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Mesa para la Seguridad de Periodistas recoge 33 casos de violencia en este 2024

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Mesa para la Seguridad de Periodistas recoge 33 casos de violencia en este 2024
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El informe anual de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay informó que este 2024 se registraron un total de 33 casos de violencia contra periodistas y trabajadores de prensa.

El informe anual de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay del año 2024 recoge un total de 33 casos de violencia contra periodistas y trabajadores de prensa, de los cuales se desprenden casos de amenazas y coacciones contra la actividad periodística, además de censura, y agresiones, entre otros hechos.

En el año 2024, el Observatorio sobre Violencia contra Periodistas en Paraguay registró un total de 33 casos de violencia contra periodistas y trabajadores de prensa, de los cuales 10 fueron amenazas y coacciones contra la actividad periodística, mientras que ocho fueron casos de censura y siete casos de agresiones y/o ataques a periodistas o trabajadores de prensa.

Asimismo, dos casos fueron procesos judiciales que afectan al periodismo; tres casos de discursos estigmatizantes emitidos por autoridades y/o políticos con poder y se tuvo un caso de detención arbitraria que afectó a un trabajador de prensa.

En el informe, la organización resaltó que Paraguay sigue teniendo una cifra relevante en materia de asesinatos de periodistas (21, desde el año 1991), aunque el 2024 fue el primero en varios años en el que, afortunadamente, no se ha tenido un crimen mortal contra trabajadores de prensa.

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No obstante, las cifras de impunidad en materia de casos de crímenes contra periodistas siguen rondando el 90%, porcentaje similar a lo reportado a nivel mundial.

“Los tres últimos asesinatos de periodistas en Paraguay –Leo Veras (2020), Humberto Coronel (2022) y Alexander Alvarez (2023)- siguen engrosando esa lista de impunidad”, remarca.

Entre tanto, recuerda que el primer asesinato de un periodista en la era democrática – Santiago Leguizamón, 1991- incluso ha provocado que el Estado paraguayo fuera condenado a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por razón de esa falta de justicia.

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“Las medidas medidas de reparación y no repetición dictadas por la Corte IDH están actualmente bajo supervisión de la misma para su cumplimiento por parte del Estado”, remarcaron.

Diferentes casos

Entre los casos de censura se encuentra el caso de la senadora Norma Aquino, más conocida como Yami Nal, quien denunció en febrero de 2024 por violencia contra la mujer a una periodista, tras un video satírico.

Durante la Convención Colorada, la periodista Miriam Soilán intentó entrevistar a la misma legisladora y recibió un golpe en las costillas por parte de un funcionario del Senado, José Chilavert Silvera.

El periodista Arnaldo Cabral también denunció al mismo funcionario de haberle derramado agua cuando estaba intentando realizar su trabajo.

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El abogado Pedro Ovelar, representante del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, había amenazado con que los medios y periodistas deberían rendir cuentas a la Justicia por haber publicado informaciones relacionadas a su cliente, en el marco de una causa penal que investiga una supuesta persecución contra Horacio Cartes.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó la existencia de una lista de nombres de personas supuestamente marcadas para ser asesinadas en el Departamento de Canindeyú, entre las que resalta el nombre de periodistas de la zona, como Julio Colmán, periodista y político local.

Un agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) amenazó con arma de fuego a periodistas que realizaban cobertura durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero.

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El periodista Elias Cabral recibió amenazas telefónicas de muerte, aparentemente por parte de miembros del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), entre otros varios casos.

La Mesa para la Seguridad de Periodistas está constituida por instituciones del Estado paraguayo y gremios de periodistas.

Fuente: Última Hora

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La Generación Z de Paraguay se manifiesta hoy contra la corrupción

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La Generación Z de Paraguay se manifiesta hoy contra la corrupción
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El grupo de jóvenes conocidos como “Gen Z Paraguay” ha organizado una marcha pacífica frente al Congreso hoy a las 16:00. A pesar de la presión policial y la campaña de desinformación del cartismo, protestan contra el escándalo de las coimas en Mburuvicha Roga, conocido como “Sobres del Poder”, exigiendo transparencia y juicios políticos si queda impune. También se oponen a la corrupción, el abuso de poder y el abandono institucional, mientras abogan por mejorar la educación, la salud y una distribución más justa del crecimiento económico. Los organizadores enfatizan su independencia de partidos y ONGs, asegurando que no caerán en actos violentos y contarán con apoyo de grupos como la Asociación de Scouts del Paraguay y defensores de Derechos Humanos. Se busca una institución anticorrupción independiente y una reforma constitucional. Alexia Doldán, vocera del grupo, critica la desinformación por parte de figuras pro-gobierno. Por su lado, el senador cartista Natalicio Chase reconoce el derecho a protestar, advirtiendo sobre intereses políticos detrás de la marcha. La Policía asegura estar ahí para la seguridad, con más de 3.000 agentes movilizados.

