La Justicia colombiana condenó a Margaret Chacón Zúñiga, que fue imputada por homicidio agravado y portación ilegal de armas, en el marco de la investigación por el crimen del fiscal Marcelo Pecci ocurrido en Isla Barú, Colombia. Fue señalada como una de las principales articuladoras del atentado.
En una audiencia realizada este lunes, Margareth Chacón Zúñiga fue condenada por la justicia colombiana, que la encontró culpable de los delitos de homicidio agravado y portación ilegal de armas, en el marco del crimen al fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en la isla Barú, Cartagena de Indias, Colombia.
La justicia colombiana determinó que la mujer tuvo un papel fundamental en el atentado y la considera uno de los cerebros del hecho que conmocionó al mundo.
Se comprobó que Chacón facilitó equipos para establecer comunicación, para transmitir sobre los avances del plan para matar al fiscal paraguayo.
Para ello, se comprobó que estuvo en contacto con su pareja Andrés Felipe Pérez Hoyos; el hermano de este, Ramón Emilio Pérez Hoyos, y Francisco Luis Correa Galeano, que ya están condenados como los organizadores del atentado.
Correa Galeano reconoció su participación que tuvo en el homicidio de Pecci, que vino ordenado desde el Paraguay y fue recomendado al señor Ramón Emilio, que se comunicó a Francisco Luis.
A partir de allí se inició un plan criminal, dividiéndose los roles, con el fin de ubicar y posteriormente asesinar a Marcelo Pecci. Cada uno de los integrantes tenían un rol. Margaret se encargó de la logística, según los investigadores.
En declaraciones al canal colombiano Caracol, la mujer había negado su participación en el atentado. Afirmó estar sorprendida por todo lo que le sucede y que fue arrastrada ahí por Andrés Felipe Pérez Hoyos condenado a más de 25 años de cárcel junto con su hermano Ramón Emilio por ser los organizadores del asesinato. “Ese no es el hombre que yo conocí”, expresó.
Fuente: Última Hora
Este mes, el Foro Cavialpa 2025 reunió en Asunción a líderes del sector público y privado para discutir los avances y desafíos en infraestructura. Uno de los temas fue el Corredor Vial Bioceánico, planeado como un eje crucial para el desarrollo del Cono Sur.
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, destacó que el Corredor Bioceánico es un ejemplo claro de planificación a largo plazo y un acuerdo nacional para construir obras estratégicas que trascienden gobiernos.
Recordó que el proyecto se inició hace veinte años y está avanzando en varias áreas: “Hemos completado el primer tramo de Carmelo Peralta a las colonias del Chaco central y estamos ejecutando el tercer tramo, de Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo, con un 20% de avance. También, el puente entre Murtinho y Carmelo Peralta está al 80%”.
En el encuentro se habló sobre la Ruta Bioceánica, una obra clave para el desarrollo.
Brasil y Argentina han asegurado financiamiento para las obras adicionales, y Centurión subrayó la importancia comercial del corredor: “Nos abre a los mercados asiáticos claves; Brasil comercia con esa región por 90 mil millones de dólares anuales, y gran parte de ese tránsito pasará por nuestro territorio”.
La ministra afirmó que ahora el desafío es “gestionar con reglas claras y una identidad unificada desde Brasil hasta el Pacífico” para que el corredor se convierta en un símbolo de integración regional.
Alonso Chaverri-Suárez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, señaló que la obra transformará una región históricamente marginada en un área conectada y competitiva. El BID financia el tramo dos, beneficiando a unas 28,700 personas, incluidas comunidades indígenas. “Se reducirá el tiempo de viaje hasta un 26% y los costos logísticos en un 6%, impactando directamente en la competitividad agropecuaria”, explicó.
Además, están introduciendo innovaciones ambientales y sociales como pasos de fauna, etnoingeniería, y señalización bilingüe. “Queremos que esta ruta sea un modelo de sostenibilidad e inclusión”, añadió.
El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, remarcó que la Bioceánica es “un ejemplo de política de Estado” y resaltó la necesidad de previsibilidad en los proyectos de infraestructura: “Este corredor no es solo una carretera, es una inversión estratégica que transformará el país”.
El empresario sugirió aprovechar el potencial logístico e industrial de la obra, empleando herramientas como concesiones o asociaciones público-privadas para futuros financiamientos.
