En octubre de 2022, el abogado Juan Agustín María Encina Pérez, asesor del Senado, detalló en su Declaración Jurada que tenía deudas por cobrar por G. 1.945 millones, de los cuales G. 1.499 millones eran de «Empo SA, Empo Ltda. y Asociados».
En marzo de 2023, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domingues de Queiroz, representantes de Empo, cedieron G. 16.870 millones que la Municipalidad de Asunción debía desde 2021 por un acuerdo extrajudicial tras rescindir un contrato. Los créditos fueron cedidos por Empo a Platina SA por G. 5.153 millones, a Universo Créditos y Consumo SA por G. 3.061 millones, y a Agustín Encina Pérez por G. 8.655 millones, por acuerdos extrajudiciales y honorarios.
En abril de 2023, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, autorizó el pago de los G. 16.870 millones a las empresas y a Encina. Estos pagos se hicieron entre el 17 y 18 de mayo de 2023, antes de las elecciones, usando bonos G8 emitidos en 2022 para obras.
En los comicios de abril de 2023, la esposa de “Nenecho”, Lizarella Valiente, fue electa senadora, y Santiago Peña asumió como presidente el 15 de agosto, nombrando a Encina en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Sin embargo, en su DD.JJ de septiembre, Encina no declaró los G. 8.655 millones recibidos. Sus activos ascendían a G. 2.044 millones, con G. 332 millones en cuentas por cobrar.
Entre sus adquisiciones en 2023 figura un inmueble en Cordillera por G. 300 millones, una camioneta valuada en la misma cantidad y certificados de ahorro y bonos por G. 1.300 millones, en condominio con familiares. En contraste, el valor de un inmueble en Mariano Roque Alonso pasó de G. 5.193 millones en 2022 a G. 12.690 millones en 2023.
Se intentó contactar con Encina para obtener su versión, pero no respondió. Un informe final sobre la gestión de Nenecho reveló que G. 512.000 millones destinados a obras se desviaron a gastos corrientes, además de otras prácticas cuestionables que están bajo investigación fiscal por posibles delitos como lesión de confianza y asociación criminal.
Los informes destacan el aumento de transferencias en épocas electorales, indicando un uso cuestionado de los fondos municipales. También se señala que facturas de empresas fantasma fueron utilizadas para justificar gastos, implicando a funcionarios y ligándolos a pagos de campaña electoral de la ANR.