La Justicia colombiana condenó a Margaret Chacón Zúñiga, que fue imputada por homicidio agravado y portación ilegal de armas, en el marco de la investigación por el crimen del fiscal Marcelo Pecci ocurrido en Isla Barú, Colombia. Fue señalada como una de las principales articuladoras del atentado.
En una audiencia realizada este lunes, Margareth Chacón Zúñiga fue condenada por la justicia colombiana, que la encontró culpable de los delitos de homicidio agravado y portación ilegal de armas, en el marco del crimen al fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en la isla Barú, Cartagena de Indias, Colombia.
La justicia colombiana determinó que la mujer tuvo un papel fundamental en el atentado y la considera uno de los cerebros del hecho que conmocionó al mundo.
Se comprobó que Chacón facilitó equipos para establecer comunicación, para transmitir sobre los avances del plan para matar al fiscal paraguayo.
Para ello, se comprobó que estuvo en contacto con su pareja Andrés Felipe Pérez Hoyos; el hermano de este, Ramón Emilio Pérez Hoyos, y Francisco Luis Correa Galeano, que ya están condenados como los organizadores del atentado.
Correa Galeano reconoció su participación que tuvo en el homicidio de Pecci, que vino ordenado desde el Paraguay y fue recomendado al señor Ramón Emilio, que se comunicó a Francisco Luis.
A partir de allí se inició un plan criminal, dividiéndose los roles, con el fin de ubicar y posteriormente asesinar a Marcelo Pecci. Cada uno de los integrantes tenían un rol. Margaret se encargó de la logística, según los investigadores.
En declaraciones al canal colombiano Caracol, la mujer había negado su participación en el atentado. Afirmó estar sorprendida por todo lo que le sucede y que fue arrastrada ahí por Andrés Felipe Pérez Hoyos condenado a más de 25 años de cárcel junto con su hermano Ramón Emilio por ser los organizadores del asesinato. “Ese no es el hombre que yo conocí”, expresó.
Fuente: Última Hora
Aunque las exportaciones del sector cárnico y la apertura de nuevos mercados están en aumento, la disminución del hato ganadero preocupa a los productores. El gremio considera que la recuperación del ganado debe ser prioritaria antes de suspender la vacunación contra la Aftosa.
La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) subraya que es esencial hacer de la recuperación del hato bovino una prioridad nacional debido al crecimiento de las exportaciones. El presidente de la asociación, Ramiro Maluff, destacó que, pese a que las exportaciones de carne están incrementándose, la situación sigue siendo alarmante. Según él, la faena supera la producción, lo que implica la necesidad de actuar rápidamente para evitar una caída mayor en el stock ganadero.
Maluff enfatizó que toda la cadena cárnica necesita coordinarse y enviar señales claras que incentiven a los productores a volver a invertir en la cría de ganado. Es momento de actuar, indicó.
Desde marzo, Appec viene advirtiendo sobre la reducción del hato, lo que impactará en la campaña de vacunación de 2026. El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) ya confirmó este panorama. Maluff mencionó que si los precios se mantienen, la recuperación podría empezar en 2027.
En cuanto a la vacunación, Maluff defendió que no debería ser el foco del debate. El gremio planea presentar a Senacsa una propuesta que exprese la postura de los productores contra la suspensión de la inmunización.
Sobre los mercados actuales y futuros, aclaró que no se exige suspender la vacunación, al igual que en Argentina y Uruguay. En una reciente reunión con el director del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, se aseguró que no habrá restricciones a la importación de carne paraguaya si se mantiene la vacunación.
Habitantes de comunidades rurales en el distrito de Tacuaras han solicitado formalmente la intervención de la Fiscalía del Medio Ambiente. Denuncian que una empresa arrocera ha bloqueado el canal principal del arroyo Las Hermanas, causando inundaciones en diversas áreas. Esta solicitud cuenta con el respaldo del intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún (PLRA).
El 5 de septiembre de 2025, los residentes de Tacuaras y Laureles reportaron inundaciones. Según ellos, estas fueron provocadas por las obras de una empresa arrocera en Punta Diamante. Lorenzo Irún presentó una solicitud al fiscal del Medio Ambiente, Milciades Ramos, con el apoyo de las comunidades de Tacuara’í, San Jorge, Piretû Cué, Punta Diamante y Yaguarón.
Los habitantes acusaron a la empresa de obstruir los canales naturales del arroyo Las Hermanas para crear reservorios de agua y terraplenes para el cultivo de arroz. Esto habría afectado el ecosistema local y las fuentes de agua para consumo y producción.
Aunque no se mencionó oficialmente el nombre de la empresa en la solicitud, se supo que podría tratarse de AV Agroganadera S.R.L. Ademir Valkarenchi, su representante, afirmó estar dialogando con los vecinos para encontrar una solución conjunta.
Los pobladores esperan que la fiscalía actúe urgentemente para prevenir más inundaciones. En julio, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron una inspección en el área y encontraron varias irregularidades, según Rocío Mendoza, directora de Fiscalización Ambiental.
Mendoza informó que durante la inspección se detectaron obras hidráulicas de gran magnitud no incluidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por Mades, lo cual podría estar afectando los humedales y áreas circundantes. Sin embargo, las autoridades municipales todavía no han recibido un informe oficial o confirmación de posibles sanciones por parte del Mades.
En una operación conjunta, la policía de Tacuatí (San Pedro) y Horqueta (Concepción), junto con un equipo fiscal, realizaron un allanamiento para combatir el abigeato, arrestando a dos personas e incautando varias pruebas relacionadas con el delito.
La acción se desarrolló en la zona de Santa Librada, en un terreno comunal junto al río Ypané, frontera natural entre San Pedro y Concepción. Este lugar es frecuentemente usado por abigeos para faenar animales en un lado y venderlos en el otro, utilizando botes.
El operativo fue liderado por el fiscal José Alberto Godoy Blanco, especializado en casos de abigeato en Santa Rosa del Aguaray, como parte de una investigación por denuncias recientes en la Comisaría de Tacuatí.
Durante el allanamiento, se incautaron varias evidencias importantes: cuatro bolsas de carne bovina, dos motocicletas, un vehículo Volkswagen Gol blanco, dos botes de madera (uno con motor fuera de borda), y un rifle calibre 22.
Joel Godoy Brizuela (35) y Federico López (18), ambos del distrito de Horqueta, fueron capturados mientras estaban en uno de los botes. Por orden del fiscal Godoy, fueron trasladados a la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray, donde permanecen detenidos con libre comunicación. Todas las evidencias fueron enviadas al Ministerio Público para continuar con la investigación.
En la región del río Ypané, el abigeato es un problema constante. A pesar de los efectivos operativos policiales, este flagelo persiste debido al terreno difícil y el uso de rutas fluviales clandestinas por parte de los delincuentes.
La colaboración entre las fuerzas de seguridad de San Pedro y Concepción es un paso significativo en la lucha contra este grave problema que afecta al sector ganadero.
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