El documento presentado por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero señala que se ha acusado y se ha pedido un juicio oral para dos jueces de Paz en funciones, dos ex magistrados, nueve actuarios judiciales, ocho ujieres, doce oficiales de justicia y 28 abogados. En total, 61 personas implicadas por distorsionar la justicia en el caso denominado «mafia de los pagarés».
Además, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo para un abogado y la suspensión condicional del proceso para cuatro operadores de justicia.
Se investigan cuatro juzgados de Paz, específicamente en «La Encarnación», «La Catedral», «La Recoleta» y «San Roque». Sobre los dos últimos, Belinda Bobadilla no firmó las acusaciones debido a ser recusada.
Según los documentos presentados a los juzgados penales especializados en delitos económicos, los representantes legales de firmas de cobranzas llevaron a cabo acciones judiciales que incluían producción de informes falsos para favorecer los juicios sin que los deudores pudieran defenderse, lo cual resultó en fallos judiciales ilegales para beneficiar a los actores.
Respecto al Juzgado de Paz de «La Encarnación», la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro, junto con varios actuarios judiciales y oficiales de justicia, enfrenta acusaciones por el uso de documentos falsos y prevaricato. Se mencionan los nombres de los abogados vinculados a empresas de cobranzas.
En «La Recoleta», el ex juez Víctor Nilo Rodríguez Acosta también fue acusado de los mismos delitos y renunció a su cargo. Otros abogados y ujieres implicados también enfrentan acusaciones.
Por el Juzgado de Paz de «La Catedral», la jueza Nathalia Guadalupe Garcete Aquino y otros funcionarios fueron acusados por falsificación de documentos y prevaricato.
En «San Roque», la jueza Liliana Gonzalez de Bristot y otros funcionarios judiciales y abogados fueron acusados de delitos similares.
Los fiscales pidieron soluciones procesales para cinco personas, incluyendo la suspensión condicional para ciertos ujieres y el sobreseimiento de un abogado que inicialmente había sido implicado.
El apoyo activo de algunos colaboradores ha sido fundamental para el avance de la investigación en este complejo caso de corrupción judicial.