Nacionales
Más de 11.000 hechos punibles que afectan a niños en Paraguay se registran en lo que va del 2024
El Observatorio del Ministerio Público presentó datos alarmantes en cuanto a hechos punibles que afectan a los niños y adolescentes en Paraguay. De enero a junio de este año se registraron 11.018 hechos punibles, mientras que el 2023 cerró con un total de 15.379 casos.
Son cinco los hechos punibles que más afectan a los niños en nuestro país. En el 2024 se registraron más de 11.000 casos de maltrato infantil, contabilizando desde enero hasta julio, según datos del Ministerio Público.
Hechos punibles que más afectan a niños en Paraguay
- Maltrato a niños y adolescentes bajo tutela
- Abuso sexual en niños
- Pornografía relativa a niños y adolescentes
- Incumplimiento del deber legal alimentario
- Violación del deber del cuidado o educación
Las cifras de este 2024 son alarmantes. Se registraron 937 casos de maltrato a niños y adolescentes bajo tutela, 1.842 casos de abuso sexual en niños, 2.178 casos de pornografía relativa a niños y adolescentes, 4.805 casos de incumplimiento del deber legal alimentario y 1.256 casos de violación del deber del cuidado o educación.
Todo esto totaliza 11.018 hechos punibles contabilizados desde enero hasta julio de este año. El 2023 cerró con 15.379 casos.
El informe señala que la mayoría de las víctimas que sufren este tipo de violencia tienen entre 1 y 11 años.
Los menores de entre 12 y 17 años también son afectados por el maltrato de algún familiar cercano o responsable bajo cuyos cuidados se encuentran.
De acuerdo a los datos, al presentarse la denuncia, el 67 por ciento tiene una sola víctima, mientras que el 31 por ciento de las denuncias presentan más de un menor afectado.
Según el sexo de la víctima, un 53 por ciento son niñas y adolescentes y el 47 por ciento varones.
Respecto al parentesco de la víctima con su agresor, se encuentra la madre como la denunciada por maltrato, representando el 41 por ciento, el padre 24 por ciento, padrastro 11 por ciento, madre y padre 8 por ciento y el resto se divide entre hermanos, profesores, abuelos, guardador, tío y empleada doméstica. Las agresiones ocurren en un 89 por ciento en las viviendas.
Tipos de violencia
- Violencia física: 51%
- Violencia física y psicológica: 30%
- Violencia psicológica: 15%
- Violencia sexual: 4%
Los signos y síntomas del maltrato físico más visibles son las lesiones sin causas aparentes que podrían darse, como moretones, fracturas de huesos, quemaduras y lesiones que no condicen con las explicaciones que suelen dar o que no son propias de la edad.
Señales de alerta
- Cambios en la conducta
- Agresividad
- Depresión
- Ansiedad
- Ira
- Hostilidad
- Hiperactividad
- Pérdida repentina de la confianza en sí mismo
- Cambios en el desempeño escolar
- Problemas para conciliar el sueño
- Autolesiones
- Cutting (es una forma de autolesión que consiste en usar instrumentos filosos como alfileres, cuchillos o navajas)
- Intentos de suicidio
- Baja autoestima
Imagen ilustrativa de denuncias de abuso sexual infantil y maltrato de niños niñas y adolescentes.
Conductas del maltratador
- Poca o nula preocupación por el niño y/o adolescente
- Parece incapaz de reconocer el sufrimiento físico o psicológico
- Culpa al niño y/o adolescente de los problemas
- Menosprecia o reprende de manera permanente
- Se refiere de manera negativa usando calificativos como “inútil”, “estúpido”, “bobo”, entre otros
- Ejerce disciplina física dura
- Exige un nivel académico y físico alto y muchas veces trabajos domésticos
- No le permite el contacto con sus pares
- No suelen dar explicaciones de las lesiones físicas del niño y/o adolescente
Fuente: ABC Digital
Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.
Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.
Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.
El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.
El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.
Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.
Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.
Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.
Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.
Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.
Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.
Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.
Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.
Nacionales
Pablo Benegas solicita anular su condena a 12 años de prisión y celebrar un nuevo juicio
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00 am, el músico Pablo Benegas apeló su condena a 12 años de prisión por abuso sexual infantil y pornografía, solicitando un nuevo juicio con un tribunal diferente. Argumenta que el tribunal original interpretó incorrectamente las pruebas y no justificó adecuadamente el rechazo de los argumentos de la defensa.
La apelación, respaldada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, desafía la Sentencia Definitiva N° 536 del 17 de octubre de 2025, emitida por el tribunal encabezado por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Juan Ortiz, que condenó unánimemente a Benegas. La defensa sostiene que la acusación de la fiscala Claudia Aguilera no se sostenía, pues las evidencias digitales no respaldaban la condena.
La defensa también señala que un video clave para la condena tiene dos fuentes diferentes en la pericia: «fuente de WhatsApp» y «fuente galería», lo que sugiere manipulación de evidencia.
Benegas considera la pena «desproporcional» debido a su adicción a las drogas, argumentando que la condena no facilita su reintegración social. La defensa afirma que Benegas no divulgó lo sucedido ni tuvo relaciones con las menores, culpando a la fiscalía de un manejo erróneo del caso.
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