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Las federaciones de transporte llevaron a cabo un congreso unitario y reafirmaron su decisión de mantenerse en estado de asamblea permanente. Advirtieron que podrían iniciar una huelga general si sus demandas no se consideran en la reforma del transporte.

Aunque la Cámara de Senadores aplazó el debate sobre el proyecto de reforma, la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) y la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) decidieron permanecer en asamblea permanente tras su congreso en la sede de la Central Nacional de Trabajadores. Durante la asamblea, los transportistas señalaron que vigilarán el tratamiento del plan en el Congreso, previsto para el 9 de septiembre, y retomarán la huelga general si sus exigencias no son atendidas.

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Acusaron al gobierno de Santiago Peña de violar derechos laborales y cuestionaron la disponibilidad de los 1.000 choferes necesarios con la reforma. Juan Godoy de la FUTT afirmó que no permanecerán en silencio y que podrán convocar un congreso si es necesario. Los gremios asistirán al Congreso para asegurar el cumplimiento de acuerdos.

Gerardo Giménez, presidente de la Fetrat, recordó que la huelga fue pospuesta esperando que el gobierno cumpla sus compromisos. Si notan incumplimientos, retomarán la medida de fuerza.

En una reunión reciente con el Ministerio de Trabajo, se firmó un acuerdo donde se incluyeron tres exigencias: garantizar estabilidad laboral, determinar responsable de obligaciones laborales, y reconocer el derecho a huelga.

Los líderes aclararon que si retoman la huelga, será una continuación de la medida ya anunciada, sin necesidad de repetir procesos administrativos. Con el sector en asamblea permanente, el enfoque está ahora en el Congreso, donde los gremios esperan participar en una mesa de trabajo para establecer las bases de la reforma, mientras la amenaza de huelga sigue presente.

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El tratamiento del controvertido proyecto de ley para expandir las funciones del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) fue pospuesto por dos semanas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sindicatos de la ANDE ya están preparando su resistencia.

Adolfo Villalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), comentó que intensificarán conversaciones con organizaciones campesinas y sociales en los próximos 15 días con el objetivo de sacar a la ANDE de la esfera del MIC y ajustar el proyecto para proteger a la ANDE.

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Villalba criticó al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, acusándolo de intentar controlar la empresa estatal. Según él, empresarios enviados por el ministro solicitan trato especial para proyectos como criptominería e industrias.

Aníbal Sánchez, presidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), mencionó que los sindicatos han creado una mesa de trabajo para examinar el proyecto en detalle. Aún no se ha establecido un diálogo con el Poder Ejecutivo o con los autores del proyecto, pero trabajan en conjunto con otros gremios para analizar cada punto del proyecto y emitir su opinión.

La mesa está formada por la UIA, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), el Sindicato de Profesionales de la ANDE (Sipra) y la Asociación de Profesionales Graduados Universitarios de la ANDE (Aproande).

Los gremios advierten que el traspaso del Viceministerio de Minas y Energías al MIC podría ser un paso hacia la privatización y un incremento en las tarifas eléctricas. Villalba alertó sobre un posible aumento de las facturas de electricidad en el corto plazo. Las movilizaciones del sector, que comenzaron este miércoles y llegaron al Congreso Nacional, continuarán junto a las discusiones parlamentarias.

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