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Petropar afirma «confidencialidad bancaria» para no revelar morosidad de operadores, algunos políticos

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Petropar afirma «confidencialidad bancaria» para no revelar morosidad de operadores, algunos políticos
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El jueves pasado, el presidente de Petropar, Eddie Jara, presentó su presupuesto 2026 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto del Congreso. En la reunión se plantearon críticas sobre la transparencia de la estatal, especialmente por la gran deuda de los operadores de estaciones de servicio, muchos de ellos con conexiones políticas.

Según el balance de la empresa, la deuda de los operadores asciende a 33 millones de dólares hasta diciembre de 2024. Sin embargo, cuando los legisladores pidieron un informe detallado de los deudores, Petropar solo proporcionó información general.

El diputado Raúl Ramírez criticó esta falta de claridad, preguntando quiénes son los deudores, si todavía están operando normalmente y recibiendo combustible.

Jara respondió invocando un supuesto “secreto bancario” en los contratos, mencionando que divulgar información podría llevar a demandas a menos que sea por requerimiento judicial.

Jara también afirmó que las deudas están respaldadas por garantías reales, como hipotecas y avales. En caso de morosidad permanente, se activan estas garantías o se transfiere la estación a otro operador. Dijo que el 90% de las líneas de crédito están cubiertas por estas garantías.

Mencionó también el caso de Fusión Pilar SA, ligada al vicepresidente Pedro Alliana, que tenía un crédito mensual con un simple pagaré como garantía. No se sabe si la estación de Alliana fue exigida como garantía.

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La diputada Rocío Vallejo criticó el modelo de negocio que permite a las estaciones financiarse con Petropar sin pagar puntualmente, además del fuerte gasto en publicidad de la empresa.

Jara afirmó que la morosidad es solo del 5% del total vendido y defendió la estrategia de marketing como necesaria para el posicionamiento de marca, comparándose con emblemas internacionales que invierten mucho más.

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Vallejo insistió en la falta de transparencia, argumentando que la estatal debería ser más estricta con los deudores al tratarse de recursos públicos.

Jara aclaró que no todas las ventas son al contado ya que la alta competencia obliga a vender a crédito, y defendió las políticas de precios de Petropar que han incrementado su participación en el mercado.

El debate dejó claro que Petropar utiliza cláusulas contractuales para no revelar la lista de morosos, muchos de los cuales son políticos, lo que sugiere una falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.

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Juez paraguayo asegura que la democracia depende de una prensa libre

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Juez paraguayo asegura que la democracia depende de una prensa libre
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Sure, here’s a rephrased version:


– ¿Qué opinas de las sesiones plenarias presenciales de la Corte Interamericana en Paraguay, siendo la tercera en dos décadas?

  • Gracias por la entrevista. La experiencia fue muy positiva. La sesión fue intensa y productiva, con una agenda cargada. Realizamos tres audiencias públicas y una privada, además de visitas protocolares con diversas autoridades. La Presidenta, doctora Nancy Hernández, firmó convenios de cooperación y visitó varias instituciones. Los jueces tuvieron diálogos con autoridades locales y se estableció un valioso espacio de diálogo con la sociedad civil. También organizamos un seminario académico en la Universidad Nacional de Asunción para divulgar el trabajo de la Corte IDH. Visitamos el Museo de la Memoria con el Dr. José Agustín Fernández y su equipo, lo que fue significativo. Aunque no participé, se realizaron audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias contra el Estado paraguayo, fundamentales para medir los avances necesarios para el pleno cumplimiento de las sentencias. Agradezco a todos en este maravilloso país por hacer sentir bien a nuestros invitados internacionales.

– ¿Puede explicar por qué la Corte IDH no actúa como una cuarta instancia?

