El 2 de noviembre de 2025 a las 19:14 se informó que la «Coordinadora de Víctimas de la Mafia de Pagarés» planea presentar mañana una solicitud de juicio político contra varios ministros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes acusan de ser cómplices de corrupción por acción u omisión. Aunque han estado cabildeando desde hace tiempo, es poco probable que obtengan el apoyo mayoritario del sector cartista.
Pedro Coronel, portavoz de la Coordinadora, confirmó que mañana a las 11:00 entregarán la solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados. No se ha revelado cuántos ni cuáles ministros serán incluidos en la petición, aunque se especula que serían entre dos y tres, posiblemente incluyendo al presidente de la Corte, César Diésel.
No se han adelantado los motivos específicos para el juicio, aunque el artículo 225 de la Constitución establece que solo pueden ser juzgados por mal desempeño, delitos en función pública o comunes.
Previo a la presentación, darán una conferencia de prensa a las 8:00, y a las 10:30 se reunirán con la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que tiene 23 miembros. Ya han realizado reuniones similares con otras bancadas minoritarias.
En cuanto al procedimiento, la decisión en la Cámara de Diputados y eventualmente en el Senado dependerá del sector cartista, que podría decidir archivar la solicitud. El artículo 225 señala que se requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para acusar y posteriormente juzgar a los ministros.
Para avanzar, necesitarán que algún legislador presente la solicitud y obtener el respaldo de dos tercios de los presentes para aprobarla. Si están los 80 diputados, se requieren 53 votos. En el Senado, se necesitan 30 votos para destituir a los ministros, independientemente del número de asistentes.
La «Mafia de los Pagarés» se refiere a una presunta organización criminal compuesta por empresas de cobro de deudas, abogados y funcionarios judiciales que realizaban descuentos masivos a víctimas mediante procesos judiciales. Afectó principalmente a funcionarios públicos, quienes veían descontados sus salarios por deudas ya canceladas varias veces. Esto se lograba ejecutando los mismos pagarés judicialmente, sin devolverlos pese a haber saldado las deudas.
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