Nacionales
Las supuestas irregularidades que llevaron a la destitución de Miguel Prieto
El informe final sobre la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este revela supuestas irregularidades en la gestión presupuestaria y administración de bienes, así como falta de transparencia en el manejo de recursos. Este informe fue la razón detrás de la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo). Consta de 210 páginas y un dictamen de 8 páginas, publicados por el Ministerio del Interior ayer.
La intervención, dirigida por el economista Ramón Ramírez Caballero y 14 personas más, auditó durante 50 días la gestión de Prieto, llevando a su destitución por la Cámara de Diputados el 19 de agosto, con 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausencias. Incidentes ocurrieron debido al descontento de sus seguidores.
El informe, entregado el 14 de agosto, supuestamente verificó todas las causas de intervención indicadas por la Contraloría General de la República, detectando inconsistencias en los estados financieros entre 2019 y 2022, que carecen de documentación, dificultando evaluar la situación patrimonial y financiera real de la Municipalidad. Se observó un supuesto uso indebido de más de G. 29 millones en recursos de capital para gastos corrientes.
Una irregularidad señalada fue la transferencia de fondos a entidades sin ánimo de lucro, como comisiones vecinales, sin cumplir requisitos documentales, lo que evidencia un manejo inadecuado de recursos públicos. Se menciona específicamente el proyecto Navidad Sustentable, que carece de documentación, y evitó procesos competitivos de contratación.
El informe también detalla la falta de pago al Servicio Nacional de Catastro, irregularidades en planificación, adjudicación, recepción de bienes, y pagos sin cumplir exigencias legales. Se halló un posible desvío de recaudaciones del impuesto inmobiliario, pues los comprobantes de ingresos no coincidían con depósitos en cuentas municipales.
Finalmente, se menciona la falta de respaldo en el uso de fondos transferidos al Consejo Local de Salud, destinados a inversión, mantenimiento y adquisición de insumos en el Hospital Regional, así como deficiencias en el control de combustible y uso inadecuado del “Fondo Fijo” para compras de alimentos.
En la entrada de Mbocayaty, en el departamento de Guairá, un transformador de la ANDE explotó, causando gran alarma y dejando a la zona sin electricidad. Afortunadamente, no hubo heridos.
El incidente ocurrió en uno de los tres transformadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) situados en ese lugar. Según los bomberos voluntarios, la explosión fue causada por una sobrecarga de tensión, lo que provocó humo y llamas visibles.
Esto asustó a los conductores que pasaban y a los residentes que quedaron sin electricidad. Los bomberos trabajaron durante una hora utilizando arena para apagar el fuego debido al aceite altamente inflamable. Personal de la ANDE también colaboró para controlar la situación.
Aunque no hubo heridos, varias zonas de Mbocayaty y Colonia Independencia quedaron sin electricidad. Sin embargo, la ANDE logró restablecer el servicio en unos 30 minutos.
Nacionales
Según Latorre, la acusación de sobres en Mburuvicha Róga proviene del «enojo» de una «empleada desleal»
El diputado Raúl Latorre, líder de la Cámara Baja del Congreso, restó importancia a la denuncia sobre sobres con miles de dólares en la residencia presidencial, hecha por una exempleada del presidente Santiago Peña. Latorre afirmó que se trata de una «expresión de enojo» y calificó a la denunciante como una «funcionaria desleal».
En declaraciones a los medios, el diputado Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado) minimizó la polémica generada por la denuncia de una extrabajadora de la residencia presidencial, quien aseguró haber sido despedida tras ser acusada sin pruebas sobre la desaparición de dinero y denunció la aparición de sobres con miles de dólares en la residencia.
Luz Maribel Candado, la extrabajadora, denunció que fue despedida injustamente tras ser acusada sin pruebas por la desaparición de dinero. Declaró que ella y otros familiares fueron sometidos a pruebas de polígrafo por personal militar, y que la desaparición no fue denunciada al Ministerio Público.
Candado relató que fue despedida después de entregar dos sobres con aproximadamente 100.000 dólares cada uno al presidente, hallados meses antes en un quincho de la residencia y no reclamados por nadie.
Al respecto, Latorre afirmó que no considera el asunto un escándalo y calificó la denuncia como una «manifestación de enojo» de una «funcionaria desleal». Esta postura es compartida por otros miembros del oficialismo, como el senador Basilio Núñez, que han criticado a la denunciante.
Además, Latorre comentó que el debate en la Cámara de Diputados fue interrumpido antes de que la oposición abordara el tema de los sobres en la residencia presidencial. El presidente de la Cámara Baja justificó su ausencia en ese momento y afirmó que busca un ambiente «plural y abierto al diálogo».
Nacionales
Decana de Politécnica afirma que grupos intentan «desestabilizar» su gestión al distorsionar informe de Contraloría
La decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FPUNA), Silvia Leiva, expresó en un comunicado que hay grupos intentando desestabilizar su gestión, distorsionando un informe de la Contraloría General de la República (CGR). Este informe reveló discrepancias en las compras realizadas con caja chica de la institución, en el contexto de las elecciones para representantes del Consejo Directivo.
La CGR llevó a cabo una auditoría financiera y administrativa de la FPUNA para el ejercicio fiscal 2024. Se detectaron deficiencias en el manejo de 30,525 millones de guaraníes (4.3 millones de dólares) durante la gestión de la decana Leiva. La facultad buscó justificar una diferencia de 90,170,408 guaraníes en el uso de caja chica, comparando el “Informe de adquisición de bienes y servicios” con el “Resumen de Movimiento de Bienes en Almacén”. Se argumentó que las compras eran urgentes y de consumo inmediato, por lo que no fueron inventariadas, pero la CGR señaló la falta de respaldo documental.
La decana afirmó que las informaciones son maliciosas y promovidas por grupos que quieren desestabilizar su gestión, enmarcando estas acusaciones en las elecciones próximas. Asimismo, señaló que la auditoría fue solicitada por ella en febrero de 2024 para promover la transparencia y que el informe no contiene hallazgos penales o faltas graves, siendo público y accesible. Las observaciones son administrativas y ya se está ejecutando un plan de mejora.
El informe de la CGR también mencionó que se anularon registros contables sin control interno y hubo manejo poco claro del dinero. La facultad respondió que las anulaciones fueron ajustes menores dentro del mismo período mensual, y no afectaron las cuentas al cierre del período.
Por otra parte, no lograron justificar las anulaciones de documentos contables, lo que lleva a la CGR a sugerir una investigación interna. Se observó también un manejo poco claro de ingresos derivados de convenios y la utilización indebida de bonificaciones por 60.7 millones de guaraníes para gestión administrativa.
La auditoría indicó que la facultad pagó salarios del 2024 mediante cheques, en lugar de transferencias electrónicas, sumando 10,484 millones de guaraníes, lo que podría afectar la confiabilidad de los egresos.
La decana insistió en que, en el marco electoral, los debates deben centrarse en aspectos técnicos, basados en documentos oficiales, y no en desinformaciones que dañen la institución. Repudió las acciones de quienes priorizan intereses personales sobre el prestigio de la facultad.
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