En cuanto a la gestión de infraestructura, desde Uruguay, el exministro José Luis Falero compartió que aceleraron sus procesos con el modelo CREMAF, reduciendo tiempos y permitiendo inversiones significativas. Propuso considerar el cobro por uso mediante telepeaje como herramienta de financiamiento sin incrementar la deuda pública.
Finalmente, Pablo Muñoz, representante del Consejo de Políticas de Infraestructura de Chile, enfatizó la importancia de la eficiencia y digitalización. Propuso una ventanilla única digital y homologar procedimientos fronterizos para reducir hasta un 7% los costos logísticos.
El panel concluyó que la Ruta Bioceánica es una iniciativa regional crucial para la competitividad y la integración. Con más de US$ 1.000 millones ya invertidos, el desafío es mantener el ritmo y convertir el Chaco paraguayo en un nuevo polo logístico y productivo del Cono Sur.
En la última semana, diversos organismos tanto locales como internacionales han incrementado sus estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Destaca el ajuste del Banco Central del Paraguay (BCP), que elevó su previsión a 5,3% desde el 4,4% anterior de julio.
Sin embargo, la confianza del consumidor sigue baja, como lo refleja el Índice de Confianza del Consumidor, que cayó nuevamente hacia el pesimismo. El economista Manuel Ferreira aclaró que, aunque hay crecimiento económico en varios sectores, los ciudadanos perciben los efectos inflacionarios debido al aumento de precios de los bienes básicos.
Ferreira explicó que el poder adquisitivo ha disminuido de manera significativa, especialmente en los sectores con menores recursos, sin que haya un aumento en los ingresos. Los datos del BCP muestran que el índice real de salarios ha bajado en los últimos cinco años, y aunque ha habido repuntes, estos no han compensado el poder adquisitivo perdido.
En términos generales, sectores como la agricultura están mostrando buenos resultados, junto con la producción de etanol. Aunque la construcción presenta crecimiento, sigue rezagada. El comercio y servicios han visto incrementos debido a las medidas del presidente argentino Javier Milei, provocando que más paraguayos compren localmente y atraigan a compradores argentinos. Ferreira advirtió que este impulso en el consumo es temporal y debe ser monitoreado.
Un dato destacable es la previsión para la Formación Bruta de Capital, que pasó a un 16,8% de expansión desde el 8%. Ferreira expresó preocupación por la falta de inversión extranjera directa que sustente este movimiento, y alertó sobre un aumento en la cuenta de «errores y omisiones» en la balanza de pagos, lo que podría indicar actividades ilegales.
Carlos Carvallo, presidente del BCP, defendió las proyecciones del crecimiento de la economía a 5,3%, atribuyéndolas a varios factores como la agricultura y el incremento de inversiones. También mencionó que el índice de confianza del consumidor, a pesar de ser una herramienta útil para evaluar el estado económico, es sensible a cambios como el tipo de cambio o la inflación.
Carvallo subrayó que hay desafíos en la inflación, especialmente en sectores específicos como la carne, que ha contribuido con 1,6 puntos porcentuales al índice de inflación del 4,3% interanual.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sorprendió al publicar de manera apresurada el viernes un proceso de adjudicación por US$ 34 millones para el «arrendamiento de máquinas de votación electrónica y servicios relacionados» para las elecciones municipales de 2026.
Este concurso, anunciado en la noche del viernes a las 20:34 en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), establece el lunes 3 de noviembre a las 8:00 como fecha para abrir las ofertas en el TSJE, dejando poco más de dos semanas para prepararlas.
Anteriormente, en agosto, la Justicia Electoral había suspendido una licitación para comprar las máquinas de votación tras presiones del cartismo, optando sorprendentemente ahora por alquilarlas. En ese primer llamado hubo denuncias de intereses por parte de empresas cercanas al presidente Santiago Peña (ANR-HC), específicamente Comitia-MSA y Miru System.
Los opositores sugirieron que la decisión de alquilar en lugar de comprar busca evitar auditorías del código fuente, afectando la confianza. También se especulaba que el proceso anterior fue influenciado por Estados Unidos debido al uso de componentes chinos, considerados un riesgo de seguridad. En el nuevo pliego, se incluyó una cláusula que prohíbe componentes de países que no ofrecen trato recíproco a proveedores nacionales.
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