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El informe del interventor Carlos Pereira sobre la gestión del exintendente cartista de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, revela que varias direcciones manejaron millones sin la supervisión de Contrataciones Públicas. Se encontraron indicios de posible sobrefacturación en pintura, con grandes compras de tóner y papel, además de pagos por fotocopias y la adquisición de casi 50 bolígrafos Parker y sus repuestos.

Este informe podría llevar a procesos penales contra Rodríguez, aunque tras su renuncia parece más cerca de ser exonerado que de enfrentar sanciones. Las direcciones utilizaron fondos de manera discrecional, violando los límites establecidos por el Decreto 3248/2025, superando el tope de ocho salarios mínimos para las «cajas chicas» y aumentando los montos asignados.

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Las compras incluían bienes inventariables, lo que sugiere un intento de eludir los procesos regulados por la Ley de Contrataciones Públicas. Las cajas chicas debían ser para «compras de urgencia», pero se usaban para evadir controles.

Entre las adquisiciones «urgentes» estaban 43 lujosas lapiceras Parker y 252 repuestos. Cada bolígrafo costó G. 165.000, y los repuestos fueron pagados a valores superiores. Estas compras se realizaron en solo cuatro meses, sumando G. 20.489.000, principalmente por la Dirección de Secretaría Privada.

Se observaron pagos significativos por pintura, como el «pintura impermeabilizante Canatech», a un precio muy por encima del mercado. También se detectaron pagos por encuadernación y fotocopias mientras se compraban grandes cantidades de tóner y papel.

Además, una verificación del equipo interventor encontró irregularidades en la documentación de la «Caja chica», como facturas de comercios inexistentes. Los pagos por «encuadernaciones» alcanzaron G. 51.820.000 sin detalles específicos, sugiriendo irregularidades adicionales.

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Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) destruyeron 10 hectáreas de plantaciones de marihuana en Canindeyú, eliminando unas 30 toneladas de la droga y desmantelando un campamento de narcotraficantes. Este operativo representa un golpe económico de más de 4,5 millones de dólares a las estructuras criminales.

El 31 de agosto de 2025, Senad informó sobre la operación en Yby Pyta, Canindeyú, donde se erradicaron cultivos ilícitos y se desarticuló el campamento narco. Se estima que la droga iba principalmente al mercado brasileño, y el impacto económico alcanzó los 4,5 millones de dólares.

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Además de combatir el narcotráfico, estas acciones ayudan a prevenir la deforestación, beneficiando la conservación del medio ambiente.

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Los familiares de Darío Jacquet, junto a su esposa e hijo de 2 años, quienes fallecieron en un accidente en la ruta Luque–San Bernardino, manifestaron su temor de que un informe psiquiátrico presentado por la defensa del acusado, Eugenio Sanabria Vierci, pueda beneficiarlo en el juicio.

Nancy Jacquet, hermana de Darío, expresó inquietud ante este informe que podría favorecer al imputado, acusado de homicidio culposo y exposición al peligro en tránsito terrestre. El accidente, que sucedió el 10 de noviembre del año pasado, resultó en la muerte de Darío, su esposa e hijo, quienes regresaban de pasar la tarde en un parque.

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Según el informe médico, Sanabria Vierci había estado bebiendo por 12 horas antes del incidente. Sin embargo, lo que preocupa a los familiares es la posibilidad de que el especialista indique que tuvo una «recaída» en su adicción al alcohol después de cuatro meses de abstinencia, lo que temen podría considerarse un atenuante.

Nancy Jacquet relató que Sanabria estaba ebrio al volante, provocando el accidente mortal. Criticó el documento por sugerir que su adicción y problemas mentales podrían justificar sus acciones, temiendo que esto lo exima de responsabilidad y lo lleve a la impunidad.

Los familiares insisten en su derecho a participar activamente en el proceso judicial y demandan justicia para evitar que el caso quede impune.

Sanabria Vierci enfrenta cargos de homicidio culposo y exposición al peligro en tránsito terrestre. La fiscal Zulma Carolina Benítez y el abogado Carlos Trapani solicitaron un juicio oral para el empresario, responsable del accidente en San Bernardino, que dejó cuatro víctimas mortales.

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