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Justicia de EEUU devuelve manuscrito del siglo XVI a Paraguay
Un manuscrito del siglo XVI que desapareció en una fecha indeterminada del Archivo Nacional de Paraguay ha sido devuelto a nuestro país, anunció este viernes la justicia neoyorquina.
Valorado en 20.000 dólares, el “Manuscrito Hernandarias”, por el apodo del gobernador colonial que lo escribió, Hernando Arias de Saavedra, consta de 13 páginas y formaba parte del acerbo del Archivo Nacional desde al menos 1870.
Resurgió en una subasta en 2013, en la que fue adquirido por un comerciante de libros raros de Nueva York.
Tras recibir un aviso en enero de 2025 de las autoridades consulares paraguayas en Nueva York, la Unidad de Tráfico de Antigüedades (UTA) del Tribunal Supremo de Manhattan recuperó el manuscrito a principios de abril.
“La devolución de este manuscrito histórico (…) simboliza nuestro compromiso común con la conservación del patrimonio cultural y la memoria histórica”, dijo la cónsul general de Paraguay en Nueva York, Fabiola Torres Figueredo, en un comunicado.
Justicia de EEUU devuelve manuscrito del siglo XVI a Paraguay.
El manuscrito, escrito, firmado y fechado en 1598 por Hernando Arias de Saavedra, el primer criollo que ocupó un puesto de gobernante en los virreinatos de América, detalla las leyes que regían la vida cotidiana de la población indígena de la colonia española.
Hernandarias fue un precursor de la abolición en 1603 del sistema de encomienda punitiva, una forma de esclavitud que permitía a los colonos españoles exigir tributos y trabajos forzados a los pueblos indígenas.
Se trata de la primera repatriación de un objeto robado que realiza dicha a unidad a Paraguay.
“Estoy encantado de que, por primera vez, hayamos podido devolver un objeto robado al pueblo de Paraguay”, declaró por su parte el fiscal Alvin Bragg.
Desde su creación, la UTA ha recuperado más de 6.000 antigüedades valoradas en más de 465 millones de dólares y ha devuelto hasta ahora casi 5.500 de ellas a 30 países.
Fuente: Diario Hoy
Se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica los artículos 41 y 42 de la Ley N° 5498/2015, la cual establece la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y su carta orgánica.
Este proyecto, impulsado por el diputado Germán Solinger (ANR-Itapúa), busca mejorar el sistema jubilatorio para los inspectores de la Patrulla Caminera. Su propósito es establecer condiciones más justas y sostenibles para estos funcionarios, que trabajan en condiciones exigentes y con riesgos constantes.
El Ministerio de Economía y Finanzas actualmente reconoce los derechos jubilatorios bajo la Ley N° 5498/2015, pero no considera los aportes realizados antes de la creación de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera. Esto afecta a los «inspectores nacionales». Sin una modificación adecuada, se necesitaría crear una nueva caja fiscal, invalidando los aportes previos de los funcionarios y poniendo en riesgo su derecho a una jubilación justa.
El proyecto resalta las condiciones excepcionales en las que trabajan estos inspectores, quienes soportan climas adversos, largas jornadas, y a menudo están lejos de sus hogares. El documento subraya la necesidad de que el Estado reconozca adecuadamente su labor.
Además, menciona que muchos inspectores han perdido la vida o han sufrido lesiones graves en accidentes viales. La propuesta incluye una pensión para los familiares de aquellos fallecidos en servicio, destacando el compromiso con su protección social.
El diputado Solinger enfatiza que el desgaste físico y mental de estos trabajadores no se refleja en el sistema jubilatorio actual. Plantea la necesidad de un marco legal que reconozca su esfuerzo y riesgos.
La Constitución Nacional permite al Congreso definir los regímenes jubilatorios, fortaleciendo la propuesta presentada. Esta fue enviada a varias comisiones para su análisis.
De aprobarse, la reforma significaría un avance hacia la justicia previsional para los funcionarios de la Patrulla Caminera, reconociendo su contribución a la seguridad vial y asegurando un retiro digno después de años de servicio.
El sábado por la tarde, el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal comunicó a sus afiliados y a la opinión pública sobre una revisión de sentencia.
Con respecto a la reciente decisión del Tribunal de Cuentas, en la cual ordena que el presidente y miembros del consejo devuelvan a la institución las bonificaciones recibidas en 2024, el Consejo emitió un comunicado para aclarar ciertos aspectos.
La Caja informó que la Resolución del Tribunal es «extra petita», abarcando temas no planteados en el proceso y fuera de los lineamientos jurídicos, según indican. Se observa una interpretación parcial de las leyes 122/93, 2102/03, la Ley de Presupuesto y su decreto reglamentario.
Los pagos en cuestión fueron incluidos en el anteproyecto presentado al Ministerio de Economía y Finanzas y aprobados en la ley de Presupuesto, aspecto no considerado por el Tribunal, detalla el comunicado.
El Dictamen N° 28/2024 y el informe SIME N° 832/2024 reconocen la legalidad de las diferencias salariales y bonificaciones pagadas por el Consejo.
La resolución anulada por el Tribunal de Cuentas corresponde a un acto administrativo regular y válido, no cuestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas, autoridad en materia presupuestaria. En el caso penal relacionado, existe un sobreseimiento provisional, y se demostrará que los pagos son regulares.
Por último, se menciona que los afectados por esta resolución presentarán los recursos administrativos necesarios para la revisión de la sentencia, que consideran arbitraria y motivada por factores extrajurídicos.
Un individuo con un historial delictivo fue objeto de un atentado por sicarios la noche del sábado en Pedro Juan Caballero. La víctima falleció de inmediato mientras los agresores escaparon del lugar.
El homicidio ocurrió poco después de las 19:00 en la calle Campeones del 65, cerca de la Ruta PY-05 casi Fernando de la Mora. La víctima, Reginaldo Núñez Blanco, conocido como «Rey» y de 38 años, tenía varios antecedentes penales. Testigos informaron a la Policía Nacional que los atacantes se movían en una camioneta.
Reginaldo Núñez Blanco, alias «Rey,» tenía antecedentes por posesión y tráfico de marihuana desde 2014, así como por violencia familiar, abigeato y asociación criminal. En 2024, fue arrestado durante una operación que desmanteló una banda de abigeos, pero luego fue liberado durante la investigación.
Los investigadores de la Policía en Amambay han comenzado acciones para esclarecer el crimen. Recibieron descripciones del vehículo usado por los atacantes y están revisando imágenes de cámaras en la zona, dada su alta concurrencia y tránsito.
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