  • Claro, es una pregunta crucial. A menudo se malinterpreta el rol del sistema internacional de derechos humanos. La Corte Interamericana no es un tribunal de apelación para decisiones de tribunales nacionales. Su función es determinar si un Estado ha violado artículos de la Convención Americana u otros tratados del Sistema. Generalmente, las violaciones se relacionan con los artículos 8 y 25, sobre las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte IDH puede señalar si hubo fallos en respetar el debido proceso o el acceso a un recurso efectivo, pero el sistema es subsidiario, complementario y coadyuvante. Esto significa que se deben agotar primero las instancias internas. Si un caso pasa a la Corte IDH, evalúa la responsabilidad del Estado y puede ordenar reparaciones para las víctimas de violaciones. La Corte no se encarga de resolver desacuerdos sobre la valoración de prueba o aplicación del derecho interno, a menos que afecten obligaciones internacionales en derechos humanos.
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– ¿Cuándo se puede acudir a la Corte IDH?

  • Como mencioné, primero se deben agotar las instancias internas. Si estos mecanismos fallan, se puede recurrir a la Comisión Interamericana. Si no se encuentra solución allí, la Comisión puede remitir el caso a la Corte IDH. Es un proceso que lleva tiempo y ha recibido críticas. Debemos abordarlo colectivamente, involucrando órganos políticos de la OEA, y todas las partes interesadas como Estados, academia, sociedad civil, víctimas, etc. Lo ideal sería seguir mejorando el Sistema en lugar de solo criticarlo.

– ¿Qué piensa sobre la situación de la democracia en Latinoamérica?

  • Me preocupa el retroceso democrático global y regional. En varios países es evidente. Los índices internacionales muestran claramente esta tendencia. La democracia representativa tradicional está en crisis. Proyectos autoritarios intentan reemplazar este modelo, lo que es inaceptable para mí. Hay un paralelismo con la deslegitimación de democracias en Europa a principios del siglo XX. La lucha ocurre en la política y en el ámbito de las ideas, y podría llevar a una catástrofe como la pasada. La Corte IDH tiene un gran desafío, dependiendo de la cooperación de los Estados y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En contextos autoritarios, la Corte podría enfrentar tensiones con democracias y estados que desacaten sus decisiones. A pesar de esto, debe actuar como barrera para evitar retrocesos. Un tribunal internacional puede apoyar los valores de una democracia abierta y respetuosa de derechos, pero necesita el apoyo de una ciudadanía comprometida.
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– ¿Cómo ve la situación actual de los derechos humanos en la región?

  • El Sistema Interamericano siempre ha enfrentado problemas. Antes fueron las dictaduras militares; hoy es la violencia y discriminación contra mujeres y otros grupos, desigualdad social, pobreza, corrupción y su impacto en derechos. También enfrentamos desafíos como la emergencia climática, el auge del neotoditarianismo y cómo las nuevas tecnologías afectan los derechos. La Corte IDH debe proteger la dignidad humana frente a estos desafíos.

– ¿Cuál es el papel de la prensa en las sociedades latinoamericanas?

  • La prensa es fundamental en una democracia. La Corte IDH la llama "piedra angular" de una sociedad democrática. Sin prensa libre no hay democracia. La Corte defiende la libertad de expresión y prensa, contribuyendo al control y transparencia estatal, y permite una participación ciudadana más activa. La libertad de prensa se debe proteger porque es esencial para las libertades públicas. Modelos neoautoritarianos tienden a atacar la libertad de prensa y judicial, pilares de nuestras democracias.

– ¿Qué opina sobre las amenazas a periodistas?

  • Es preocupante y nos lo tomamos en serio en la Corte IDH. Hemos desarrollado jurisprudencia para proteger a los periodistas, vinculada a la libertad de expresión en el artículo 13 de la Convención. Intentamos garantizar seguridad para que desempeñen su rol informativo y proteger sus derechos de vida e integridad. Los Estados deben ofrecer especial protección a periodistas en riesgo. Las reglas del juego democrático implican que los políticos acepten el escrutinio público, indispensable para sociedades más justas que respeten la dignidad humana.
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Perfil del Dr. Diego Moreno

Diego Moreno Rodríguez Alcalá es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Master en Derecho por la Universidad Columbia de Nueva York. Es abogado, graduado con honores de la Universidad Católica de Asunción. Cuenta con más de 20 años de experiencia en academia, función pública internacional y práctica profesional.

Ha sido profesor en diversas universidades e institutos y ha publicado extensamente en materia de justicia constitucional y derechos humanos. Con experiencia en el Sistema Interamericano, trabajó más de seis años en el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Fue electo Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2024 para el período 2025-2030. También fue Oficial Jurídico en la OEA, asesorando en temas de derecho internacional y derechos humanos, participando en procesos de elaboración de convenciones contra el racismo y otras formas de discriminación e intolerancia.

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