En una reciente decisión judicial, el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Segundo Turno, Rodrigo Estigarribia, ha dictado medidas de vigilancia para Alcira Celeste Rodríguez Flores, exfuncionaria de la Dirección General de Registro Públicos (DGRP), actualmente parte del Registro Único Nacional (RUN). Esta resolución, correspondiente al Auto Interlocutorio N° 23, se produce en el contexto de una investigación por la irregularidad en las transferencias atribuida a Alexandre Rodrigues Gomes.
Las medidas impuestas incluyen la prohibición de salir del país sin autorización judicial y un estricto contacto con otros coimputados, de ninguna forma, ya sean llamadas, mensajes o redes sociales. Además, Rodríguez deberá residir en su domicilio en el barrio Hipódromo de Asunción y comparecer trimestralmente ante el juzgado para firmar un libro de registro.
En este marco, se ha ordenado un embargo preventivo sobre un inmueble localizado en Capiatá, a nombre de Nélida Guillermina Flores de Rodríguez, hasta cubrir un monto de G. 400.000.000. Este embargo se ejecutará en caso de que se registre una fuga de la imputada, tal como se ha establecido en la resolución judicial.
El Ministerio Público, al solicitar estas medidas, destacó la existencia de evidencia que vincula a Rodríguez Flores con el caso, aunque consideró que no era necesaria la aplicación de prisión preventiva en esta instancia.
Irregularidades en la DGRP revelan un patrón delictivo
La situación se enmarca en las investigaciones que emergieron tras la operación «Pavo Real Py II», realizada el 19 de agosto de 2024, la cual incluyó allanamientos en las propiedades de Eulalio Gomes Batista y su hijo, Alexandre Rodrigues. El operativo resultó en la muerte del legislador y la detención de Rodrigues, puesto bajo custodia. Este caso ha puesto de manifiesto serias irregularidades en el manejo de registros y transferencias en la DGRP.
El mismo día de la operación, el juez Osmar Legal decreto una inhibición general sobre los bienes de Rodrigues, lo que lo inhabilitaba para disponer de ellos. Sin embargo, se evidenció que pocos minutos después la funcionaria Alcira Rodríguez actualizó de manera irregular el nombre de Alexandre en el sistema, eliminando la medida cautelar.
Posteriormente, en septiembre, tanto Rodrigues como varias escribanas públicas fueron imputados. Alexandre enfrenta cargos relacionados al lavado de dinero, instigación y uso de documentos públicos falsos. Las escribanas, por su parte, han sido implicadas por su asociación en la creación y uso de estos documentos fraudulentos. En un contexto más amplio, la colaboración de Rodríguez Flores ha sido señalada como crucial en la alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos en relación con este caso.