajes funcionen 24 horas e instó a invitar a la ciudadanía a opinar. Eduardo Nakayama (PLRA) afirmó que mantener la infraestructura requiere tasas e impuestos, no solo buenas intenciones.

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Los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, Andrés Arriola y Elva Cáceres presentaron cargos y solicitaron un juicio oral contra Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Lo acusan de tráfico, posesión, asociación y comercialización de drogas, según los artículos 26, 27, 42 y 44 de la Ley N.º 1340/88 y su modificatoria; lavado de dinero y asociación criminal, conforme a los artículos 196 y 239 del Código Penal, dentro de la Operación Pavo Real II.

El documento de 205 páginas, presentado el martes 19 de agosto, señala que entre 2019 y 2021, Rodrigues Gomes dirigió una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, compuesta por ciudadanos paraguayos, brasileños y bolivianos, operando principalmente en zonas fronterizas de Amambay.

La Fiscalía indica que esta estructura criminal manejaba todas las fases del delito, desde la adquisición de cocaína y pasta base en Bolivia, su ingreso a Paraguay a través de pistas clandestinas en áreas rurales, hasta su resguardo y transporte a Brasil y otros destinos internacionales, como Europa.

Por narcotráfico, Alexandre Rodrigues Gomes es señalado como responsable del envío de 300 kilos de cocaína, con el logo de «HELLO KITTY», a Sao Paulo el 1 de febrero de 2020; y el tráfico de 2,780 kilos de drogas entre el 16 de febrero y el 18 de marzo de 2020.

También se le acusa del envío de 177 kilos de cocaína con el logo «HELLO KITTY» a Paranagua, Brasil, incautados el 31 de enero de 2020; y de enviar 360 kilos de cocaína en una avioneta bimotor, confiscada el 14 de noviembre de 2020, en Sao Paulo, Brasil.

Además, se le atribuye vinculación con la organización liderada por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, realizando transacciones de bienes inmuebles en Paraguay que formaban parte del patrimonio criminal.

Rodrigues Gomes operaba mediante casas de cambio para trasladar dinero ilícito, siendo parte de una red dedicada al lavado de activos y actividades ilegales, con conexiones en Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa.

El Ministerio Público menciona la adquisición irregular en 2020 de «Estancia Negla Poty» en Bella Vista Norte, por US$ 1,725,750.

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Se le acusa también de realizar operaciones financieras irregulares, tanto a título personal como a través de empresas vinculadas al narcotráfico, entre 2017 y 2021.

Oscar Daniel Cabreira Pinazo era quien realizaba las operaciones de lavado de dinero, siendo un colaborador clave en el movimiento y distribución de fondos ilícitos. Cabreira fue imputado el 19 de agosto de 2024, pero se quitó la vida el 7 de agosto recientes durante un operativo en su casa en Pedro Juan Caballero.

Utilizando la aplicación SKY ECC, el Ministerio Público descubrió que Cabreira usaba casas de cambio fuera del sistema bancario, como «Fénix Cambios», para manejar grandes sumas de dinero en beneficio de las operaciones de narcotráfico de Rodrigues Gomes.

Finalmente, respecto a Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona, ambos acusados de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el Ministerio Público ha solicitado su sobreseimiento definitivo debido a dudas sobre su participación en los hechos. La imputación se basó en un contrato privado de compraventa de un inmueble con Alexandre Rodrigues, aunque la entidad no era propietaria del bien en el momento de la operación y el origen ilícito del inmueble se conoció después.

El Ministerio Público concluye que no hay pruebas suficientes para demostrar que los representantes del banco sabían que integraban un bien ilícito en el sistema financiero, ya que las operaciones eran comunes en el tráfico bancario y el inmueble no tenía medidas cautelares que indicaran un origen ilegal. También destaca que el análisis fue hecho con datos que sólo llegaban hasta 2019, basándose en documentación y referencias financieras de pago.