Nacionales
Madre de niño fallecido en Brasil relata lo sucedido y la familia pide una autopsia en Paraguay
De acuerdo con los familiares del niño de un año y seis meses que murió en una guardería en Cascavel, Brasil, el cuerpo de la víctima llegó destrozado al país y nadie pidió autorización a la madre para una inspección. Pidieron otra autopsia en Paraguay.
La mamá habló sobre lo ocurrido con los medios durante el velorio del pequeño en la colonia Primavera, ex Sanguina Cué, del distrito de Lima, San Pedro, informó el corresponsal de Última Hora Carlos Aquino.
La mujer relató que luego de ser detenida y apartada de sus hijos, de 1 y 5 años, por las autoridades del vecino país, les instruyó a ellos la medicación de cada ocho horas a su hijo menor.
El niño tenía epilepsia y la madre aseguró que por ese motivo ella y su pareja decidieron llevar a sus hijos al vecino país, para darles una mejor calidad de vida.
“Nos subimos a un camión ajeno, que nos invitó para ir a buscar trabajo y salimos mal. Nos fuimos juntos para medicarle y salimos mal. No sabemos qué ocurrió”, alegó.
La mujer estuvo tres días en prisión, luego fue liberada y volvió al país, desde donde peleó para que le devuelvan sus hijos.
Sostuvo que la última videollamada que hizo a la casa hogar que acogió a sus hijos fue dos días antes del deceso de su hijo menor. Pidió justicia y saber qué le hicieron a su hijo.
La tía del niño, por su parte, habló también con la prensa en San Pedro. Más temprano, accedió a una entrevista con radio Monumental 1080 AM. Se le consultó en qué condiciones le habían entregado a su sobrino y detalló que lo habían enviado hasta la frontera en ambulancia, envuelto en una bolsa negra.
No descartó la extracción de los órganos para una inspección en Brasil. “Nos entregaron vacío, yo diría. Por eso pedimos para que se le hagan otra autopsia”, resaltó.
Responsabilizaron a la casa hogar de la muerte del niño de 1 año y seis meses, cuyo restos están siendo velados este martes en Lima, San Pedro.
El caso
Los padres del pequeño ahora fallecido fueron detenidos durante la madrugada del domingo 15 de setiembre. La pareja, más los dos niños de 1 y 5 años y un acompañante viajaban en un automóvil Jeep Renegade que fue interceptado tras una persecusión de la Policía Federal en Cascavel.
Al registrarse el rodado, las autoridades descubrieron un cargamento de 135,2 kilogramos de droga, cuyo tipo no fue especificado.
El mismo día de la detención, los niños habrían sido trasladados a un albergue, según un comunicado conjunto emitido por la Secretaría Municipal de Asistencia Social en conjunto con la Asociación Recanto da Criança, de la ciudad brasileña, donde lamentaron la muerte del pequeño y explicaron las circunstancias en las que ocurrió.
Un reporte del Puesto Policial Nº4 de la colonia Primavera, de San Pedro, señaló que el fallecimiento se produjo el día domingo 22 de setiembre pasado y que conforme al acta de defunción expedido por el hospital de la ciudad de Cascavel, la causa fue un edema cerebral-crisis convulsiva.
No obstante, el padre de los niños quedó detenido en el vecino país.
Fuente: Última Hora
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió el 7 de noviembre la resolución N° 1803, en la que extiende la resolución N° 29.664, del 5 de octubre de 2017, que prohíbe la difusión y uso de materiales impresos y digitales relacionados con la teoría o ideología de género en las instituciones educativas bajo su jurisdicción.
La resolución N° 29.664, emitida en octubre de 2017, fue promulgada por el ahora ministro del Interior, Enrique Riera, quien estaba al frente del MEC en ese momento. Fue en respuesta a la presión de grupos provida y profamilia, incluyendo aquellos liderados por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, representante de Capitol Ministries en Paraguay.
Durante esa época, el actual ministro de seguridad incluso ofreció quemar libros sobre “ideología de género” en una plaza pública para mostrar su postura.
Con la nueva resolución, firmada por el ministro de Educación, Luis Ramírez, y Gustavo Rodas, secretario general del MEC, no solo se prohíben libros sobre “ideología de género”, sino que también se elimina la palabra «género» de todos los materiales educativos, independientemente del formato.
La normativa aclara que se reemplazan términos como “igualdad, igualdad de género, equidad, enfoque de género y perspectiva de género”, por “igualdad entre hombres y mujeres”.
La terminología incluye también las palabras sexo e inclusión. En cuanto al término «sexo», se mantiene lo establecido en la Constitución Nacional, que reconoce la familia como el fundamento de la sociedad e incluye la unión estable entre un hombre y una mujer. El currículo del MEC respalda esto.
Sobre inclusión, el documento señala que se refiere a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se menciona el artículo 12 de la convención de Derechos Humanos, que defiende el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y moral acorde a sus convicciones. También cita otros artículos de la Constitución Nacional sobre el derecho a la educación.
Por último, se declara en desuso los materiales educativos anteriores a la resolución N° 29664, del 5 de octubre de 2017.
El 9 de noviembre de 2025, el abogado Silvio Delvalle solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revise urgentemente un recurso contra la decisión que anuló su matrícula profesional. Según Delvalle, la sanción fue arbitraria e injusta, ya que solamente denunció irregularidades de magistrados en Paraguarí, bajo la protección del entonces ministro Antonio Fretes.
El recurso que presenta Delvalle desafía la resolución N° 673 del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 12 de octubre de 2022, que anuló su matrícula. Argumenta que esta medida es injusta y arbitraria, y la semana pasada presentó un urgimiento debido a que lleva tres años sin poder ejercer.
El caso, relacionado con un permiso para viajar al extranjero en 2017 en Paraguarí, incluyó recusaciones y denuncias contra varios jueces. El juez instructor Rodolfo Heyn consideró que Delvalle actuó de forma irrespetuosa y dilatoria, recomendando la suspensión de su ejercicio profesional por un año.
Finalmente, el Consejo de Superintendencia, compuesto por Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, decidió la anulación de la matrícula de Delvalle.
En su defensa, Delvalle rememora persecuciones durante la dictadura stronista por defender la libertad. Alega que ahora enfrenta otra persecución por denunciar el actuar corrupto de magistrados, quienes protegen a criminales organizados. Según Delvalle, su accionar no amenaza al Estado, sino quienes son encubiertos por esta corporación judicial.
En Ciudad del Este, el 9 de noviembre de 2025 a las 09:56, el senador Javier Zacarías Irún (ANR–cartista) fue abucheado por un grupo de personas al llegar al Colegio Primer Intendente Municipal en el barrio Pablo Rojas para votar en las elecciones municipales. La llegada del legislador, una de las figuras más criticadas en la región, provocó una inmediata reacción de los presentes, quienes lo abuchearon y usaron expresiones como “fuera, corrupto” y “chupa medias de Cartes”.
Zacarías Irún fue acompañado por simpatizantes que impidieron que la situación se complicara más. El senador votó rápidamente y se retiró mientras los abucheos continuaban. Aldo Romero, quien afirmó ser uno de los organizadores del escrache, comentó que la reacción fue espontánea y que la mayoría en Ciudad del Este ya no lo apoya, considerándolo una persona no grata por los daños causados a la ciudad.
Romero añadió que el incidente fue el único altercado en el lugar electoral y que todo había estado tranquilo hasta su llegada. En un video se observa cómo seguidores lo aplauden a pesar de las tensiones. También se ve a una persona con chaleco del TSJE con la inscripción “Voto inclusivo” cuya identidad no fue revelada.
La figura de Javier Zacarías Irún y su familia sigue siendo altamente criticada en Alto Paraná. Conocido como el “Clan Zacarías”, administraron la ciudad por 17 años, primero con el senador como intendente y luego su esposa, Sandra McLeod, quien fue destituida en 2019 por corrupción e irregularidades. Su hermano, Justo Zacarías, fue gobernador del Alto Paraná y ahora es director paraguayo de Itaipú.
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